Joel Hernández Santiago
Si, en efecto, parecen alarmantes las palabras de agravio que de un tiempo a esta parte surgen de Palacio Nacional en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, en particular, en contra de su presidenta, la ministra Norma Lucía Piña Hernández. Son palabras cargadas de enojo, de indignación y, también de impotencia porque las cosas son ahora distintas, no como antes.
Peo al final también son de alivio. Porque hoy, ya no es como antes, como hasta hace apenas unos días, cuando estos agravios no tenía razón durante la gestión como presidente de la SCJN del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Hoy uno supone que este órgano republicano asume su responsabilidad histórica con el país: su independencia.
Previo, Palacio Nacional tenía listo todo para que fuera presidenta de la Corte la ministra Yazmín Esquivel Mossa, una ministra que había demostrado en sus resoluciones que sería consecuente con las exigencias de la 4-T y del mismo Palacio. Ya todo estaba listo y las aguas parecían calma.
El 21 de diciembre, el investigador y escritor Guillermo Sheridan publicó un artículo en el que señalo el presunto plagio de la tesis de licenciatura de la ministra Esquivel en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y se armó el escándalo nacional. De pronto se configuró la posibilidad de que la ministra hubiera obtenido su titulación sin cumplir con los requisitos que la UNAM exige a sus alumnos para obtener el grado. Habría que investigarse si esto fue así, o no.
Pero mientras son peras o perones, el escándalo estaba ahí, a la vista, al portador. El presidente hizo la primera defensa de la ministra el 23 de diciembre al afirmar indignado, en su Mañanera:
“Considero que cualquier error, anomalía cometida por la ministra Yasmín (Esquivel) cuando fue estudiante, cuando presentó su tesis de licenciatura, fue infinitamente menor al daño que han ocasionado a México Krauze y el señor que hace la denuncia (Guillermo) Sheridan…” dijo el presidente ese día.
El 26 de diciembre reconoció los apoyos de la ministra Esquivel en la Corte a los planteamientos del Gobierno: “Cuando todos estaban en contra de la Ley Eléctrica, ella defendió nuestra postura y ha votado en contra de todo lo que quieren declarar como inconstitucional [la oposición política]… Esquivel ha sido consecuente, por eso los del conservadurismo tiene mucho miedo de que pueda ser presidenta, porque está de acuerdo con la transformación del país”.
En todo caso, en medio de este maremoto político y académico, al final de cuentas el 2 de enero de este año, por mayoría de votos, tomó posesión como presidenta de la SCJN la ministra Piña. Y en adelante ocurrieron los denuestos, las descalificaciones, las puestas en duda de su capacidad…
Pero las acusaciones, los señalamientos, esas descalificaciones al Poder Judicial en la persona de la ministra presidenta han ido a más cada día:
El 1 de marzo, el presidente acusó a la ministra de descuidar la “vigilancia” hacia los jueces: “Apenas llegó la nueva presidenta y se desata una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes.
“Antes cuando estaba Arturo Zaldívar –afirmó- había un poquito más de vigilancia sobre los jueces, se respetaba su autonomía, pero se vigilaban desde el Consejo de la Judicatura, que esa es su función, vigilar el recto proceder de jueces, de magistrados, de ministros”.
Aparte, no se olvida que en recientes ceremonias públicas se hizo a un lado al Poder Judicial (Norma Piña) y al poder Legislativo (Santiago Creel) en donde el poder Ejecutivo exige supremacía.
Es una vieja costumbre que se suponía que habría de desarraigarse a la promesa en diciembre de 2018 de que en adelante las cosas serían distintas; cambiarían los modos y las formas en la relación de los poderes de la República. Se dijo que se respetarían las distancias y la independencia de cada uno de los tres que conforman nuestro sistema político y de gobierno republicano: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Antes –y lo sabemos muchos- predominaba el poder Ejecutivo que sometía a los otros dos. Hoy es de otro modo lo mismo. Lo mismo que antes. El Ejecutivo que quiere, que exige, que impone su fuerza institucional, su fuerza del Estado para continuar con ese sometimiento.
En el caso del Legislativo lo ha conseguido a través de una mayoría morenista –y sus dos partidos rémora- que todo obedece, todo defiende, todo impone según las instrucciones de Palacio Nacional. A la voz de todos en contra de quien se oponga a las decisiones palaciegas descuidan las formas, olvidan la responsabilidad que tienen con sus representados y descalifican e imponen cuando su contabilidad legislativa se los permite.
Hoy parece distinto en la relación con el Poder Judicial. Este parece reconocer su autonomía. Reconoce que tiene una responsabilidad nacional con todo el país en lo que le corresponde de ley, de justicia, de equilibrio y de razón y verdad. Y por lo mismo se les acusa de dañinos y malvados, desde Palacio Nacional.
Resultado de ese discurso mordaz, extremo y cargado de enojo, se conoció un mensaje por twitter con una clara amenaza física en contra de la Ministra Piña. El presidente minimizó el tema y acusó que podrían ser “ellos mismos” –quienes defienden a la ministra–, los que pusieron eso ahí.
La República está en un momento crítico. La fuerza de cada uno de los poderes radica en su responsabilidad y en el cumplimiento de sus funciones con dignidad, respeto, objetividad y, sobre todo, para garantizar la preservación de la República y las libertades y derechos que les corresponden a los mexicanos.
No es así desde el Legislativo en su mayoría parlamentaria. Queda aún la SCJN como órgano que podría ser el factor de equilibrio ante los dos pesos mayores que representan al interés político y electoral, antes que al gran interés de la Nación, toda.
