No Pasa Nada
Por: Jesús Solano Lira
Sin duda alguna, el precio de los activistas ambientalistas de Veracruz que luchan incansablemente por defender el gran entorno de biodiversidad del estado, es muy alto: va de la persecución y amenazas, hasta la muerte, como el caso más reciente del ex alcalde y activista de Jalcomulco, Gilberto Ruiz Chivis.
Quien fuera médico de profesión y dos veces alcalde de Jalcomulco por el PRD, su último mandato lo ejerció de 2014 a 2017, y reconocido por su activismo ambiental, especialmente por su defensa de la cuenca del río La Antigua y su oposición al proyecto de la presa “Propósitos Múltiples Xalapa”, impulsado por la trasnacional Odebrecht, murió por causas aún no específicadas la noche del lunes pasado.
Su cuerpo fue localizado en un camino de terrecería, entre las localidades de Coetzala y Santa María Tatetla, luego de cuatro días de haber sido reportado como desaparecido.
Al momento, las autoridades estatales, con todo y lo que esta muerte implica, no han dado a conocer una versión oficial de los hechos, y solo se informó que ya se abrió una carpeta de investigación.
Morena y su gobernadora Rocío Nahle, no han podido contener la ola de violencia que enfrenta la entidad, una entidad que se le ha salido de control a la zacatecana, y aunque tenga el respaldo de Palacio Nacional, no es suficiente para los veracruzanos que claman por mejores condiciones de seguridad.
En la entidad gobernada por Morena desde el sexenio pasado, los ambientalistas han sido víctimas de campañas de desprestigio y exclusión en los foros de toma de decisiones, y continuamente amenazados y desplazados por consorcios empresariales y grupos criminales, que sobran en la entidad, al amparo del gobierno en turno.
Las cifras son elocuentes. De acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), durante 2024 se registraron en Veracruz, gobernado por el morenista Cuitláhuac García Jiménez, tres asesinatos y ocho agresiones contra defensoras del medio ambiente, y el estado se ubico en el quinto lugar a nivel nacional por esos ataques.
Entre los casos más graves, el informe destaca el asesinato de los hermanos Alberto y Jorge Cortina Vásquez, quienes murieron por el excesivo uso de la fuerza pública de la extinta Fuerza Civil en Totalco, municipio de Perote.
A ello, hay que agregar que el informe destaca que del total de las agresiones letales del año pasado, 21 fueron por homicidio y cuatro por ejecución extrajudicial, lo que implica la participación de agentes de los cuerpos de seguridad del Estado, como el caso de Totalco.
Es muy lamentable que en la última década se hayan documentado 189 asesinatos de defensores del medio ambiente, la tierra y el territorio.
Los datos son similares a los reportados por organizaciones internacionales, como Global Witness, que coloca a México en el cuarto lugar en el mundo en este tipo de crímenes.
Más de 90 de esos asesinatos ocurrieron durante el sexenio del ex presidente, Andrés Manuel López Obrador, ese al que no le importó devastar una selva y una zona rica en manglares, con tal de construir dos de sus obras emblemáticas: El Tren Maya, que por cierto se descarrillo este martes en Yucatán, y la Refinería Olmeca, una refinería que tampoco refina.
