CIUDAD DE MÉXICO.- La diputada Ana Karina Rojo Pimentel (PT), presidenta de la Comisión de Bienestar, destacó la relevancia de plasmar en la Constitución Política la inembargabilidad de los programas sociales como garantía de derechos de grupos vulnerables, con el fin de combatir la pobreza y la desigualdad social.
Al dar la bienvenida al primer conversatorio “La Protección de los Programas Sociales en América Latina”, la legisladora dijo que la banca ha hecho uso ilícito de estos programas sociales, que ahora son un derecho universal de rango constitucional desde 2020, para garantizar apoyos económicos a personas con discapacidad permanente, pensión no contributiva y becas para estudiantes de todos los niveles educativos.
“Es preocupante que este sector sea frecuentemente víctima de prácticas o cláusulas establecidas en los contratos que ofrecen las instituciones financieras por sus servicios, las cuales establecen descontar, retener o embargar recursos de sus clientes por algún adeudo, no importando el origen de los recursos de sus clientes”.
Por ello, dijo, han surgido esfuerzos legislativos para revertir estas prácticas, como la iniciativa para adicionar un último párrafo al Artículo 4° de la Constitución Política en materia de inembargabilidad de programas sociales y que actualmente está en proceso de dictamen en la Comisión de Puntos Constitucionales. Sostuvo que este término debe plasmarse en la Carta Magna para que cualquier otro gobierno que quiera intervenir esté atado de manos.
La diputada Aleida Alavez Ruiz (Morena), promotora de esta iniciativa, subrayó la relevancia de analizar la protección de los recursos de los programas sociales que el Estado transfiere a los sectores más vulnerables, para evitar que se usen para el cobro de cualquier tipo de deudas, sin el debido proceso legal previo, porque los colocaría en un estado adicional de precariedad, generando un daño económico que afecta su subsistencia y la de su familia.
La legisladora aclaró: “No se pretende evitar el cobro de deudas; lo que se busca es que las instituciones financieras no utilicen los fondos que, como sociedad, aportamos a las personas mayores y con discapacidad, estudiantes y otros, cuya finalidad es cubrir sus necesidades más apremiantes, para cobrar créditos sin el debido proceso legal, ésa es la propuesta de nuestra iniciativa constitucional”.
Añadió que deben generarse las condiciones necesarias para brindar la mayor protección a esos recursos “si es posible, incluso en la Constitución Política”.
El diputado de Morena, Pedro David Ortega Fonseca, subrayó que adicionar el artículo 4° constitucional para establecer que los apoyos y pensiones de Bienestar no serán susceptibles de retenciones y descuentos, es proteger los derechos sociales y la dignidad de las personas más vulnerables que reciben el recurso para satisfacer sus necesidades básicas.
Dijo que desde la Cámara de Diputados “trabajamos fuertemente para llevar a cabo esto y defenderemos la iniciativa para el beneficio de nuestros adultos mayores, personas con discapacidad y nuestros jóvenes”.
La diputada Amalia Dolores García Medina (MC) planteó realizar un taller para ahondar en los temas del conversatorio, como el modelo de política pública y del Estado de bienestar cuidador, conocer cuándo se liberó el tiempo de las mujeres en esas tareas y cómo se han incorporado a la actividad productiva.
Recordó que está pendiente la creación del Sistema Nacional de Cuidados y propuso avanzar en una ley general en la materia.
Agregó que además del debate sobre energía energética, está la discusión sobre el litio y el gas, y consideró necesario profundizar en estos temas, conocer qué argumentos hubo para determinar que deben tener rectoría del Estado y cómo sostener esta política social.
En su intervención Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar, afirmó que no deben legalizarse las deducciones que pongan en riesgo la capacidad del salario y el sostenimiento de las familias.
Se deben proteger los apoyos sociales, becas y pensiones de la política de bienestar que otorga el gobierno, que representan el poder adquisitivo de millones de personas para alcanzar el salario remunerador que prescribe la Constitución y la Ley Federal del Trabajo, subrayó.
Consideró indispensable el blindaje contra deducciones a los ingresos de trabajadores y familias; “estamos tranquilos de que en el Legislativo se vea bajo una óptica común, porque daría mayor coherencia al propósito de elevar significativamente la capacidad adquisitiva de familias”.
Resaltó la importancia de realizar la reforma constitucional que dé certeza a pensiones, apoyos y becas, y expresó que apoyará las iniciativas que protejan esos ingresos.
Edgar Salvador Caballero González, profesor Investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, indicó que a través de las pensiones no contributivas se garantizan derechos como la salud, educación y vivienda. Su implementación corresponde al cumplimiento de una obligación constitucional y a lo dispuesto por tratados internacionales, por lo que afirmó que embargar una pensión no contributiva es restringir el ejercicio de un derecho.
Alfredo Octavio Rada Vélez, ex ministro del gobierno de Bolivia, compartió la experiencia de su país en materia de política social y dijo que se debe determinar el financiamiento de los programas sociales, si será con endeudamiento, con nacionalización de empresas o regalías de exportación, e incorporar en la legislación la protección de programas sociales y su inembargabilidad, “porque el sistema financiero tiene sus propias reglas, lógica de funcionamiento y pueden darse abusos”.
AM.MX/fm
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