Si en la denominada Cuarta Transformación de la Nación se perturban, trastocan y corrompen principios de derecho y/o garantías constitucionales en nombre de la eficacia y confianza en Alejandro Gertz Manero, nuestra justicia se convierte en un muladar.
El Fiscal General de la República —apoyado y envalentado por la confianza que en él ha depositado el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador—, con su incorrecto hacer nos ha dado a conocer un derecho extraordinario aplicable en contra de la justicia. Alejandro Gertz Manero —también con el sostén y aplauso de la Cámara de Senadores— tiene ante si la gigantesca empresa de destruir la credibilidad de la Cuarta Transformación de la República y, de paso, dar cabida de manera frontal a sus propias exigencias de demoler los principios de legalidad, de seguridad jurídica y de nuestro Estado de Derecho.
Así de sencillo.
Pocas veces han tenido en nuestro México tanta resonancia pública las inmundicias, arbitrariedades e ilegalidades de la injusticia. En pocas ocasiones se han suscitado debates públicos tan enconados ante lo que resulta un atentado contra el estado de derecho, ya tan acosado por el poder de la narco-política, por la inseguridad, por la corrupción de jueces, magistrados, fiscales y agentes del ministerio público y por la clara preferencia de la confianza a un forajido.
En pocas ocasiones nos fue dable presenciar un espectáculo de un funcionario público efectuando tantas atrocidades en contra de la justicia. Algunas coincidencias con el narco-político impune resultan ser muy perturbadoras.
El espectáculo de ver un Fiscal de la República –-corrupto— pisoteando los preceptos más hermosos de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no tiene nada de fascinante. Alejandro Gertz Manero encontró bien pronto una colaboración excelsa para su arbitrariedad; la de Ernestina Godoy. Llegaron entre ambos a formulas que, por su retorcimiento, impureza, deshonestidad e ilegalidad, envidiaría el mismísimo narco-político que protege.
Resulta deprimente que los fiscales de procuración de justicia en múltiples ocasiones se conviertan en los principales defensores de las injusticias, de las inmundicias, de la ignorancia en la aplicación de la ley, en la fabricación de pruebas para con ello tratar de condenar a los inocentes, todo ello es un episodio de oprobio para nuestro México. Para desgracia por supuesto, de nuestra seguridad como gobernados.
México no puede, no debe, no tiene que continuar así, lo que requiere de inmediato es que se apliquen todos aquellos principios morales, políticos y jurídicos que inclinan a la autoridad a obrar y juzgar respetando la verdad, dando a cada quien lo que conforme a estricto derecho le corresponde. Bien decía Don Luis Cabrera: “por encima de todo deben primar la justicia y la igualdad”.
Es cuanto
Lic. Alberto Woolrich Ortíz.
Presidente de la Academia de Derecho
Penal del Colegio de Abogados de México, A.C..
