La Dra. Claudia Sheinbaum Pardo en su carácter de Primera Magistrada de la Nación, no puede ignorar la realidad de corrupción que existe y persiste en el medio de procuración e impartición de justicia; ese despreciable fenómeno no es precisamente respetuoso del artículo 17 del Pacto Federal. La Presidenta Constitucional no debe desconocer que dicho entorno se encuentra saturado por diversos actos que afectan y denigran a esas instituciones que deberían de procurar e impartir justicia.
La Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, no puede desechar que, la comunidad internacional sitúa a México en un lugar nada privilegiado de países corruptos en la procuración e impartición de justicia, calificándonos con las más bajas valoraciones en la disciplina de aplicación del Derecho.
Y no puede ni tiene que olvidar que, en otros países del entorno internacional en los cuales existieron diversos actos execrables de corrupción en el ámbito de justicia, se actuó de inmediato para poner coto a dichas degradaciones. Así en Francia, España, Italia y Perú, se investigó, procesó, exhibió y castigó la corrupción de jueces, magistrados y fiscales, encarcelándolos y calificándolos como unos vulgares forajidos del derecho.
Muy al respecto de lo expuesto con antelación, la patética ministra Lenia Batres Guadarrama dijo: “que una importante garantía para el pueblo contra la aplicación de la ley, en el ámbito de corrupción en las instituciones es la aplicación de la Reforma Judicial de Andrés Manuel López Obrador”. Como han externado en el ayer, la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México y la comunidad internacional ello no es coincidente con su forma de pensar.
Tampoco lo interpretan así, ni se compadecen de esa ministra del pueblo los abogados independientes de la Nación, ya que todos ellos repudian su manera de interpretar el Derecho para impartir justicia.
La representante del Poder Ejecutivo Federal, debe aceptar en éste punto decisivo para México, que antes del primero de septiembre se tienen que sanear los recintos de justicia, haciendo una interpretación tan profunda y estudiada de la norma que prácticamente cree un ejemplo para el futuro y se encarcelen a los corruptores de justicia que no respetaron las garantías constitucionales de las víctimas para que estas salvaguardas sean restituidas de inmediato y jamás se repitan.
Como dijo otra ministra discrepante de la ministra del pueblo: “Lo cierto es que la ley se debe de aplicar con prontitud. Solo así se evitará el envilecimiento de la justicia”.
Es cuánto.
Lic. Alberto Woolrich Ortíz.
Presidente de la Academia de Derecho Penal
del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C..
