Rúbrica
Por Aurelio Contreras Moreno
La Universidad Veracruzana está literalmente secuestrada. No por actores externos, sino por quienes hoy la regentean desde la cúpula y pretenden apoderarse a la mala, ilegal e ilegítimamente, de la rectoría saltándose los procedimientos establecidos en la legislación universitaria. Como delincuentes que se apoderan de una casa que no les pertenece.
El cuarto informe de labores de Martín Aguilar Sánchez previsto para este miércoles, lejos de ser un ejercicio de rendición de cuentas, está organizado como una especie de ritual de consolidación de una prórroga ilegítima, blindada por muros físicos y legaloides que excluyen a la comunidad universitaria.
El Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte, espacio emblemático de la UV, fue literalmente cercado desde un día antes del acto “solemne”. Filtros de acceso y vigilancia reforzada para impedir el ingreso de estudiantes, académicos, egresados y hasta de los integrantes del Consejo Universitario General –máximo órgano de la casa de estudios, ante el que el rector saliente tendría que rendir cuentas- que se oponen a la imposición de Aguilar Sánchez, quien ni siquiera cumple ya con los requisitos legales establecidos en la Ley Orgánica para sostenerse en el cargo, que desde ya está usurpando.
La situación recuerda más a un acto de un Estado autoritario, en un país bananero, que a una ceremonia universitaria. La Universidad, que debería ser plaza pública del pensamiento, se convirtió en zona restringida para defender una soez imposición.
Una parchada y desprestigiada Junta de Gobierno, que debería haber velado por la institucionalidad, optó, quién sabe a cambio de qué, por maquinar una usurpación disfrazada de un proceso de auscultación que no soporta un análisis con el mínimo rigor, impidiendo que otras voces universitarias presentaran proyectos alternativos y vulnerando cínicamente el derecho de la comunidad UV a participar libremente, sin inducciones ni presiones, en la designación de su rector. En algún momento sus integrantes también tendrán que ser llamados a cuentas.
La imposición de Martín Aguilar Sánchez no solo afecta la legalidad del proceso de sucesión rectoral. Erosiona por completo la legitimidad no únicamente de toda su gestión futura, sino la de la misma Universidad Veracruzana como un claustro de transmisión del conocimiento universal basado en la ciencia, la evidencia y las leyes.
¿Cómo dialogar con una comunidad que no te reconoce? ¿Cómo construir consensos desde la exclusión y el bandidaje? ¿Cómo carajos enseñar Derecho en una institución que pisoteó sus propias leyes internas?
La fractura es profunda. La UV corre el riesgo de convertirse en una amarga caricatura si la imposición se consuma, con la ayuda además de jueces venales y de consigna que terminen avalando una grotesca violación de la normatividad. Y con el Poder Judicial sometido que entrará en funciones a partir del próximo lunes 1 de septiembre, no es algo poco probable. Así lo han venido perfilando y al reunirse con un rector impugnado, el próximo presidente de la Suprema Corte, Hugo Ortiz, terminó endosando el mismo cheque de la arbitrariedad.
La principal consecuencia es que la Universidad Veracruzana está perdiendo credibilidad como institución de educación pública superior ante sus propios integrantes y ante la sociedad. La autonomía se convierte en retórica hueca, pues si la Junta de Gobierno puede decidir sin consultar a la comunidad, si el rector puede blindarse para no rendir cuentas de su pésima gestión protegido por una facción pandilleril, con el apoyo además de actores e intereses político-partidistas que buscan apoderarse de la UV, ¿qué queda entonces del espíritu universitario, plural y libre?
La historia juzgará este episodio como uno de los momentos más oscuros de la vida universitaria y podríamos asegurar, de la vida del estado de Veracruz. Lo que está en juego no es un cargo. Ni siquiera los diversos intereses alrededor de la institución. Es la viabilidad misma de la UV.
Con todas sus letras: Martín Aguilar Sánchez es un U S U R P A D O R.
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