Lilia Arellano
“La mediocridad es legitima hija de la corrupción”: Jorge González Moore
● Corrupción, pandemia del régimen.
● Exhiben negocios irregulares de los “cuates”
● Es correcto invalidar “Plan B” aseguran juristas
● Impunidad para: Sheinbaum, Ebrard y Garduño
Ciudad de México, 3 de mayo de 2023.- Dentro de un mar de corrupción e impunidad el gobierno federal busca salvarse del hundimiento. López Obrador hace todos los esfuerzos posibles por ocultar los fraudes y desfalcos al erario nacional por parte de familiares y funcionarios a los cuales mantiene en sus posiciones porque, se advierte públicamente, han apoyado “a la causa” con parte del dinero asignado para el cumplimiento de su responsabilidad. El último capítulo de estos escándalos se reveló en el programa de Latinus, de Carlos Loret de Mola, exhibiendo a los amigos de la familia López beneficiaros de contratos del proyecto denominado Parque Ecológico Lago de Texcoco, ubicado en el área en donde se planeó construir el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el famoso NAIM.
La opinión generalizada de los mexicanos, incluso de antiguos aliados de régimen actual gira en torno a la traición al proyecto y a las promesas de campaña de López Obrador , encabezando un gobierno contrario al no terminar con la corrupción y la impunidad.. Su palabra se ha desgastado ante irrefutables hechos los cuales son denunciados y, en el mejor de los casos, solamente se les consigna a una investigación de la cual no se tienen resultados con los cuales se castigue a quienes han abusado del poder y los recursos. Ejemplos sobran y de ellos sobresalen quienes “son los de antes” tan criticados por el tabasqueño. Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, al igual que Florencia Serranía, tienen responsabilidades claras sobre la tragedia de la L-12 del Metro y permanecen intocables.
A Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración se le sentó frente a un juez con consigna de mantenerlo en libertad. Solamente por el renglón alimentación, referido a la que debiera entregarse a los migrantes, están bailando mil millones de pesos. La empresa a la cual le adjudicaron el contrato es fantasma, su domicilio fiscal es una bodega en la Central de Abastos abandonada. Al tabasqueño le molesta le toquen el tema. El martes, desde el templete, marcó línea a los medios de comunicación al dar a conocer su opinión sobre la nota roja; el miércoles sacó el tema de los desaparecidos de Ayotzinapa porque cualquier renglón es bueno para la tendida del manto de impunidad.
Se unen al desquiciamiento político los números y, las cifras no mienten: sobre la Cuenta Pública 2019, correspondiente al primer año de gobierno de AMLO, se ha aclarado sólo 18.6% del total de irregularidades detectadas. Sigue en la impunidad el 81.5% del monto total, equivalente a 84,281 millones de pesos. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por 63 mil millones de pesos en la Cuenta Pública de 2020 en obras y programas claves del régimen. Hay anomalías por 10 mil millones de pesos en los proyectos insignia de la 4T: Base Militar Aérea de Santa Lucía, Refinería de Dos Bocas y Tren Maya. El daño al erario público asciende a 49 mil millones de pesos. El manejo criminal de la pandemia de Covid-19 reveló que más de 3,558 millones de pesos del presupuesto destinado a su control, fue derrochado y malgastado.
También, la ASF detectó irregularidades por más de 64,835 millones de pesos en el manejo de la Cuenta Pública 2021, de los cuales únicamente se han recuperado 2,994 millones de pesos, de acuerdo con la tercera y última entrega de los informes de resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021, a cargo de David Rogelio Colmenares Páramo. Esto es, faltan por aclarar el 95.3% de los recursos observados, es decir, 61, 840,334 millones de pesos.
En total, el gobierno, en sus tres primeros años de gestión, no ha aclarado más de 209,121 millones de pesos.
Los escándalos más mediáticos son también los más relevantes de la corrupción obradorista: el desfalco multimillonario en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) durante la gestión de, Ignacio Ovalle, no deja de crecer. En la tercera entrega de informes de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2021, la ASF encontró un probable daño a la Hacienda Pública por 2 mil 346 millones de pesos en Segalmex y su filial Diconsa. Esto se suma a los 12 mil 982 millones de pesos que la ASF ya había observado en las Cuentas Públicas 2019 y 2020 y que la dependencia sigue sin solventar a la fecha, por lo tanto el monto de los malos manejos en Segalmex y sus filiales, Diconsa y Liconsa, debidamente comprobado ya alcanza los 15 mil 308 millones de pesos. Habrá de subrayarse: Ovalle pertenece a los “de antes” a los señalados por la corrupción en Conasupo. Se han presentado 11 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) por las irregularidades encontradas en Segalmex y el primer empleados del macuspano sigue libre y gozando su fortuna.
Otro caso más: el Insabi. Durante tres años y cuatro meses, el gobierno invirtió más de 409 mil millones de pesos en el Instituto de Salud para el Bienestar, desaparecido en fecha reciente por el Congreso, cumpliendo las instrucciones giradas desde Palacio Nacional. Es claro no veremos hacer realidad la promesa de contar, de tener, un sistema de salud como el de Dinamarca. Aún no se presentan denuncias penales ante las irregularidades detectadas por la Auditoría, las cuales alcanzan en una primera revisión un monto mayor a los seis mil millones de pesos.
El último escándalo, de acuerdo con lo divulgado en el reportaje de Latinus gira en torno a la Conagua, desde donde se entregó en 2022 un contrato por 10 millones de pesos a la empresa Organismo Promotor Logístico, administrada por Carlos Buentello Carbonell y su apoderado es Eduardo Rafel Castro Ávila, medio hermano de Alejandro Casto Jiménez Labora, amigos de la familia López. El reportaje de Latinus también reveló que de la mano de Román Meyer, titular de Sedatu, los cercanos a la familia presidencial, participan en el nuevo Archivo General Agrario el cual se levanta en la avenida Juárez, en el Centro de la Ciudad de México. Para este proyecto en 2022, Organismo Promotor Logístico recibió un contrato por 56 mdp para encargarse del proyecto ejecutivo del Archivo Agrario, mientras que VEA Arquitectos ha participado en la cimentación del edificio. Asimismo, señala que Alejandro Castro Jiménez Labora y su primo, Santiago Jiménez Labora, hacen uso de otras empresas para colocar inmobiliario en los edificios de Sedatu. Se menciona al despacho NA Colectivo Sodio, del cual, se reveló, ha trabajado con proyectos para chocolates Rocío,
Este despacho (NA) presume en su página de internet los trabajos realizados para el nuevo malecón del Rio Grijalva en Villahermosa, donde Alejandro Castro Jiménez Labora, fue nombrado proyectista de la obra realizada por la Sedatu. Y en junio de 2021 acompañó al presidente en un recorrido por el Río Grijalva. Luego de esa visita, se le otorgó un contrato a la empresa AZ Gerencial de Proyectos, receptora en febrero de 2022 de otro contrato por 17.5 mdp para supervisar las obras de la etapa cuatro del malecón, sitio en donde ya se cuenta con mobiliario diseñado por Grava y Arena, otra de las empresas cercanas a la familia.
Para muchos es difícil creer no están enterado el presidente de estas asignaciones, sin embargo, vale la pena recordar son cientos los contrados por adjudicación directa los entregados y sobre estos temas y los de las compras, las interrogantes se multiplican y los hacen ver, no como los de antes, sino…
DE LOS PASILLOS
La protección a los responsables de tragedias como la de la Linea-12 del Metro y el incendio en la estación migratoria en Ciudad Juárez, es vista desde el templete mañanero. A las “corcholatas” Sheinbaum y Ebrard las han cubierto con una vergonzosa impunidad y a Francisco Garduño se le defiende públicamente e incluso se hace crítica de las publicaciones en las cuales se solicita su remoción. Otro de los protegidos por el régimen es el gobernador de Tamaulipas, Américo Villareal, pese a la situación de inseguridad que priva en esa entidad. Las redes sociales han revelado los enfrentamientos entre miembros de los ´carteles Del Golfo, Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, los cuales no han sido atacados por la Guardia Nacional o el Ejército. El martes, el primer mandatario aseguró no había enfrentamientos. El miércoles reculó: “no estor diciendo que no haya problemas de inseguridad” y en ambas fechas señaló la responsabilidad del exgobernador Cabeza de Vaca por la inseguridad reinante. Ante los ataques, el tamaulipeco respondió al tabasqueño haciendole recordar llevó al estado a encontrarse dentro de las diez entidades más seguras. Inclusive, las balaceras no se detienen pese a lo asegurado por el General secretario Luis Cresencio Sandoval: “no hay bloqueos ni agresiones en la entidad en donde se tiene montado un operativo de seguridad con 710 elementos del ejercito, así como de la GN y el apoyo de dos helicópteros artillados”… Lástima no le sirvan para nada a los tamaulipecos…
Ya se sabrá el tono usado en la entrevista entre López Obrador y Elizabeth Sherwood, enviada por Joe Baiden para tratar los temas, de migración, seguridad y tráfico de armas y drogas… Mientras tanto surgió de nuevo el reclamo por el supuesto apoyo económico brindado por EU a organizaciones en contra del régimen actual. “Vamos a hacer una protesta diplomática porque salió una información de que el gobierno de Estados Unidos le dará más dinero a estas organizaciones no gubernamentales, una que se llama México Evalua”…
El proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán proponiendo al Pleno de la SCJN anular la primera parte del “Plan B” de la reforma electoral “por un cúmulo de irregularidades y violaciones” a los reglamentos internos de ambas cámaras durante su aprobación, es correcto, consideraron senadores de oposición y juristas, quienes advirtieron: la veintena de reformas presidenciales aprobadas la madrugada del sábado correrá la misma suerte…
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