La Sedena debe explicar venta de armas a criminales dado a conocer en filtraciones del grupo “Guacamaya”: Luis Mendoza

El diputado Luis Mendoza Acevedo (PAN), integrante de la Comisión de Defensa, pedirá un informe detallado a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sobre la presunta venta de armas a grupos criminarles desde el Campo Militar No. 1, según las filtraciones de llamado grupo “Guacamaya”, que hackeó los archivos de la dependencia.

“De acuerdo con los informes filtrados en el hackeo que realizó el grupo ‘Guacamaya’ a la Sedena, el personal militar sabe de estos hechos al menos desde 2019; en consecuencia, exigimos que se informe sobre el avance de las investigaciones, los sancionados y las medidas tomadas para evitar que esta práctica continúe”, sustuvo en un comunicado.

De acuerdo con lo documentado por diversos medios de comunicación, hay evidencia de que desde mayo de 2019 se sabe que un militar ofreció a operadores de un grupo delictivo 70 granadas de fragmentación a un costo de 26 mil pesos cada una. 

Así como de la petición de dos millares de municiones para fusil AK-47, cinco millares para R-15 y 50 cargadores de cada tipo de rifle, entre otros. 

En legislador afirmó que en la pasada reunión de la Comisión de Defensa Nacional en la Cámara de Diputados se propuso tener una reunión de trabajo con el General Secretario, por lo que se buscará que se dé a la brevedad posible ante estos casos de alta relevancia.

“Es muy importante conocer la versión del Ejército, porque tenemos que sumar esfuerzos y enfrentar juntos al crimen organizado. Es inaceptable que desde las instituciones se les faciliten las cosas y se les beneficie. Estamos frente a una nueva evidencia del fracaso en materia de seguridad de este gobierno”, agregó.

Mendoza Acevedo recordó que en septiembre pasado advirtió de la venta de equipo táctico al crimen organizado por el mismo personal militar, por lo que presentó una iniciativa para reformar los artículos 201, 241, 246 y 247 del Código de Justicia Militar que prevé actualizar las sanciones que irían de 1 a 10 años de prisión, multa económica y hasta inhabilitación en el cargo, para los miembros de las Fuerzas Armadas que hagan mal uso o enajenen, roben o destruyan equipo perteneciente al Ejército, incluyendo dinero, valores, materiales, uniformes, recursos o equipos pertenecientes a la institución. 

“Es grave saber que la información que maneja la Sedena es altamente vulnerable, pero alarma más que algunos de sus elementos estén poniendo en riesgo a esa institución y a todos los mexicanos, proporcionando al crimen equipo de alto poder y poniendo a su personal altamente capacitado a su servicio”, comentó.

Finalmente, el diputado urgió al Congreso a que se apruebe la iniciativa presentada y se fortalezca así a los integrantes de las Fuerzas Armadas.

jpob

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