La reforma al Poder Judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador enfrenta una creciente controversia legal.
Abogados penalistas advirtieron que los diputados federales que votaron a favor de la reforma podrían enfrentarse a sanciones penales por desobedecer las suspensiones judiciales emitidas para frenar el proceso legislativo.
El pasado 31 de agosto, jueces emitieron suspensiones para detener la discusión de la reforma en la Cámara de Diputados. Sin embargo, el 4 de septiembre, los partidos oficialistas, con una mayoría dominante, aprobaron la reforma en una sede alterna. Esta acción desató preocupaciones sobre el incumplimiento de las órdenes judiciales.
Posibles Sanciones y Procedimientos
Francisco Burgoa, constitucionalista, explicó que el incumplimiento de las suspensiones podría llevar a que los jueces informen al Ministerio Público (MP), iniciando investigaciones por desacato. Burgoa indicó que esto podría resultar en sanciones para los legisladores implicados. “El tema es que son los mismos diputados que tendrían que auto desaforarse y eso no ocurrirá”, afirmó.
Burgoa también destacó que la posibilidad de revertir la reforma depende de dos factores cruciales: los procesos judiciales en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la presión social.
Si la SCJN determina que la reforma violó el proceso legislativo, podría invalidar la reforma. La presión social, junto con posibles protestas y apoyo de organismos internacionales, también podría influir en la reconsideración de la reforma.
Reacciones y Opiniones Legales
Diana González Obregón, abogada experta en juicios orales, destacó la gravedad del desacato al amparo. “No es ni confiable ni correcto que exista un desacato a una orden federal”, comentó. González pidió que la jueza notifique a la Fiscalía General de la República (FGR) para que inicie una investigación sobre el incumplimiento.
Por su parte, el abogado Alberto Woolrich mencionó que el Ministerio Público podría intervenir, aunque el fuero legislativo de los diputados podría complicar la situación. Miguel Carbonell opinó que el cambio de sede para la toma de posesión de Claudia Sheinbaum podría ser una medida adecuada ante las amenazas de los trabajadores del Poder Judicial.
Con información de La Otra Opinión
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