Compañeros y amigos muy apreciables y distinguidos de la generación 1965-1969 de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, me han reclamado con ahínco y firmeza el porqué no he aprovechado como debiera los trascendentes e ignominiosos aconteceres políticos y jurídicos, que están marcando por siempre la historia de nuestro México, dada las tantas acusaciones que en la actualidad se han fincado alrededor del fenómeno calificado como narco-política.
Aprovecho la oportunidad para manifestarles a mis hermanos de vida y de estudios, con respeto a todos ellos, que en relación a ese tópico no he querido analizar con profundidad, los decires vinculados con diversas autoridades, gobernadores, presidentes municipales, políticos, diputados, senadores y alcaldes de diversos partidos, actuares que de haberse cometido, no sólo los considero violadores de nuestro cada vez más lejano estado de derecho, sino, incluso, aberrantes, perversos y malditos.
Como abogado he elegido, por cuanto hace exclusivamente a esas acusaciones formuladas en contra de ellos y de las cuales carezco de pruebas, abstenerme de momento a escribir u opinar respecto al tema, no sólo para adquirir mejores y más maduras meditaciones sobre esos señalamientos, en los que tal parece que se sigue el ejemplo del más importante narco-político de la historia jurídica nacional, del cuál si tengo pruebas bastantes y suficientes para sostenerle en su cara de sinvergüenza las alianzas que creo con la delincuencia; con lo antepuesto pretendo dejar satisfechos a mis hermanos de estudios que también reprueban esa faceta de ciertos políticos y autoridades.
Mientras tanto –si ello no les desagrada– continuaré exponiendo –como lo había ofrecido a mis estimables hermanos de estudios– las acusaciones que sí me compete probar.
Así las cosas, reitero y sostengo el tema que jurídicamente si puedo demostrar con base a las pruebas existentes en contra de aquel bastardo del derecho que se atrevió a contradecir la letra de la ley creando ligas con el narcotráfico.
En un no muy lejano ayer, quien fuera Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León, se atrevió a expresar que: “El poder del narcotráfico se ha infiltrado en nuestras instituciones de procuración de justicia”.
Previo a ello la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, A.C., con las formalidades que exige la ley, había presentado ante la Procuraduría General de la Republica una formal denuncia penal en la que le imputaba, a un importante representante del neoliberalismo el haber creado pactos de protección y participación con el narcotráfico, para con ello desprestigiar a soldados de honor del Ejercito Mexicano.
Denuncia que jamás ha querido ser indagada escudando ese incorrecto actuar con el pretexto de ser una causa de seguridad nacional y por consecuencia lógica política ser un ‘’secreto de estado’’.
Es el deseo de quien esto escribe referir que aquellos procuradores generales de la república que durante la época del neoliberalismo conocieron de la misma, todos ellos se abstuvieron de indagarla, con el objetivo primordial de brindar impunidad al fenómeno de la narco-política, pensando erróneamente que con ello hacían así un servicio a México de gran trascendencia. Pero ahora se sabe, como se supo ayer, que sólo contribuyeron a estimular la prepotencia y la arrogancia de la narco-política, al grado tal que hoy se habla de que gobernadores, alcaldes, senadores y diputados se encuentran inmersos en ella. Esa convicción de aquellos ignorantes procuradores dieron génesis no solo a un mal ejemplo, sino al éxito que hasta la fecha ha alcanzado la impunidad dada aquellas acciones antijurídicas.
Decir que causas de seguridad nacional, razones y secretos de estado no afectaban al estado de derecho, cuando suponen su privación, fue negar lo evidente.
México ahora, en el momento crucial que atraviesa ha aprendido una lección esencial: el sentido del Derecho y de la Justicia se encuentra siempre muy por encima de cualquier sentido o razón de estado, por ello hay que indagar lo que lesiona la integridad de nuestra Patria.
Es cuanto.
Lic. Alberto Woolrich Ortíz.
Presidente de la Academia de Derecho
Penal del Colegio de abogados de México, A.C..
