El gobierno de Javier Milei envió al Congreso un proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil para reducir la edad de imputabilidad de 16 a 13 años. Esta iniciativa, presentada como uno de los compromisos centrales durante la campaña presidencial de 2023, busca endurecer las sanciones para menores implicados en delitos y establecer un marco legal que “proteja a los argentinos de bien”.
“A delito de adulto, pena de adulto”
Con esa frase, Milei sintetizó el espíritu de la propuesta que ya se encuentra en las comisiones de Legislación Penal, Justicia, Familias y Presupuesto del Congreso para su discusión. El proyecto también prevé la creación de establecimientos penitenciarios especiales para evitar que los menores de edad compartan espacio con adultos en las cárceles.
| PLENARIO DE COMISIONES
Especialistas expusieron sus perspectivas y conocimiento sobre la iniciativa de Régimen Penal Juvenil que impulsa el Poder Ejecutivo.
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— Diputados Argentina (@DiputadosAR) October 23, 2024
La normativa vigente, creada en 1980 durante la última dictadura militar, establece que los menores de 16 años no son punibles bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, la reforma impulsada por el gobierno propone sancionar penalmente desde los 13 años, alegando que los jóvenes son cada vez más utilizados para delinquir, especialmente en organizaciones criminales. Entre los 16 y 18 años, las penas actuales solo aplican bajo condiciones específicas, y las sanciones se reducen a la mitad del mínimo y a un tercio del máximo.
Inseguridad y menores en el crimen organizado
El debate surge en medio de un contexto marcado por el aumento de la inseguridad, con especial énfasis en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, donde el narcotráfico ha generado un ambiente de violencia creciente. Según expertos, las organizaciones delictivas recurren cada vez más a menores, llamados “soldaditos”, para cometer delitos aprovechando las penas más leves que reciben.
Martín Narducci, abogado penalista, señaló: “Este es un cambio profundo. Los menores son muy utilizados para delinquir”. Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, junto con el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, respaldaron la iniciativa argumentando que “es imposible combatir a los delincuentes sin leyes que apoyen a las Fuerzas Federales de Seguridad y a la Justicia”. Ambos coincidieron en que la propuesta busca “poner fin a la impunidad y frenar la puerta giratoria del sistema judicial”.
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