Un antiguo profesor de la Facultad de Derecho, viejo, tan anciano que superó el ciclo de su vida; maestro de maestros que durante su hacer profesional observó mucha legalidad e ilegalidad y con sus profundas arrugas dio cara a la corrupción de quienes no creyeron en nada, ni en honor, ni en deshonor, ni en privilegios políticos o jurídicos, nos enseñó que la corrupción en el ámbito de procuración e impartición de justicia es la peor de todas, debilita y ensombrece las instituciones y nuestro Estado de Derecho.
Es digno de comentarios y elogios el pensar de Don Fernando Castellanos Tena, ya que fue más allá de la materia del Derecho Penal, a manera de resumen y acorde a sus enseñanzas, se debe de establecer que cualquier fenómeno de corrupción es indeseable, pero los fenómenos de corrupción en el entorno de procuración e impartición de justicia son deshonrosos para México, peligrosos, indeseables, toda vez que la justicia es el principal soporte de la Soberanía del Estado, en su ámbito se ejerce el control y constitucionalidad de las leyes y actos de autoridad, por ello resulta imprescindible que aquellos funcionarios que la procuran e imparten honren la función que representa su misión constitucional, que actúen con decoro para enaltecer la alta función de la toga impuesta.
Para desgracia de México y de su justicia no siempre ha acontecido así, existen y existieron fenómenos de corrupción en el neoliberalismo y en la Cuarta Transformación de la Nación, los cuales dieron origen a que se prostituyera la justicia, se creara el fenómeno de la narco-política y, consecuentemente de la impunidad, ya que hasta la fecha ese problema no se ha querido investigar y sancionar.
Atentos a los extremos señalados no es de extrañar que en la actualidad una nación extranjera mal pretenda extraterritorialmente aplicar el derecho que le confiere su propia Constitución, para con ello afectar la soberanía de nuestro México.
Dejando a un lado lo expuesto, que solo compete al Derecho Internacional, existe un coto para ello, hacer frente a esa situación de crisis o de emergencia con la aplicación del Código Penal Federal, a fin de investigar ese fenómeno de la narco-política, indagando y sancionando ello se suprimirá o debilitará el vínculo jurídico internacional para evitar una lesión a esa soberanía nacional.
Es el momento indicado para que el Poder Ejecutivo Federal deje de emplear métodos de omisión y se siga brindando impunidad al narco-político que prostituyó a la justicia.
Es cuánto.
Lic. Alberto Woolrich Ortiz.
Presidente de la Academia de Derecho Penal
del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C..
