La Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, desde siempre ha sostenido que la gobernanza que se encuentra apoyada en la letra y espíritu de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es un actuar de observancia democrática. Según Don Luis de Gonzaga y Sevilla+, presidente decano de la Academia Mexicana de Derecho Internacional: “todos los conocimientos en esta materia tienen que deducirse y fundamentarse en hechos concretos, no en palabras o promesas; consecuentemente lo que se denomina un buen gobierno no es, sino aplicar el espíritu del Pacto Federal”.
Los actuares históricos de los gobiernos durante las épocas del neoliberalismo y Cuarta Transformación de la República, no nos esclarecen, ni mucho menos convencen y sólo nos proporcionan datos bastantes y suficientes para saber cuál fue el procedimiento que se siguió para corromper a la justicia con el deplorable actuar de la narcopolítica: esos malogrados actuares históricos-políticos nos refieren únicamente que desde que se dio la primera alianza del Estado con el narcotráfico, se extendieron en los Estados Unidos Mexicanos grupos delincuenciales que se infiltraron en la vida jurídica de nuestra Nación, formando una comunidad que ahora se cataloga como narco-Estado, cuyo actuar es inapropiado ya que contradice la letra y espíritu de la Carta de Carranza.
México y nuestra Suprema Ley, en éste segundo piso de la Cuarta Transformación de la República, de manera imperiosa necesita defenderse de esa pésima actuación en el ayer y, promover, en el hoy, la prosperidad y bienestar de nuestra República democrática. La narcopolítica, gracias a esa primera alianza del Estado con ella, en la actualidad ha tomado proporciones impensables debido a la multiplicación del tráfico de fentanilo.
La historia política nacional, por desgracia nos relata sobre la pésima influencia que la voluntad de la narco-política ha tenido en la elección de quienes a la postre resultaron malos gobernantes. Para combatir y extinguir el origen y la formación de tan despreciable fenómeno jurídicopolítico, tendría la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, en su carácter de Primera Magistrada de la Nación, ordenar de manera firme, categórica y enérgica que desde ya se aplicara el Código Penal Federal en contra de aquél despreciable servidor público que por enriquecerse, en aquella época, actualizó una alianza con delincuentes dedicados al tráfico de clorhidrato de cocaína.
La expresada forma de actuar jurídico-político daría como lógica consecuencia el respeto que se le debe al espíritu y letra de nuestra Constitución Republicana. Esa voluntad jurídico-política tendría que ordenarla y ponerla en marcha la Primera mujer que ha sido electa como Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. El problema que existe para ello es que “el poder del narco-tráfico se infiltró en nuestras instituciones de procuración e impartición de justicia”, como bien lo expresó un ex presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
Lamentablemente aquella infiltración aún persiste.
Es cuánto.
Lic. Alberto Woolrich Ortiz.
Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C..
