La masacre de Acteal, ocurrida hace más de un cuarto de siglo, el 22 de diciembre de 1997, en esta localidad del municipio de Chenalhó, en la región de Los Altos de Chiapas, no sólo permanece en la memoria de las familias de las 45 víctimas, sino que al paso del tiempo ha tenido una secuela de asesinatos realizados por grupos paramilitares, desplazados e irregularidades en los procesos judiciales, por lo que esta comunidad indígena considera que este crimen sigue impune.
Meses antes de que ocurriera la matanza, el entonces obispo de San Cristóbal, Samuel Ruiz (QEPD), advirtió que entre los pobladores del municipio de Chenalhó se daba una enconada lucha que ya había cobrado casi una veintena de muertos entre militantes del PRI, simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y gente de Las Abejas. La disputa por un banco (mina) de arena y el control político en la región eran las causas.
Hasta la fecha hay un conflicto entre los comuneros de San Pedro Chenalhó y Aldama que han disputado 60 hectáreas de terreno, en la que ambos bandos afirman ser legítimos dueños. El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, incluso viajó a Chiapas, el 29 de noviembre de 2020, para atestiguar la firma de un Convenio Definitivo que intentaba resolver el conflicto agrario, que ha dejado más de 20 muertos, heridos y centenares de familias desplazadas, sin que las autoridades hayan logrado pacificar esta región de los Altos de Chiapas.
El pasado martes 4 de octubre inició la audiencia de apelación para que el Poder Judicial del Estado de Chiapas revise la sentencia condenatoria emitida contra Hugo Rolando N, autor material del asesinato del defensor de derechos humanos, Simón Pedro Pérez López, integrante de la organización Las Abejas de Acteal, informó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), advirtiendo el riesgo de que se convierta en un nuevo caso de impunidad.
“Encontramos que en el proceso hay suficientes pruebas de responsabilidad pero estamos en un momento de riesgo, de reversión en la justicia, porque en ese pequeño avance hay una apelación”, explicó Mario Ortega, coordinador del área de Sistematización e Incidencia del Frayba, en una entrevista de Jeny Pascacio de Avispa Media, difundida en la Radio Zapatista.
La deliberación estaba citada para el lunes 9 de octubre y son tres los escenarios a los que podría enfrentarse la familia del defensor, dos de ellos pueden derivar en la liberación del detenido o la reposición del procedimiento. El tercero, sería la ratificación de la sentencia condenatoria.
En caso de la reposición del proceso tendrían que fechar, de nueva cuenta, todas las audiencias ya realizadas, lo que representaría más revictimización tanto para la familia como para la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, que durante dos años han enfrentado el desgaste económico y psicológico.
Simón Pedro fue un dedicado defensor de derechos humanos perteneciente a la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal que fue asesinado el 5 de julio de 2021. Antes de su asesinato denunció ante instancias estatales, la situación que se vivía en los Altos de Chiapas por el actuar de grupos armados vinculados a la delincuencia organizada que controlan la región, pero desafortunadamente las instancias de investigación no retomaron este antecedente como el probable móvil de los hechos.
Hasta ahora la sentencia de 25 años de cárcel para el autor material Hugo Rolando “N”, es considerada por los familiares de la víctima como justicia parcial, pues la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas se negó a aportar elementos de prueba para demostrar que el crimen tuvo un móvil por la labor de Simón Pedro en la defensa de los derechos humanos.
El Concejo de la organización Las Abejas se manifestó el pasado viernes, 29 de septiembre, frente al edificio del Poder Judicial de la Federación, en Tuxtla Gutiérrez, para demandar la reparación integral del daño por el desplazamiento forzado que padecieron más de 308 indígenas tzotziles en el contexto de la masacre de Acteal.
A casi 26 años de distancia, afirmaron: “aún existen desplazados de 12 comunidades, que no han retornado por no haber condiciones favorables, sumado a miles de personas más que se están moviendo por culpa de los grupos de la delincuencia organizada en el territorio de Chiapas”. RDM
