Este jueves fue presentada la nueva Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, la cual estará a cargo de Raquel Buenrostro, con el objetivo principal de reducir los sobornos en el país.
La creación de esta dependencia, anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca modernizar y hacer más eficiente la administración pública, reemplazando a la Secretaría de la Función Pública (SFP) con un enfoque más integral que abarcará tanto al gobierno federal como a los estados.
Se estima que antes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los sobornos representaban el 4.5% del valor de los contratos públicos, cifra que se pretende reducir con la implementación de nuevas estrategias.
Durante la conferencia, Buenrostro señaló que «el combate a la corrupción ha permitido un crecimiento histórico de los recursos públicos en la Cuarta Transformación», lo que motiva a continuar con esta política en la actual administración.
Raquel Buenrostro, quien ha sido apodada como «la dama de hierro» debido a su férrea labor en la implementación de medidas de austeridad y fiscalización durante el gobierno de López Obrador, asumirá la dirección de la nueva Secretaría. Su experiencia previa incluye cargos como oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y secretaria de Economía.
El trabajo realizado en la administración anterior logró reducir en un 11.2% la tasa de actos de corrupción en trámites, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Además, la percepción ciudadana sobre la frecuencia de las prácticas corruptas ha disminuido hasta un mínimo histórico del 83.1%, con una caída de ocho puntos porcentuales desde 2017.
La nueva Secretaría tendrá como ejes principales el enfoque preventivo y el fortalecimiento del buen gobierno. Se busca dignificar la carrera del servidor público y modernizar los procesos de la administración para hacerla más transparente y eficiente. Las compras públicas también serán reformadas, fomentando la proveeduría nacional y garantizando precios justos.
En el ámbito de anticorrupción, se pretende consolidar una cultura de denuncia tanto en el sector público como privado, con investigaciones que inhiban estos actos y combatan la impunidad. Según Buenrostro, «se debe hacer que violar la ley sea más costoso que cumplirla», y que no haya incentivos para que empresas incumplan con sus contratos.
Entre las metas de los primeros 100 días de la Secretaría se incluyen la reestructuración de la administración pública, el acompañamiento de proyectos clave como el Tren Maya y el sector salud, además de la propuesta de reformas legales para optimizar el gasto en obras públicas y adquisiciones mediante subastas, con un ahorro potencial del 70%.
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