Este viernes, Donald Trump se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos en ser condenado y sentenciado por un delito grave, marcando un hito en la historia política del país. A pesar de sus intentos por evitar el juicio, incluyendo apelaciones urgentes hasta llegar a la Suprema Corte, no pudo eludir su destino.
El exmandatario fue condenado en mayo de 2024 por 34 cargos de falsificación de documentos relacionados con un pago de 130,000 dólares a la actriz Stormy Daniels durante la campaña electoral de 2016. Este pago buscaba silenciar a Daniels sobre un encuentro sexual que Trump ha negado.
Durante la audiencia de sentencia, que se llevó a cabo de manera virtual desde su residencia en Mar-a-Lago, Florida, Trump se declaró «totalmente inocente» y repitió sus acusaciones de «cacería de brujas» contra los fiscales. «Los demócratas radicales han perdido otra cacería de brujas patética y antiestadounidense», escribió en su red social tras la sesión.
El juez Juan Merchan, del Tribunal Supremo de Manhattan, impuso una sentencia simbólica sin condena de prisión, lo que significa que Trump no enfrentará cárcel ni multas. Merchan enfatizó que las protecciones legales otorgadas a la oficina presidencial son extraordinarias, pero subrayó que «Donald Trump, el ciudadano ordinario, no tiene derecho a tales protecciones».
Uno de los fiscales del caso, Joshua Steinglass, criticó a Trump por su falta de responsabilidad y señaló que su retórica ha puesto en peligro a funcionarios y testigos involucrados en el juicio. «Este acusado ha causado daño duradero a la percepción pública del sistema de justicia criminal», afirmó.
A pesar de esta condena histórica, Trump sigue enfrentando múltiples casos legales. Fue declarado culpable en otro juicio por difamación y ordenado a pagar 88.8 millones de dólares a E. Jean Carroll por abuso sexual. Además, enfrenta otros casos relacionados con interferencia electoral y manejo indebido de documentos clasificados.
Aunque los presidentes tienen la autoridad para emitir indultos federales, este poder no se aplica a casos estatales como el de Nueva York.
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