Rúbrica
Por Aurelio Contreras Moreno
La agresión sufrida por la periodista Heidi Castellanos, empujada por una integrante de la escolta de Rocío Nahle mientras intentaba cuestionarla en un evento público en Coatzacoalcos, no es un hecho aislado ni anecdótico. Es la expresión de un patrón de hostigamiento que se ha venido consolidando contra la prensa crítica en la entidad y que tiene como protagonista a la propia Nahle, quien ha convertido la intolerancia hacia los cuestionamientos periodísticos en su marca personal y por lo visto, en una política de su gobierno.
La escena no deja mucho a la interpretación: una reportera que cumple con su deber de preguntar por hechos de violencia extrema en el sur de Veracruz –una fosa clandestina con varios cuerpos enterrados- es agredida físicamente por una agente de seguridad –que cuenta con antecedentes de haber atacado ya a otras mujeres comunicadoras- cuyo trabajo es proteger a la funcionaria, pero no agredir a la ciudadanía. El mensaje es inequívoco: quien se atreva a incomodar a Nahle, que se atenga a las consecuencias.
Pero lo más grave vino después. En lugar de condenar la agresión y garantizar respeto a la labor periodística, el aparato estatal se activó para revictimizar a Heidi Castellanos. El director de Radiotelevisión de Veracruz (RTV), Alejandro Esteban Sosa Benítez –de quien además de su mediocre desempeño, solo se le conoce por ordenar a los reporteros pedir “moches” por las notas al aire en la emisora-, difundió un video en el que insultó a la reportera, la llamó “provocadora”, insinuó que buscaba “chayote” y hasta auguró la desaparición de las dos televisoras privadas más importantes del país, TV Azteca y Televisa, en un alarde de prepotencia, fanatismo y estupidez, que claramente dejan ver su incapacidad para ocupar un cargo público. Y menos, al frente de un medio de comunicación estatal, de lo que es evidente no tiene peregrina idea el aspirante a bufón de la corte.
Lo ocurrido con Heidi Castellanos –a quien le expreso mi más amplia solidaridad- se inscribe en una estrategia más amplia: deslegitimación sistemática de periodistas críticos, acusándolos de “vendidos” o “provocadores”; el uso de los medios públicos como RTV para difundir propaganda oficial y ataques contra voces disidentes, en el mismo estándar de la escoria en la que la “4t” ha convertido emisoras alguna vez prestigiadas como Canal Once; y lo peor: la normalización de la violencia de parte del Estado, justificada en el discurso oficial.
Esta conducta, que se ha vuelto sistemática en la administración de Nahle –que desde el principio dio a conocer que tenía una “lista negra” de periodistas y medios “incómodos”-, revela un odio profundo hacia la prensa crítica. Nahle no tolera el cuestionamiento y recurre a la fuerza del Estado para acallarlo. La agresión física y la agresión discursiva forman parte de la misma maquinaria: primero se golpea, luego se difama. Y si no entiendes, más tarde que temprano se persigue.
El papel de RTV en este episodio es particularmente decadente. Han convertido a la emisora estatal ya no solo en un instrumento de propaganda vulgar, sino ahora también en un arma de persecución política. Ni en el sexenio más autoritario del pasado se atrevieron a hacer algo así.
En este contexto, el silencio de las instituciones locales que deberían garantizar la libertad de expresión y velar por la seguridad de los periodistas solo vuelve a demostrar que son cómplices de la violencia contra los comunicadores veracruzanos. Hasta el momento de redactar estas líneas, la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP) no ha sacado la cabeza de la tierra donde la tiene escondida, no vaya a ser que pierdan las prebendas que reciben los peores comisionados en la historia de ese organismo. Y vaya que es decir.
El mensaje que se envía es que agredir periodistas no tiene consecuencias. Pero al final del día, lo que queda de manifiesto es el miedo, disfrazado de odio, que le tienen a la verdad.
Zona de terror
Y hablando del miedo a la verdad. El sur de Veracruz, donde secuestran y matan empresarios, cobran derecho de piso a escuelas primarias, hay cientos de fosas clandestinas y dejan restos humanos en hieleras en la vía pública, es una verdadera zona de terror. Les guste o no les guste, dijeran por ahí.
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