- Hoy, el concepto resulta ambiguo y nos preguntamos: ¿para qué?
Miguel A. Rocha Valencia
Casi todos los días nos recetan aquello de la soberanía, que puede llevarse a cualquiera de las actividades de la vida del país, pero en los tiempos actuales el concepto cobra relevancia en materia política y territorial y se presta a la interpretación de cada quien, aunque desde el poder suena hueco cuando se trata de presuntos criminales comunes o de cuello blanco.
Por ejemplo, tal vez sería bueno enarbolarla en relación con los mandos de las Fuerzas Armadas que, según la periodista María Idalia Gómez, deben ser certificados o autorizados por los comandos Norte y Sur del Ejército estadounidense, y no cuando se ofrece “ayuda” o se amenaza con intervención directa para capturar a delincuentes.
En el primero de los casos se actúa con discreción y no se hacen aspavientos soberanos, a pesar de que se “sugieren” y realizan cambios militares a nivel de subsecretarías u oficialías mayores, básicamente en las áreas de inteligencia y seguridad, donde el palomazo no lo da la jefa suprema de las Fuerzas Armadas mexicanas, sino los mandos castrenses del “otro lado”.
Pero cuando se mencionan ayudas o acciones directas para capturar criminales, rechazamos toda intervención, a pesar de que de “allá” nos llega toda la inteligencia para lograr acá los grandes decomisos, el desmantelamiento de narcolaboratorios y la captura de “generadores de violencia”.
Enarbolamos siempre la soberanía como si fuera un escudo inviolable y protector, en este caso, para que “nuestros” delincuentes sean intocados por fuerzas de seguridad extranjeras y que sólo las nacionales puedan actuar contra ellos.
La cuestión es que, si con ayuda o acciones directas nos pueden liberar no sólo del flagelo de la narcoviolencia —que hasta el momento y, en números oficiales, ha quitado más de 235 mil vidas—, mantiene a medio país bajo el yugo de la extorsión y es causante de miles de desapariciones, ¿por qué no aceptarla? Eso eliminaría presión al actual gobierno, sin duda.
No se habla de una invasión, sino de un apoyo directo que de suyo ya se ha dado para dar, capturar o eliminar la amenaza criminal, sobre todo cuando, según el discurso, existe la decisión política de combatirla hasta sus últimas consecuencias.
En todo caso, enarbolar la soberanía territorial con base en que “nosotros podemos”, pero no cumplimos ya sea una petición o exigencia del país más poderoso del mundo, pareciera dar la impresión de que en México cuidamos o protegemos a nuestros criminales, que, por cierto, a estas alturas, según los datos oficiales, en los primeros 15 meses del presente gobierno se han detenido a 40 mil 735 delincuentes que generaban violencia en las calles.
Eso dice el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, cuyas cuentas de asesinatos son contradictorias cuando se habla de un crecimiento de los desaparecidos.
Pero además —y esos son los números que no satisfacen a la administración de Donald Trump—, en lo que va de la actual administración se han asegurado también 318 toneladas de droga, incluyendo cuatro millones de pastillas de fentanilo, aunque se asegura oficialmente que no se produce esa droga en territorio mexicano.
Además, se han asegurado 21 mil 400 armas de fuego y se han desmantelado mil 887 laboratorios para la producción de metanfetaminas, lo que representa un impacto importante de millones de pesos para los grupos criminales.
Claro, podríamos pecar de ingenuos si creemos que el reclamo estadounidense es por los delincuentes comunes, pero tampoco podemos afirmar que se refieren a los sujetos políticos incrustados en las altas esferas del poder y que se sienten intocables, inmunes por ser parte de una administración que se afirma, además de corrupta, estrechamente ligada a la delincuencia organizada.
Por eso preguntamos: ¿por qué desestimar ayuda frente a un fenómeno que golpea a millones de mexicanos?
¿Se trata de administrar un problema o de resolverlo?
