Miguel Ángel Cristiani
Hay obras públicas que nacen para servir al interés colectivo y otras que se construyen para alimentar la vanidad, el negocio y la impunidad. En Veracruz, el Aquarium y el Nido del Halcón se han convertido en símbolos de lo segundo: proyectos que, lejos de enaltecer al estado, exhiben una forma de gobernar donde el dinero público se diluye entre sobrecostos, improvisación técnica y un desprecio alarmante por la legalidad y el bien común.
Los datos son contundentes y no provienen de rumores ni de oposiciones políticas, sino de observaciones formales de los órganos fiscalizadores. En el Aquarium de Veracruz se documenta un daño patrimonial superior a los 83 millones de pesos por trabajos mal ejecutados que, además, ponen en riesgo a las especies que ahí se resguardan. No es una falta menor: cuando una obra pública compromete la vida de seres vivos bajo custodia del Estado, el problema deja de ser administrativo y se vuelve ético.
El Aquarium no es un centro comercial ni un capricho turístico; es un espacio de conservación, investigación y educación ambiental. Intervenirlo sin sustento técnico, sin protocolos adecuados y con contrataciones opacas es una irresponsabilidad grave. No solo se afecta el erario, también se vulnera un compromiso con la ciencia, la biodiversidad y la sociedad. El dinero puede recuperarse —al menos en teoría—, las especies dañadas no.
Pero si el Aquarium nada en aguas turbias, el Nido del Halcón vuela directo hacia el escándalo. Las observaciones alcanzan los 87 millones de pesos y se suma un sobrecosto que ronda los 200 millones. Un proyecto que se presentó como emblema del desarrollo deportivo y urbano terminó convertido en un monumento a la mala planeación y al dispendio. Cuando una obra triplica o duplica su costo original, no hay narrativa que lo justifique: hay fallas, abusos o ambos.
La historia es conocida y repetida en Veracruz. Se anuncian proyectos con bombo y platillo, se colocan primeras piedras, se prometen beneficios sociales y, al final, aparecen los números rojos. El problema no es la obra en sí, sino el modelo de gestión: licitaciones poco claras, supervisión deficiente, modificaciones de contrato sin explicación pública y una tolerancia institucional que raya en la complicidad.
Conviene poner esto en perspectiva histórica. Veracruz viene de una larga noche de saqueo y simulación. La sociedad veracruzana escuchó durante años que “ahora sí” se acabaría la corrupción, que las nuevas administraciones serían distintas, que la honestidad sería norma y no discurso. Sin embargo, los informes de fiscalización siguen contando la misma historia, solo con diferentes nombres y escenarios.
Aquí es donde la firmeza de criterio es indispensable. No se trata de descalificar por deporte ni de convertir cada observación en sentencia. Se trata de exigir explicaciones claras, procedimientos transparentes y, cuando corresponda, sanciones ejemplares. El dinero público no es botín ni margen de error; es recurso social que debe administrarse con rigor quirúrgico.
El daño patrimonial no es una abstracción contable. Son hospitales que no se equipan, escuelas que no se rehabilitan, carreteras que no se mantienen. Son prioridades desplazadas por proyectos mal pensados o peor ejecutados. Y cuando, además, se pone en riesgo a especies animales o se inflan costos sin justificación, el mensaje es devastador: el control se perdió o nunca existió.
La Ley es clara. La responsabilidad administrativa y, en su caso, penal, no se diluye en la burocracia. Los órganos de fiscalización cumplen su papel al señalar. Ahora corresponde a las instancias ejecutoras y a los responsables políticos responder, corregir y rendir cuentas. El silencio, en estos casos, no es prudencia: es confesión tácita.
El compromiso con el lector y con la verdad obliga a decirlo sin rodeos: Veracruz no puede normalizar el despilfarro ni acostumbrarse a que las observaciones millonarias se archiven como si fueran trámites menores. Cada peso observado es una alerta. Cada sobrecosto injustificado es una falla del sistema. Y cada riesgo asumido sin sustento técnico es una traición al interés público.
Porque cuando el dinero público se hunde en acuarios mal intervenidos y se eleva en estadios inflados, el verdadero espectáculo no es deportivo ni turístico: es el de una corrupción que sigue nadando y volando impune.
