CAFÉ DE MAÑANA
Por José Luis Enríquez Ambell
Entre poco tersa y bastante tensa fue durante años la relación entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Gobierno de Veracruz, casi siempre por los constantes derrames de hidrocarburos, según registra la historia de su interacción institucional.
La empresa paraestatal se distinguió por una marcada prepotencia —al menos con Veracruz así fue por años—, además de desatender labores para una mejor contención y limpieza de eventos. Ahora, en el río Pantepec, la respuesta fue oportuna, pero no sobra recordar el alto abandono presupuestal en el mantenimiento de su infraestructura, especialmente en la región sur del estado.
La demora en las reparaciones no es nueva, y cada día incrementa la indignación de la población y de las comunidades afectadas.
Veracruz ha estado históricamente expuesto a derrames recurrentes por parte de Pemex. Además de provocar emergencias —como la actual en el río Pantepec, que afectó a varios municipios tras las intensas lluvias—, no basta con reparar ductos dañados y desplegar equipos de saneamiento: la repetición de incidentes genera una creciente desconfianza social.
Debe reconocerse que, en esta ocasión, la relación y los buenos oficios de la ingeniera Rocío Nahle fueron un plus para la atención y contención inmediatas, mediante una coordinación rápida entre autoridades estatales y federales —Protección Civil, Marina, Seguridad Pública y Pemex, entre otras—, lo que permitió tranquilizar a las comunidades afectadas.
Por otro lado, organizaciones ambientalistas y habitantes —no solo ahora— señalan que la causa principal de los derrames es el deficiente mantenimiento de la infraestructura de Pemex, en particular de los ductos a lo largo del estado y de pozos en la zona norte. Estas fallas han provocado graves daños ambientales y sociales, incluida la mortandad de especies y la contaminación de cuerpos de agua que abastecen a la población, derivando en exigencias de reparación e indemnización.
Los derrames han afectado a comunidades de agricultores y pescadores que demandan transparencia, remediación ambiental e indemnizaciones por daños a tierras, cultivos y medios de vida. En algunos casos, los pagos se han retrasado o no llegan, lo que detona protestas, como sucede ahora también con contratistas, proveedores y prestadores de servicios de la paraestatal.
Con frecuencia, los afectados acuden a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), facultada para sancionar a Pemex; sin embargo, las respuestas favorables suelen ser escasas. La vigilancia y el castigo a Pemex transitan en una frontera delgada que termina, muchas veces, en tierra de desobediencia.
Ha habido intentos del gobierno estatal por presionar a Pemex para fortalecer protocolos de seguridad, en especial para evitar daños al suministro de agua. Incluso, en los sexenios de Miguel Alemán y Fidel Herrera, la SEDEMA y la PMA demandaron a Pemex por la recurrencia de afectaciones y por incumplimientos ambientales y sociales, exigiendo indemnizaciones.
DE SOBREMESA
Cabe recordar que Pemex suele otorgar material asfáltico AC-20 a Veracruz por conducto de SEFIPLAN y SIOP.
Estas donaciones —que también incluyen combustible para obras públicas—, tan solo en 2024 sumaron 8 mil toneladas de asfalto (AC-20), 3.0 millones de litros de gasolina Magna, 2.5 millones de litros de diésel y 9 vehículos (3 camiones cisterna y 6 volteos). Todo ello, autorizado bajo el Acuerdo DCAS/2621/2024 con ficha GRS/DE/010/2024, para apoyar proyectos de infraestructura y mantenimiento vial y reforzar capacidades operativas del gobierno estatal, principalmente vía SIOP y SEFIPLAN.
Ojalá que esas donaciones no dejen de seguir presentes y sobre todo ante los embates por inundaciones.
¡ES CUANTO!
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