La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha mantenido en secreto durante cinco años un contrato firmado con Construcsol, una empresa relacionada con «El Clan«, la red de tráfico de influencias encabezada por Andy y Gonzalo “Bobby” López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
La existencia de este contrato fue confirmada por la Sedena en respuesta a una solicitud de transparencia realizada por Latinus, aunque lo clasificó como reservado debido a un «procedimiento administrativo seguido en forma de juicio».
El contrato, identificado como D.G.INGS./AIFA-RSF-T6-F5/MRA1647/CONV-F/A/2023-AD-040-001, está vinculado a las obras del Tren Maya. La Sedena justificó su decisión de clasificar el acuerdo hasta 2029 para no afectar el juicio en curso, argumentando que «la difusión pone en riesgo el debido proceso y la igualdad entre las partes«.
Además, el Ejército detalló que se busca rescindir el contrato con Construcsol debido a su incumplimiento de las especificaciones requeridas y del programa de suministro. Este hecho ha generado preocupación, ya que Construcsol fue utilizada por «El Clan» para vender balasto al Ejército, material esencial para la construcción del Tren Maya.
Audios en poder de Latinus revelan que Amílcar Olán, amigo cercano de los hijos de López Obrador y operador clave en esta red de negocios, confirmó que Construcsol se convirtió en proveedora del Ejército.
En una conversación grabada, Olán menciona que «Construcsol es la que va a entregar balasto en el punto donde yo estoy«, lo que indica una relación directa entre la empresa y los proyectos militares.Montero Sánchez, quien también aparece en los audios, admitió haber gestionado el contrato con Construcsol.
“Sí, yo le hice todo el registro”, respondió cuando Olán le recordó su papel en la inclusión de la empresa como proveedora del Ejército.
La Sedena ha sido criticada por mantener este contrato oculto durante tanto tiempo, lo que plantea preguntas sobre la transparencia y la ética en las contrataciones públicas. La situación resalta la necesidad de una mayor vigilancia sobre los vínculos entre empresas privadas y entidades gubernamentales, especialmente cuando están involucrados actores con conexiones políticas significativas.
Con información de LatinUS
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