El Ágora
Octavio Campos Ortiz
La consultora Integralia publicó su informe final sobre la violencia política en México y concluyó que el proceso electoral 2023-2024 fue el más violento de la historia moderna con 889 víctimas incluidos 39 aspirantes a candidatos -sobre todo municipales-, asesinados. El despacho de análisis refiere que hubo un incremento de 197.3 por ciento respecto de 2021 y de 132.7 por ciento con relación a 2018. Guerrero, Michoacán y Chiapas fueron las entidades más sangrientas.
El estudio precisa que fue a nivel municipal donde se observó más violencia con el 78 por ciento de los casos y mayor influencia del crimen organizado; consecuencias de la actividad delictiva es la pérdida de gobernabilidad en al menos la tercera parte del territorio nacional -ya advertida por el propio Pentágono hace casi tres años-, control de la economía local por parte de las mafias -el índice global del crimen organizado señala a México como líder en economía informal, por encima de Myanmar, Irán, Nigeria, Afganistán, Kenia, Sudáfrica y Colombia-, hay menos desarrollo para las comunidades y se incrementa la violación a los derechos humanos, las desapariciones forzadas y el desplazamiento de pobladores.
De ese tamaño es el reto que enfrentará la próxima administración en materia de gobernabilidad y seguridad nacional y pública. Tendrá que revertir otro histórico: el mayor número de homicidios dolosos en un sexenio que se acerca a los doscientos mil mexicanos asesinados.
Más allá de darle continuidad a la política de abrazos y no balazos, que en la mejor de sus acepciones buscó sin lograrlo atacar las causas que generan la delincuencia, la gestión entrante necesita legitimarse a través de recuperar la gobernanza y convocar a un nuevo pacto social. Ello implica que la Secretaría de Gobernación efectivamente ejerza las funciones de control de la política interior y que su titular sea la jefa del gabinete, revitalizar las relaciones con gobernadores y mantener -muy a su pesar-, una interacción de pares con los Poderes Legislativo y Judicial, respetar su autonomía y no verlos como empleados levanta dedos, ventanilla de oficialía de partes o jueces de consigna.
La entrante inquilina del Palacio de Cobián tampoco debe centrar sus acciones o injerencias en temas electorales -salvo garantizar la paz social y el buen desarrollo de los procesos-, y atender más los temas de seguridad nacional, la relación con los medios de comunicación, los partidos como institutos políticos y una apertura democrática con los grupos organizados y la sociedad civil en temas como participación ciudadana, feminismo. movilidad social, desarrollo municipal, población, entre otros ítems.
Consensuar un pacto social, recuperar la gobernanza perdida y retomar las funciones primigenias de la encargada de la política interior redundará en el mejoramiento de la seguridad pública y la reducción de la violencia.
Aunque poco se sabe de los programas de prevención del delito, es importante reconocer el anuncio de que se utilizará la inteligencia policial para combatir el delito, lo que es un paso enorme para enfrentar a los criminales en lugar de alentar su consentimiento. Si bien es cierto que la SSPC no tiene funciones persecutorias, las labores preventivas de inteligencia e información policial redundarán en el abatimiento de la incidencia delictiva y si prospera la propuesta de trasladar las funciones de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda a la SSPC se pegará al crimen organizado donde más les duele: el lavado de dinero.
La seguridad pública no puede ser coto de poder, sino espacio para la recuperación de la paz y la tranquilidad social, donde junto con la inteligencia se debe hacer uso legitimo y proporcional de la fuerza para que el Estado imponga su autoridad sobre los criminales e inhibir las conductas antisociales. Recordemos que el país más seguro, no es donde hay más policías y patrullas, sino donde se cometen menos delitos, la prevención es la esencia de la seguridad pública.
Para ello es fundamental quitarles la tentación a las estructuras de seguridad y procuración de justicia de utilizar la inteligencia como instrumento de espionaje contra opositores o de venganzas políticas desde el poder.
La encargada de la política interior tiene tablas para cumplir con el reto de convocar a un nuevo pacto social, devolver la gobernabilidad a estados y municipios, hacer efectiva la división de poderes y ser interlocutora válida con la sociedad civil. Esperemos que haya voluntad política para dejarla hacer su trabajo. Desde la gestión de Manuel Bartlett Díaz no ha habido un secretario de Gobernación de seis años, lo que habla de que la política interior es el talón de Aquiles del presidencialismo.
