Rúbrica
Por Aurelio Contreras Moreno
Algo muy grave está sucediendo con el manejo del dinero público en Veracruz. Y no se trata solamente de gastar mucho, gastar mal o de las prioridades cuestionables de una administración. El problema de fondo es otro: la opacidad, el desorden administrativo y la ausencia de controles que comienzan a convertirse en rasgos distintivos del gobierno de Rocío Nahle García.
Los episodios se acumulan y cada uno resulta más inquietante que el anterior. La remodelación del Palacio de Gobierno, la sangría financiera descubierta en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) y ahora, la pretensión de que el Estado termine administrando un ingenio quebrado que será rescatado con recursos públicos, parecieran asuntos independientes unos de otros. Pero existe un hilo que los conecta: dinero público, procedimientos oscuros y una preocupante discrecionalidad.
En una delirante contradicción, el pasado fin de semana trabajadores del Centro de Alta Especialidad “Dr. Rafael Lucio” de Xalapa decidieron hacer pública una crisis de desabasto de proporciones mayúsculas no solo en ese nosocomio, sino en la mayoría de los centros públicos de salud de Veracruz, en los que faltan medicamentos, material de curación, insumos quirúrgicos, equipo y hasta los implementos más elementales para atender a los enfermos.
El contraste con el dispendio en rubros en los que el Estado no tendría por qué intervenir o el gasto suntuoso en hermosear un inmueble para el deleite de la nueva “élite dorada” de la entidad resulta insultante.
La remodelación de la sede del Poder Ejecutivo de Veracruz comenzó envuelta en sombras. La gobernadora admitió apenas en julio que los trabajos ya habían superado los 60 millones de pesos, pero hasta ahora no existe una explicación pública suficientemente documentada de cuánto se ha gastado, en qué se gastó, mediante qué contratos y quiénes recibieron el dinero.
Para alimentar el “sospechosismo”, la Oficina de la Gobernadora reservó la información sobre el costo de esos trabajos –que incluyen la colocación de pisos de mármol y lujosos candelabros- con el pretexto de que revelarla podría poner en riesgo la integridad de la propia Rocío Nahle, sus colaboradores y los trabajadores del Palacio, sin explicar por qué. ¿Desde cuándo conocer cuánto costó un piso, quién instaló una lámpara, cuánto se pagó por impermeabilizar una azotea o qué empresa remodeló una oficina pone en peligro la vida de una gobernadora?
Solo ellos saben.
Algo que podría conducir a entender esta secrecía es la relación con la Constructora e Inmobiliaria Karbbet, S.A. de C.V., empresa vinculada originalmente con los trabajos en Palacio de Gobierno, pero de cuya participación en esa obra no aparecen públicamente el contrato ni el expediente correspondiente. Según la información conocida sobre la ejecución inicial de esos trabajos, los pagos incluso se habrían realizado en efectivo. Si eso ocurrió así, la pregunta elemental es: ¿con fundamento en qué?
Karbbet no es una empresa desconocida para el gobierno de Veracruz. Apenas en marzo pasado, la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas de la administración de Nahle le adjudicó la rehabilitación del estadio “Heriberto Jara Corona” en Xalapa por 59 millones 866 mil 181 pesos con 78 centavos. El padrón de contratistas identifica como representante de la compañía a Carlos Alejandro Lara.
Aunque distintos reportes periodísticos han relacionado también a Carlos Alejandro Abreu con la propiedad de la constructora, que fue además la encargada de los trabajos realizados en la calle Rafael Lucio, en pleno centro de Xalapa, donde el 4 de julio de 2024 murió un adulto mayor vendedor de periódicos luego de ser arrollado por una aplanadora de aproximadamente 16 toneladas.
Dos años después de ese trágico suceso, la misma constructora obtuvo del gobierno estatal una obra que rebasó ya los 60 millones de pesos de costo. Y en lugar de despejar dudas, el gobierno cerró toda la información. Como ha sido costumbre de todos los gobiernos morenistas.
En medio de este panorama sobrevino la crisis del Ingenio San Pedro, en Lerdo de Tejada, cuyo propietario, Grupo Porres, anunció que ya no podía continuar operándolo. Entonces, por qué no, intervino el gobierno de Nahle y finalmente se informó que la empresa “devolverá” la factoría al gobierno federal, al que perteneció originalmente antes de ser privatizada. La propia gobernadora ha dicho que la intención es que, posteriormente, la Federación entregue el ingenio al Gobierno de Veracruz y hasta se anunció la creación de un nuevo ente burocrático para operarlo.
Una cosa es proteger a los trabajadores y otra muy distinta socializar las pérdidas de una empresa privada para después colocar una factoría quebrada bajo el control de una administración cuya transparencia financiera está severamente cuestionada. Y si la Federación rescata el ingenio con recursos de todos los mexicanos, ¿por qué tendría posteriormente que transferirlo al Gobierno de Veracruz? ¿Por qué su operación tienen que financiarla todos los veracruzanos? Y sobre todo, ¿qué garantías existen de que no terminará convertido en otro negocio para personajes cercanos, muy cercanos, al círculo del poder estatal, con muchos intereses particularmente en ese ramo, el del campo?
Entre tanto, la emergencia denunciada en el CAE mostró con brutal claridad cuáles son las prioridades de una administración que puede disponer de recursos para obras suntuarias, aventuras empresariales y gastos políticamente rentables, pero que es incapaz de garantizar lo indispensable para atender la salud de los ciudadanos. En Veracruz parece haber dinero para el mármol de Palacio, para rescatar ingenios y crear burocracia que los administre.
Pero para guantes, termómetros y material quirúrgico, los enfermos tienen que esperar. Y cuidadito y se mueran, golpistas odiadores.
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