* Malversación, nepotismo, secuestro… entre otros delitos
Por Antonio Ortigoza Vázquez / @ortigoza2010
Especial Expediente Ultra
Un grupo de regidores de Tepeapulco, hartos ya de la cadena de abusos de la alcaldesa Marisol Ortega López, interpusieron denuncia formal ante la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo por una serie de irregularidades y delitos, que incluyen el virtual secuestro de regidores para forzar una votación ilegal en el Cabildo.
Los cargos señalados por los regidores quejosos van desde contratos sin licitación para un cuñado a incrementos salariales para favorecidos sin cumplir los trámites administrativos de rigor, además de malversación de fondos, compra de inmuebles a precios inflados, entre otros más.
La conducta escandalosa de la alcaldesa se asocia al hecho de que llegó al cargo por formar parte del grupo privilegiado de la UAEH, dentro del grupo de “La Sosa Nostra”, y por pertenecer al grupo privilegiado de muy cercanos al líder -hoy en prisión domiciliaria- Gerardo Sosa Castelán, quien está sometido a proceso, entre otros cargos, por lavado de dinero en bancos suizos por más de 50 millones de dólares.
En otras palabras, puede colegirse que la alcaldesa, pese a su juventud, “tuvo escuela” en eso de aprovechar el poder.
Los denunciantes señalaron que Marisol, como una forma de “ganarse la buena voluntad” de ciertos estratos de la burocracia municipal, ha decidido por sí misma, sin autorización del Cabildo y sin ajustarse a los preceptos presupuestales, incrementos salariales del todo injustificados.
Por otro lado, el abogado José Alberto Calderón, representante legal de ocho regidores, dijo que sus clientes, hace varios meses, fueron privados de su libertad por más de siete horas, como una forma de coacción para que firmasen de conformidad el incremento salarial para un grupo de empleados, aplicado meses atrás sin conocimiento del cuerpo edilicio.
Pero no para ahí el asunto: sucede que la alcaldesa autorizó por sí misma la compra de un inmueble a sobreprecio, y el beneficiario, por coincidencia, es un cuñado de Marisol.
Y se supo que la operación se realizó con el plan ranchero de “donarlo al Banco del Bienestar”, con lo que se configura un conflicto de interés.
El abogado Calderón informó además que hay siete carpetas en la PGJEH para la investigación de asuntos como uso indebido de atribuciones, negociaciones irregulares, ejercicio indebido del servicio público y privación ilegal de la libertad.
Por su parte, el regidor Oscar Pérez Espinoza consideró, no obstante las prioridades del municipio urgidas de atención, hace poco se hizo un gasto de casi cuatro millones de pesos por una feria, dejando sin atender la seguridad pública y los servicios básicos.
La regidora María Guadalupe Pallares denunció a su vez que le propusieron “una solución pacífica” al conflicto con la alcaldesa, pero dijo que “la investigación debe seguir su curso”, porque “el mayor número de contratos se han hecho por adjudicación directa y solo para sus amigos y conocidos”.
Todo parece indicar que Marisol no ha tomado en cuenta que su protector, Gerardo Sosa Castelán, poco podrá hacer por ella, toda vez que ya tiene su propia bronca, con la acusación de lavado de dinero y otros delitos graves más. Hoy, podría correr una suerte similar, como la que han vivido sus más cercanas amistades.
