Eduardo Ibarra Aguirre
A Juan Manuel Valero Gómez 20 años y muchas ediciones después.
En un país como México, en el que la dictadura mediática impone su voluntad a pesar de que solamente el 17% de las audiencias le creen a la televisión, 19% a la radio y 21% a los periódicos, pasó de noche el pertinente comunicado de las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz que en su parte medular aseguran que es “falso” que la resolución de la segunda sala sobre la inconstitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica del pasado 31 de enero impactó de manera decisiva en la controversia suscitada en el marco del Tratado Comercial de México, Estados Unidos y Canadá, también conocido como T-MEC.
Para mayor seña de la aseveración, exponen que durante el debate de esa fecha nunca se tocó el tema del tratado, por lo que “pretender ahora darle al fallo aprobado esa dimensión, no sólo es inexacto, sino que pervierte los alcances jurídicos de la decisión de la Corte, pues en ningún momento la resolución dejó sin materia las consultas”.
A mayor abundamiento, las tres magistradas indican que la titular de la Secretaría de Economía, Raquel Buenrostro, explicó en conferencia de prensa (27-II-24), que desde octubre de 2023 se acordó con el gobierno de Estados Unidos dar por terminadas las diferencias en materia energética y que sólo está pendiente la publicación del memorando de entendimiento para hacer oficial el retiro de la consulta promovida en el marco del T-MEC.
Resulta que Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte, a través de su oficina de Comunicación Social hizo circular un boletín que no consultó con sus camaradas de toga y de causa favorable siempre a los dueños de México, en la que jura que con la decisión tomada por la sala en enero, con el voto de calidad del ministro Alberto Pérez Dayán, “se evitó para México una condena económica de grandes dimensiones”. Falso de toda falsedad por lo expuesto por Batres, Esquivel y Ortiz.
Decisión que, además, suscitó muchas críticas y denuncias, encabezadas por el presidente Andrés Manuel, pero soslayadas por la dictadura mediática mexicana, entre otras cosas porque con el voto de dos ministros, que sólo ellos saben qué partido político y/o grupo oligárquico los apadrinaron, pero eso no obstó para que mandaran por el retrete de los intereses trasnacionales una reforma aprobada por las dos cámaras del Legislativo a propuesta del titular del Ejecutivo federal, electos por millones de ciudadanos, para imponer la voluntad autocrática de dos sujetos contrapuestos a los intereses nacionales.
El celebratorio y piñero –por mentiroso, denominación que se usó en los años 60-90 en el norte de México, en particular en Tamaulipas– boletín de prensa del comunicador de Norma Lucía Piña, como bien apuntan Esquivel Mossa, Batres Guadarrama y Ortiz Ahlf “la subordinación de la interpretación constitucional a los intereses extranjeros no debería ser motivo de celebración”. Salvo, por supuesto, que proteger hasta rendir culto a los intereses de las trasnacionales energéticas y los corporativos mexicanos, sea la función y razón de ser de la Suprema Corte.
Frente a las persistentes evidencias de que la SCJN actúa un día sí y otro también en contra de los intereses de México, no cabe la menor duda la actualidad del imperativo de sanear a este Poder de la Unión que se sobrepuso al Judicial y el Ejecutivo y está convertido en una grave amenaza para la democracia, la soberanía nacional y el bienestar del país.
Acuse de recibo
Norma Lucía Piña: “Se requiere dejar de lado la obstinación, el sectarismo y el protagonismo. Nuestro país requiere de diálogo, de inclusión, de participación activa y colaborativa. En suma: necesitamos sacar lo mejor de nosotros mismos; unir fuerzas, compartir conocimientos y experiencias, y unirnos en la búsqueda de soluciones conjuntas a los desafíos que enfrentamos”… ¿Podría la facciosa ministra presidenta de la Suprema corta dar el primer paso, poner el ejemplo?… Consigna La Jornada (1-III-24): “De nueva cuenta, al concluir la movilización, un grupo de jóvenes con el rostro cubierto hicieron destrozos en la dependencia (SRE), aunque esta vez con mayor intensidad. Lanzaron al menos 10 petardos a la entrada del edificio y el estacionamiento, sobre avenida Independencia, y arrojaron piedras contra las cámaras de seguridad, lo que dejó daños materiales, entre ellos ventanales, puertas de cristal y sillas rotas”… Qué buscan los presuntos grupos de choque del abogado Vidulfo Rosales y el Pro Juárez. Se presentan como “valientes defensores de los derechos humanos” pero agravian a terceros y al parecer les vale un comino… Carlos Castellanos, conductor de La Octava, 88.1 de FM, habla del “chiquero naranja” y así de todos los partidos. Por los visto no sabe que trabaja en otro, porque se construyó con la trata sexual y laboral, de acuerdo al testimonio oral de mi querido Fausto Fernández Ponte.
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