Juan Luis Parra
Otra empresaria tocada por la mano divina del poder. Otra vez, el cuento de “desarrollo nacional” que en realidad huele a negocio privado con dinero público. Altagracia Gómez Sierra no es solo asesora económica de Sheinbaum. Es, ante todo, la heredera de un emporio que parece tener la extraña habilidad de multiplicar contratos gubernamentales con cada sexenio.
Según investigaciones, la empresa de harina de maíz presidida por Altagracia Gómez, apareció entre las marcas mexicanas cuyos productos terminaron integrando las polémicas cajas CLAP de la dictadura venezolana. Estas despensas, supuestamente diseñadas para combatir el hambre de aquél país, se convirtieron en uno de los mecanismos más documentados de corrupción estructural en Venezuela: contratos opacos, alimentos de pésima calidad, sobreprecios escandalosos y una red de intermediarios ligada al círculo íntimo de Maduro.
¿Casualidad que esa misma empresa haya ganado más de mil millones de pesos en contratos sociales bajo López Obrador y Sheinbaum? ¿Coincidencia que ahora ella coordine el consejo que diseña la política económica del país?
Dicen que el maíz es sagrado en México. Pero aquí, lo que es sagrado son los contratos. Y si los datos no mienten, entre 2019 y 2025, Minsa firmó más de 2,000 con el gobierno. Programas “para el pueblo”, ejecutados por empresas del círculo íntimo.
El descaro no para ahí. Mientras productores del campo pierden derechos de agua por la nueva Ley de Aguas, una que curiosamente deja intactas las concesiones de políticos de la 4T y empresarios aliados, los conglomerados como el de Altagracia no pierden ni una gota. No es menor que su familia también controle Campo Fino, otra agroindustrial con intereses en el sector hídrico. La nueva legislación no castiga al gran capital. Solo cambia de dueño.
Y justo en medio de este montaje, recordemos que a inicios de este mes, Sheinbaum anunció un “nuevo consejo para impulsar la inversión”. ¿Quién está ahí? Carlos Slim, Hank González, Fernández Garza y claro, Altagracia Gómez, fungiendo como puente entre la presidencia y la IP.
Un puente de doble vía: de la política al negocio y del negocio al poder.
¿No que eran distintos? ¿No que se habían acabado los privilegios? El discurso es de transformación, pero el modelo es el mismo de siempre. Cercanía con el poder, contratos a discreción, consejos de empresarios bien peinados y el pueblo viendo desde afuera.
Lo verdaderamente preocupante no es que Minsa haya estado en las cajas CLAP o que ahora presida consejos federales. Lo alarmante es que nadie parezca estar incómodo con ello. Ni medios, ni partidos de oposición, ni sociedad civil. El cinismo se ha normalizado tanto que hasta parecería que eso es lo correcto. Que quien reparte las reglas también se lleve la mayor tajada.
El poder no alimenta. Solo engorda a los de siempre.
