Estado de los ESTADOS
Lilia Arellano
“Si el hombre fracasa en conciliar la justicia y la libertad, fracasa en todo”: Albert Camus
- Iniciativa de reforma judicial socava frenos y contrapesos
- Morena podría reforzar su control sobre el Congreso, advierten expertos
- AMLO y Batres cuestionan a Ceci Flores por “traficar con el dolor humano”
Ciudad de México, 2 de mayo de 2024.- La Barra Mexicana, Colegio de Abogados; el Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de Stanford y el Programa sobre Estado de Derecho del Diálogo Interamericano, advirtieron: “una victoria decisiva en las elecciones legislativas para el partido gobernante, Morena, podría reforzar su control sobre el Congreso, potencialmente perpetuando el proyecto populista de López Obrador al socavar aún más los frenos y contrapesos en el país”. También, cuestionaron el apoyo público de Claudia Sheinbaum, la candidata presidencial oficialista, a la elección de juezas y jueces por votación popular, aunque queda por verse hasta qué punto aplicaría las políticas de AMLO si gana.
Las asociaciones que aglutinan en el país a los especialistas en Derecho, así como expertos de Estados Unidos y del Diálogo Interamericano advirtieron de los riesgos que implican las reformas en materia judicial impulsadas por el presidente. En primer lugar, subrayaron, constituyen una amenaza directa a la independencia judicial, violan estándares internacionales y socavan la democracia en México. Además, buscan afectar de manera dramática a los poderes judiciales de todo el país, en perjuicio de los derechos humanos de todos los mexicanos.
Las propuestas impulsadas por la 4T destacan la elección de juezas y jueces -incluidas las y los ministros de la Suprema Corte de la Nación- por votación popular; la reducción de sus mandatos; la vinculación de sus salarios a los del Poder Ejecutivo; y la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial, cuyos miembros serían elegidos por votación popular. Los expertos en derecho apuntaron: elegir a ministras y ministros de la Suprema Corte, a juezas y jueces federales y a magistradas y magistrados por votación popular crearía incentivos para que emitan decisiones para satisfacer a los grupos políticos, en lugar de decidir imparcialmente los casos basándose únicamente en los hechos y en el derecho. Adicionalmente, reducir el mandato judicial para que coincida con el sexenio presidencial politiza aún más la selección de juezas y jueces.
Alertaron: la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial elegido por votación popular, cuyo mandato coincidiría con el presidencial, y cuyas decisiones serían definitivas e inapelables, podría convertirse en un arma contra juezas y jueces -incluidas las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación- cuyas decisiones resulten, se emitan adversas al gobierno en turno.
Durante su conferencia de prensa en Lázaro Cárdenas, Michoacán, la candidata presidencial oficialista, Claudia Sheinbuam, expresó: el Poder Judicial no puede “lavarse las manos” en materia de seguridad, tiene que contribuir a pacificar el país junto con las fuerzas del orden. “(Hay que) avanzar en la cero impunidad. ¿Qué quiere decir eso? Qué delito que se cometa, delito que tiene que ser sancionado y para eso necesitamos un sistema de procuración, de incorporación para la procuración y la ejecución de la justicia, y eso tiene que ver con sí, la Guardia Nacional, las Policías estatales, pero con las Fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial. El Poder Judicial tiene que cooperar en la pacificación del país y por eso también lo que estamos planteando de las reformas al Poder Judicial. De cualquier manera, el Poder Judicial no puede lavarse las manos ante la inseguridad”, sostuvo.
La reforma judicial es otro de los grandes pendientes del ocaso del obradorato. En el aniversario de la Constitución Federal de 1917, el mandatario envió un paquete de veinte reformas constitucionales entre las cuales se encuentra la segunda iniciativa de reforma al Poder Judicial de la Federación. Durante este gobierno ya fue aprobada una reforma constitucional al Poder Judicial, publicada el 11 de marzo de 2021, en la cual se realizaron cambios principalmente sobre su estructura orgánica, reglas procesales y se incorporó un modelo según el cual las razones que sustentan una sentencia pueden por sí mismas obligar a juzgadores a resolver futuros casos en el mismo sentido. La nueva propuesta busca reformar sustancialmente al Poder Judicial tanto a nivel federal como estatal. La idea y el formato presentado corresponden a los planteamientos de Arturo Zaldívar, receptores de la bendición del tabasqueño.
Las reformas constitucionales requieren el voto de las dos terceras partes de las cámaras de Diputados y Senadores, así como la mayoría de los congresos estatales. En este momento, no se aprecian ya condiciones para que se apruebe sino hasta después de conformarse la nueva legislatura federal. Actualmente, la oposición legislativa se opone completamente a esta reforma y a realizar un periodo extraordinario. Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI, expuso en su página web: la reforma “caería en el universo de la especulación electoral, de las componendas y la tentación de los partidos y poderes fácticos de poner jueces a modo”.
También la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación sostiene esta reforma representa “un ataque directo a la división de poderes”. El magistrado Daniel Sánchez Montalvo advirtió: el riesgo más importante, en caso de ser aprobada, “es la afectación a la independencia judicial que tiene que regir y privar en todos los países”. Esto significa, agregó, “que no debe existir ninguna influencia externa, ni interna, al momento de que los juzgadores resuelvan o emitan sus resoluciones”.
México registra un deterioro constante en el Estado de Derecho desde 2015 y un estancamiento a la baja desde el 2022. Registramos retrocesos en orden y seguridad, y un deterioro del sistema de justicia civil. Prácticamente en la última década, México se posicionó en el lugar 116 de 142 países en todo el mundo con menores niveles de gobernanza, de acuerdo con el Índice de Estado de Derecho 2023 del World Justice Project. (WJP). El último año evaluado muestra nuestro país redujo su Estado de Derecho en 1.3% al obtener una puntuación de 0.42, con calificaciones que oscilan entre 0 y 1, donde 1 indica la máxima adhesión al Estado de Derecho.
Entre 2022 y 2023, a nivel mundial, México registró niveles de gobernanza parecidos a los de Angola (lugar 115) y Turquía (lugar 117). En el estudio anterior (2022), México se posicionó en el lugar 115 de 140 naciones medidas por el WJP; mientras en 2015 (primer año de la medición) ocupó el lugar 79 de los 102 países. El país mejor clasificado es Dinamarca, seguido de Noruega, Finlandia, Suecia y Alemania. Mientras el país con la puntuación más baja es Venezuela, seguido de Camboya (lugar 141), Afganistán (140), Haití (139) y la República Democrática del Congo (138).
A nivel regional, México se colocó en el puesto 27 de 32 países de América Latina y el Caribe, sólo por debajo de Guatemala y por arriba de Honduras. El país con mejor puntuación de la región es Uruguay (puesto 25 de 142 a nivel mundial), seguido de Costa Rica y Chile. De los ocho indicadores utilizados en el estudio para medir que una nación cuenta con un Estado de Derecho robusto (límites al poder, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal), se muestra que México mantiene posiciones preocupantes en la mitad de los factores.
El factor ausencia de corrupción es donde registra su peor puntuación al colocarse en el lugar 136 de 142 países, con una calificación global de 0.26 puntos, además: a nivel regional ocupa la posición 30 de 32 países de América Latina y el Caribe. De los cuatro rubros medidos por este indicador -ausencia de corrupción en el Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Ejército, y Poder Legislativo-, México tiene la peor posición (131 de 142 países) cuando se mide si los miembros de la legislatura se abstienen de solicitar o aceptar sobornos u otros incentivos a cambio de favores políticos o votos favorables a la legislación.
Le sigue si los jueces y funcionarios judiciales se abstienen de solicitar y aceptar sobornos para desempeñar sus funciones o acelerar procesos, y si el Poder Judicial y los fallos judiciales están libres de influencia indebida por parte del gobierno, intereses privados y organizaciones criminales, donde se colocó en el lugar 130 de 142. Para invertir estos reportes no se requiere de la reforma propuesta, ello elevaría la mala calificación y en este tipo de reportes se apoya la iniciativa privada para garantizar sus inversiones, para determinar el grado de riesgo de ubicarse en un país con las calificaciones obtenidas por el nuestro.
DE LOS PASILLOS
Tan sólo 24 horas después de que Ceci Flores, del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, reportó habían localizado fosas y un “crematorio” clandestino en la Ciudad de México, peritos de la Fiscalía de la CDMX determinaron que los huesos y cenizas hallados no corresponden a personas. A través de un mensaje en X, Flores evidenció la velocidad con la que las autoridades de la Ciudad dieron su versión sobre el origen de los restos hallados en comparación a la forma de trabajo en otros estados como Sonora. Pero no fue sólo eso, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, acusó a la buscadora Ceci Flores de crear un “montaje” y de “lucrar políticamente”, tras denunciar fosas clandestinas en Tláhuac. También el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a las madres buscadoras de pertenecer al “bloque conservador” y “traficar con el dolor humano”. “Vinieron de Sonora y de Chihuahua personas que no nos quieren a nosotros y que pertenecen al bloque conservador”, declaró este jueves durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional. El mandatario sostuvo que existe una supuesta “estrategia perversa” para afectar a su gobierno y dijo que la buscadora Ceci Flores “participa” en ella… De nueva cuenta nos demuestran el grado de perversión existente, la irresponsabilidad y el cinismo sin límite…
A través de su cuenta de X, La firma “Trusán y Roma, Abogados” informó presentaron un amparo firmado por al menos 727 trabajadores y servidores públicos, en contra de la Reforma de Pensiones propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En un video, explicaron: “.. servidores públicos que trabajan en varias dependencias del Gobierno Federal están presentando esta demanda de amparo porque afecta la forma en como ellos decidieron que iban a manejarse en el futuro sus recursos, en las diferentes administradoras”. Sostienen los abogados que la reforma para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar es “inconstitucional” y presuntamente “vulnera el principio de seguridad jurídica”. Esto apenas comienza y puede convertirse en otro escándalo mundial…
Líderes sociales y económicos solicitaron al Senado de la República, ejercer su atribución constitucional para declarar la desaparición del Poder Legislativo en Michoacán ante la inoperancia del Congreso estatal. Denunciaron una estrategia impidiendo a ocho diputados suplentes -de los 40 que integran el Pleno Legislativo- puedan rendir protesta, pues no se ha convocado a sesiones. Los diputados de la 75 Legislatura ya suman 13 días sin regresar a su curul para sacar adelante las cerca de 700 iniciativas que siguen pendientes en el Congreso, pues la mayoría de ellos está en campaña… Aunque sí se hacen comparaciones los senadores están peor al tener detenidas una centena de nombramientos,
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