Rúbrica
Por Aurelio Contreras Moreno
La República constitucional mexicana, esa arquitectura jurídica que garantizó un cierto y funcional equilibrio entre poderes las últimas tres décadas, así como el acceso a garantías individuales y democráticas de las que se carecía en la antigua etapa autoritaria del país, ha entrado en una fase terminal.
Esto gracias a una erosión sistemática desde el poder de las instituciones construidas en el periodo de la alternancia. Deterioro y destrucción que fueron permitidos por la indiferencia y la complicidad política y, sobre todo y hay que señalarlo, por la complacencia social, que entregó derechos y libertades a cambio de dádivas.
Los últimos episodios de esta tragicomedia -la admisión pública de trampas en la elección judicial, a pesar de las cuales se validaron esos comicios fraudulentos; la exoneración del corrupto hermano del expresidente López Obrador; y la escalada en la persecución judicial de periodistas- no son hechos aislados. Son síntomas de un modelo de gobierno que ha dejado de simular respeto por la legalidad y que viene a imponerse autoritariamente.
La validación de la farsa de la elección judicial por un Tribunal Electoral federal sometido, desfachatado, a pesar de la evidencia admitida del uso de “acordeones” para inducir masivamente el voto –entre otras ilegalidades-, fue el último clavo en el ataúd de una transición democrática que, más que fallida, fue apuñalada. La justicia, que debería ser ciega, ahora guiña el ojo a quien se acomoda con el régimen, con todo lo que eso implicará no solamente para los actores políticos y partidistas, sino para toda la sociedad.
Si el Poder Judicial se construye sobre estafas, ¿qué garantías pueden ofrecer a los ciudadanos los juzgadores que lo integrarán? ¿Qué legitimidad tendrán sus resoluciones? Una República constitucional exige jueces autónomos, no operadores políticos disfrazados de togados, como los tres magistrados electorales que decidieron convalidar –y con ello, irse por el retrete de la historia- el más grande fraude electoral desde 1988.
Pero este episodio de demolición del Estado de Derecho no termina ahí. Prácticamente al mismo tiempo, como si fuese una burla premeditada –quizás lo sea-, el cooptado Instituto Nacional Electoral resolvió exonerar a Pío López Obrador, hermano del expresidente, luego de aquellos videos en los que se le observa recibiendo grandes sumas de dinero en efectivo –el sello de la casa- en sobres amarillos, presuntamente para operación electoral.
Lo que para cualquier otro hijo de vecino en este país hubiese significado una imputación por sendos delitos electorales, además de lavado de dinero y manejo de recursos de procedencia ilícita, para el “brother” de “yasabenquién” implicó solo silencio y un sonoro carpetazo al caso. No hubo investigación profunda, ni exigencia de rendición de cuentas… ni nada.
Este caso no es menor. Representa la institucionalización de la impunidad para los cercanos al poder. Mientras se persigue a opositores por delitos fabricados o se les exhibe mediáticamente; mientras a periodistas y ciudadanos se les acosa judicialmente, se les humilla públicamente y se les asfixia financieramente para someterlos, los aliados gozan de inmunidad fáctica. La ley se convierte en un instrumento de persecución, de represión, de escarmiento.
Lo que queda es una fachada institucional, sostenida por discursos y rituales que ya no representan la realidad. Las elecciones se celebran, pero no garantizan alternancia ni democracia. Los tribunales existen, pero no imparten justicia. Los medios informan, pero bajo amenaza. Y algunos ya hasta se les prohíbe hacerlo.
Las consecuencias son devastadoras: se está anulando el derecho a elegir, se diluye la posibilidad de una defensa efectiva, se criminaliza la disidencia y la libertad de opinión y pensamiento, y se normaliza el uso del aparato judicial como herramienta de control. El mensaje es inequívoco: quien cuestione al poder será castigado.
Con jueces seleccionados por afinidad ideológica, fiscales que responden a intereses partidistas, y órganos y tribunales electorales que operan bajo consigna, la politización de la justicia no es una amenaza futura: es una realidad en expansión en una República corrompida.
Tan corrompida como la sociedad que permitió llegar a esto.
Quieren puros “moléculas”
De pena ajena el papelón en la “mañanera” de la gobernadora Rocío Nahle, a donde no dejaron pasar, sin justificación alguna, a una decena de reporteros que asiduamente asisten a esas “conferencias de prensa”, que este jueves contaba con la presencia de una funcionaria federal, la titular de Protección Civil Laura Velázquez Alzúa.
Luego de los dislates de las últimas semanas, al parecer se buscó “blindar” a la gobernadora de alguna vergüenza por un cuestionamiento “incómodo” de parte de esos “malvados” reporteros y reporteras a los que no les escriben las preguntas, a diferencia del “patiño” al que hasta le financian viajes a palacio nacional a cambio de ver “presidenciable” a Rocío Nahle y de violentar a mujeres en los bodrios que publica.
Eso es lo que les gusta, por lo visto.
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