Estado de los ESTADOS
Lilia Arellano
“Si el hombre fracasa en conciliar la justicia y la libertad, fracasa en todo: Albert Camus
● Acumula el Ejecutivo reveses judiciales
● Carmona, Collado, Lozoya y la Gálvez
● Fracasan, con Cabeza de Vaca y Anaya
● “Atados” para actuar contra las mafias
Ciudad de México, 24 de septiembre de 2023.- Un total fracaso del presidente Andrés Manuel López Obrador es el continúo intento autoritario de someter al Poder Judicial, realizado prácticamente durante todo su sexenio, con especial énfasis desde que la ministra Norma Piña asumió la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El mandatario no sólo ha recibo reveses en reformas constitucionales y políticas clave de su anhelada Cuarta Transformación por parte de jueces y ministros, sino también en casos emblemáticos de la presunta lucha contra la corrupción e, incluso, de persecución política contra los calificados por él mismo como “enemigos”, debido básicamente a la impericia de los fiscales al no poder sustentar jurídicamente sus acusaciones, la mayoría de ellas más de carácter político-vengativo que legal y real, por lo cual son rechazadas fácilmente por los juzgadores.
Con la presidente Norma Piña al frente de la SCJN, el pleno de ministros del Poder Judicial asestó reveses trascendentales a acuerdos promulgados por el presidente López Obrador, bajo el argumento de la estricta aplicación de la Ley y la Constitución, área en donde el actual inquilino de Palacio Nacional no es experto, y además insiste en aplicar sus deseos sin importar violar la legislación en la materia, además de utilizar a la Fiscalía General de la República, y a los órganos de administración y procuración de justicia para alcanzar fines ajenos a la aplicación de ley y el respeto a nuestra Carta Magna, con el ferviente deseo de acumular más poder al otorgado constitucionalmente.
Entre los principales proyectos receptores del voto en contra de la mayoría de ministros del Supremo Tribunal del país, se encuentran: traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, la anulación del denominado “Plan B” electoral de AMLO, y la invalidación de su llamado “decretazo”, instruyendo a las dependencias de la administración federal considerar proyectos y obras del gobierno como de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional, para no cumplir con todos los requisitos para autorizar su construcción.
A lo anterior se suman ahora las resoluciones judiciales favorables al fiscal de Morelos, Uriel Carmona, y al abogado Juan Collado, así como el derrumbe del emblemático caso de Emilio Lozoya, con el cual se embarró a toda la administración de Enrique Peña Nieto, pero sólo en el discurso, en los hechos se mantiene el pacto de impunidad con el ex presidente priísta, a quien el tabasqueño elogia y califica de “demócrata”. A esa serie de fracasos judiciales también se puede sumar la larga persecución legislativa y judicial en contra del ex mandatario de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, del ex líder panista Ricardo Anaya, de ex gobernadores, alcaldes y legisladores del blanquiazul, y ahora la persecución inmisericorde, pero sin sustento jurídico, en contra de la aspirante presidencial de oposición Xóchitl Gálvez.
López Obrador no sabe perder, lo demostró a lo largo de su accidentada vida política, y ahora con un poder presidencial intentando no cuente con límites legales. Sin embargo, el Poder Judicial de la Federación se convirtió en defensor de la Constitución, de la división de poderes y de la estricta aplicación de los justicia, lo cual desquicia al macuspano, quien respondió insistiendo en una reforma constitucional al Poder Judicial, a fin limitar sus atribuciones y ponerlo al servicio del titular del Ejecutivo Federal. Acusa: “llegó la nueva ministra, declara en un formalismo extremo, como si fuesen omnímodos los jueces que son autónomos, que pueden hacer lo que quieran y apenas llegó la nueva presidenta y se desata una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes”, dijo en su conferencia de prensa mañanera.
UNO A UNO
En el caso de la abierta y descarada persecución política en contra del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, el mandatario exclamó: “¡Pero qué influencias! del procurador (fiscal), porque un juez y otro, y otro, y otro (han ordenado su libertad). Había consigna. Lamentable la actitud del Poder Judicial”. Existe, afirma, una “protección” al fiscal morelense por parte de todo el Poder Judicial, “porque no había encarte, aclarando de que ya no tenía fuero”. El jueves pasado por la mañana, el Fiscal de Morelos, Uriel Carmona, salió del Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano caminando por la puerta principal después de haber ordenado un Tribunal Colegiado ordenó enfrentará en libertad un cuarto proceso penal sumado en su contra. Uriel Carmona es otro perseguido político de la 4T por su continuo enfrentamiento con el gobernador Cuauhtémoc Blanco, a quien le investiga sus nexos criminales, pero es defendido por el régimen de López Obrador y su aparato de administración de justicia. El fiscal morelense suma cuatro procesos penales, tres de ellos por el caso de feminicio de Ariadna Fernanda y otro más por tortura apresunto delincuente.
La SCJN divulgó el miércoles pasado el engrose de la sentencia confirmando el fuero constitucional del fiscal morelense. Este pronunciamiento implica que para someter a Uriel Carmona Gándara a un proceso judicial, es necesaria una intervención de la Cámara de Diputados a través de un juicio de procedencia. El periódico oficial “Tierra y Libertad”, publicó una reforma aprobada por la Legislatura de Morelos, en donde se precisa el Fiscal de Morelos no podrá ser removido del cargo, hasta la existencia de una sentencia definitiva e inatacable en su contra, emitida por un órgano jurisdiccional o del Congreso de Morelos. Esta reforma entró en vigor el pasado miércoles, luego de haber sido vinculado por cuarta ocasión a un proceso penal. De acuerdo a este ajuste, el Fiscal podrá seguir, inclusive, en su cargo, pese a las cuatro acusaciones en su contra.
Respecto a la resolución de un juez federal que autorizó el viernes pasado que el abogado Juan Collado salga de prisión y enfrente sus causas penales en libertad vigilada, López Obrador planteó: “No conozco cuál fue el razonamiento para dejar en libertad al señor Collado. Posiblemente es lo mismo (que Carmona), es que el abogado Collado era muy influyente, era el abogado más cercano a Carlos Salinas de Gortari y a Diego Fernández de Cevallos (por razones de sobra conocidas no mencionó también fue coconductor legal de Peña Nieto). No estoy diciendo mentiras, me consta”. Frente a resoluciones como éstas, el mandatario llamó nuevamente a reformar al Poder Judicial para que sus miembros sean elegidos por voto popular e impartan justicia en beneficio del pueblo, pues, consideró, es un poder para una minoría rapaz, para unos cuantos. El juez de Control, Gustavo Aquiles Villaseñor, radicado en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, notificó a Collado la medida cautelar, debido a su estado de salud –fue intervenido en 2022 de una afección cardiaca y se mantiene en recuperación- por lo tanto no es conveniente mantenerlo en prisión. Además, Collado tiene a su favor la pérdida de la facultad del Estado mexicano para mantenerlo encarcelado bajo el esquema de prisión preventiva oficiosa.
En el caso de Emilio Lozoya, ex director de Pemex, el proceso seguido por los sobornos realizados por la empresa Odebrecht está en la cuerda floja, luego de la confirmación el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal confirmó de desechar las pruebas bancarias consideradas por la Fiscalía General de la República como claves para demostrar los presuntos sobornos de la constructora brasileña recibidos por el exfuncionario Esto representa el segundo revés judicial para la FGR, encabezada por Alejandro Gertz Manero, en el proceso que lleva contra Lozoya; el primero fue apenas el 31 de agosto cuando el ex director de Pemex libró la acusación y el pago de 3.4 millones de dólares de reparación del daño por el caso Agronitrogenados. La FGR buscaba presentar como pruebas comprobantes financieros de bancos suizos y de transferencia de recursos a empresas offshore, pero los magistrados del Tribunal Colegiado solo admitieron el medio de prueba relacionado con el procedimiento judicial iniciado en Nueva York contra Odebrecht, descartando las pruebas bancarias. La FGR, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Petróleos Mexicanos (Pemex) pueden impugnar la decisión del Primer Tribunal Colegiado de Apelación. La discusión entre autoridades y los abogados del Lozoya se ha extendido por meses.
Apenas el pasado 31 de agosto, Emilio Lozoya Austin libró la acusación y el pago de 3.4 millones de dólares de reparación del daño por el caso Agronitrogenados. El Juez de Control Gerardo Alarcón López decretó la suspensión del proceso penal y argumentó ya estaba en marcha una reparación del daño que está pagando el ex dueño de Altos Hornos de México, Alonso Ancira Elizondo, por 216 millones de dólares, bajo el criterio aislado de un Tribunal Colegiado que establece que la celebración de un acuerdo reparatorio por parte de un procesado beneficia al resto de los imputados que no lo acordaron. Así van y así terminarán.
DE LOS PASILLOS
Ante las presiones del entonces presidente Donald Trump, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador aceptó convertirse en retén para la migración centro y sudamericana hacia Estados Unidos, pero la estrategia de despliegue de más de 34 mil elementos militares en la frontera sur y norte, fracasó y fue desbordada. La violencia y la migración están desbocadas y los cárteles del narcotráfico imponen su ley ante un Estado fallido. La Marina también participa en puntos establecidos en carreteras, aduanas y garitas, y en unidades operativas en Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas y Oaxaca. La Guardia Nacional mantiene presencia operativa en las fronteras norte y sur, así como en aeropuertos y carreteras de jurisdicción federal. El Puente Internacional de Ciudad Juárez, Chihuahua, es uno de los más colapsados por esta crisis. De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración (INM) hay presión fuerte también en Piedras Negras, Coahuila; Tijuana, Baja California; y distintas fronteras de Tamaulipas.
En el sur del país, los puntos de mayor flujo migratorio son Tapachula y Tonalá, Chiapas; Salina Cruz, Oaxaca; Cárdenas, Tabasco; y Coatzacoalcos, Veracruz… En el sur del país, la Diócesis de San Cristóbal de las Casas llamó a los tres niveles de gobierno a detener la violencia criminal en Chiapas, al asegurar la están “desgarrando” entre el silencio y el Estado fallido propiciado por las autoridades, acusándolas, incluso, de complicidad. “Los grupos delincuenciales se han apoderado de nuestro territorio y nos encontramos en estado de sitio. Bajo psicosis social con narcobloqueos, que usan como barrera humana a la sociedad civil, obligándolos a estar y poner en riesgo su vida y la de su familia”, alertó la Iglesia católica. La disputa en la región entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación ya es a plena luz del día y tiene atemorizada a la población…
“México será más violento en los próximos años”, concluye la investigación de Rafael Prieto-Curiel, matemático mexicano que trabaja en Viena como académico, Gina María Campedelli, de la Universidad de Trento, y el desparecido Alejandro Hope, publicada en la revista científica más influyente del mundo, Science, en donde establecen emplea el narco mexicano entre 160 mil y 185 mil personas, y concluye: “las políticas de Calderón, Peña Nieto y López Obrador no funcionan y estamos casi al triple de homicidios que teníamos en 2012”. Para solucionar este crecimiento de las organizaciones criminales es vital reducir el reclutamiento de nuevos delincuentes a las células de los diversos cárteles, cancelar los pactos de impunidad con organizaciones criminales, aplicar la ley, someter a los capos y aplicarles la extradición y, en una palabra, cambiar totalmente el paradigma que prevalece en el régimen de la 4T. Así o más claro.
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