Por Mouris Salloum George
Las denuncias por violencia intrafamiliar han seguido una tendencia alcista imparable, que debiera ser alarmante. Hasta febrero del presente año los registros oficiales sumaron un millón 238 mil 702 casos (1,238,702), en cinco años de esta administración.
El año 2023 cerró con 284 mil 133 denuncias, de acuerdo con registros de la consultora TResearch International –con datos oficiales-; y el último año del sexenio previo (el 2018) concluyó con 180 mil 185 (cien mil casos más) en una trayectoria ascendente y preocupante, que no se corresponde con el crecimiento poblacional
Los datos son indicadores de un problema de mayor gravedad, considerando que son únicamente la punta del iceberg. Es sabido que solo una parte menor de las víctimas y sus familiares presentan denuncias. Estas son por lesiones o maltrato verbal. El resto cohabitan con las expresiones de violencia, a veces durante largo tiempo. Quienes ejercen la violencia –mayoritariamente hombres- frecuentemente lo hacen bajo el consumo de estupefacientes.
Las entidades federativas en las que más violencia familiar es ejercida, por millón de habitantes –esto es revelador- son en orden decreciente: Colima (27,750); Coahuila (18,049); CdMx (17,697); Nuevo León (16,961) y Chihuahua (16,812) -ver gráfico adjunto-.
Dejando a los especialistas las explicaciones más precisas del fenómeno, valga señalar la urgencia de que las más altas autoridades busquen la forma de poner un alto a esa ominosa estadística. La violencia familiar siempre habla de abusos de los mayores contra los menores o de los más fuertes contra los más vulnerables.
La violencia familiar es una de las manifestaciones antisociales más involucionadas, más retardatarias, más patológicas y más inaceptables. Hay que recordar que el hogar y la familia son el principio de toda organización comunitaria. Es donde se educa para la vida adulta y para vivir en sociedad; y esa educación siempre debe tener como nutriente principal la protección a los miembros.
Cuando la protección falta, el esquema completo se desmorona, el proyecto de familia se desbarata; se arruina el presente y se arriesga el futuro.
De acuerdo con las estadísticas, la violencia familiar se registra en todos los estratos sociales, aunque empeora en los más bajos. El hecho de que sea un problema tan viejo como la humanidad misma no debe ser justificación para normalizarlo.
No se requiere ser experto para señalar que las principales víctimas de la violencia familiar son los niños y niñas en su etapa de mayor indefensión; las mujeres de cualquier edad, y los adultos muy mayores.
Los especialistas saben prácticamente todo lo relativo a este triste e inaceptable fenómeno. Hay abundantes estudios al respecto. Hay leyes para evitarla o reducirla. Por cierto, México tiene muy buenas leyes, avanzadas, para la protección de la infancia y la adolescencia. Así mismo para la protección de las mujeres y los adultos mayores.
Entonces, ¿qué está pasando, que no se reduce la violencia familiar, sino que aumenta?
Son varios obstáculos, por citar algunos: un porcentaje de violencia está asociado a carencias económicas en el seno familiar; otro al desconocimiento de las leyes; la falta de programas educativos y de capacitación, escolares y extraescolares; también por la pérdida de valores. En todo esto tiene un papel determinante la ineficiencia burocrática de las autoridades responsables; esto incluye a los integrantes del sistema de justicia, ministerios públicos y jueces.
No sobra decir que los casos más graves de violencia intrafamiliar -que culminan con la muerte de las víctimas- siempre son el resultado de que las autoridades correspondientes no hicieron su trabajo.
Así pues, -no sobra remarcarlo- México registra muy altos niveles de violencia familiar evitable.
Sin embargo, la tendencia es reversible. Se requiere voluntad política y corresponsabilidad en todos los niveles y órdenes de autoridad. La violencia doméstica es evitable. La familia y el hogar en armonía son el mejor campo de cultivo para las demás aspiraciones sociales.
