Rúbrica
Por Aurelio Contreras Moreno
Pocas veces se había visto tal desfachatez y cinismo para abiertamente violar la ley desde el poder como durante el actual sexenio.
Es absoluto el desprecio que el régimen de la pretendida “cuarta transformación” tiene por la legalidad plasmada en normas jurídicas. Si le estorba, simplemente la ignora y la quebranta, cuando no puede cambiarla o desaparecerla. Y claro, lo hace así porque campea una impunidad verdaderamente asquerosa.
Y no es que en anteriores gobiernos fueran muy respetuosos de las normas. Al contrario, en buena medida eso provocó su caída y la ruptura del sistema. Empero, el régimen que encabeza Andrés Manuel López Obrador y todos a su alrededor han llevado a grados superlativos lo que podríamos definir como la “cultura de la ilegalidad”.
En repetidas ocasiones hemos atestiguado la manera como a lo largo del sexenio los gobernantes y políticos de la “4t” han pasado por encima de amparos, de candados legales, de acuerdos comerciales y de prohibiciones legales. Muchas incluso promovidas por ellos mismos cuando eran oposición, pero que ahora como gobierno les estorban, engolosinados como están con el poder.
Solo recordar la manera burda y pedestre como desde el régimen se dilapidaron miles de millones de pesos en consultas absurdas y que terminaron por ser completamente inútiles, pues a pesar del derroche, en ningún caso lograron que la población las validara con el porcentaje mínimo de votación requerido. Estos ejercicios fueron promovidos, abierta e ilegalmente, por autoridades de todos los órdenes de gobierno militantes, afines o sometidos a Morena, el nuevo partido oficial.
Ahora baste mirar el nuevo arrebato del gobierno de López Obrador al pasar por encima del amparo que suspendió las obras del Tren Maya en los tramos 5 y 6 por las afectaciones ambientales que conlleva, reanudando “a chaleco” los trabajos luego de decretar a la elefantiásica obra como de “seguridad nacional”, banalizando además los asuntos que realmente merecen ser considerados de esa manera.
Como ésos, abundan los actos ilegales del régimen, los abusos de poder que ni siquiera se intentan esconder porque se creen intocables. Tenemos a una Fiscalía General de la República siendo usada como instrumento de las venganzas personales y hasta familiares de su titular; es público el tráfico de influencias para manipular a un Poder Judicial cada vez más sumiso y servil con el Ejecutivo; se cuentan por cientos los contratos millonarios de obra pública por adjudicación directa a empresas “consentidas”; se difunde sin freno información privada de los supuestos “adversarios” del régimen para intimidarlos; sin vergüenza se celebran cínicos actos anticipados de campaña en los que incurren todos los aspirantes del morenato a ser candidatos; y por supuesto, asquea la “guerra de excremento” contra quienes representan un obstáculo para los objetivos de un gobierno autoritario que se acerca a pasos agigantados a equipararse con los peores del PRI, de donde provienen casi todos sus cuadros dirigentes.
Si a nivel federal la impunidad es atroz y total, pues en los estados se reproduce como la peste. Como en Veracruz, donde la Fiscalía inventa delitos para encarcelar adversarios políticos; o en Campeche, donde la gobernadora se pasa por “el arco del triunfo” un amparo, a sabiendas de que nadie va a proceder en su contra.
Esa manera autócrata de concebir el ejercicio del poder, que deja en total indefensión a los ciudadanos de a pie ante cualquier abuso de la autoridad, la sintetizó el propio presidente López Obrador con aquella frase que sirvió de mensaje para el Poder Judicial: “no me vengan con que la ley es la ley”.
En México, la “4t” convirtió la ley en papel higiénico.
Apestado
Por más circo que haga, por más que se aferre, Alejandro Moreno Cárdenas es totalmente insostenible como dirigente nacional del PRI y como su representante ante la coalición opositora, a la que está arrastrando en su estrepitosa caída al abismo.
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