Juan Luis Parra
La reforma electoral llegó al Congreso… con plan B incluido.
Eso ya dice bastante.
Después de retrasos, ajustes y reuniones en Palacio Nacional, la presidenta finalmente envió su iniciativa a la Cámara de Diputados. Cambiar 11 artículos constitucionales, reducir el financiamiento a los partidos, recortar el Senado y modificar el sistema de plurinominales. Una cirugía mayor al sistema electoral.
Pero el detalle incómodo apareció en la mañanera.
La presidenta dijo que, si la reforma no se aprueba, eso no sería una derrota. Que siempre hay otras rutas. Que incluso existe un plan B mediante leyes secundarias.
No.
Si una reforma constitucional central para tu gobierno fracasa en el Congreso, claro que es una derrota. Y no una menor.
Sobre todo cuando el oficialismo ya hizo prácticamente todo para garantizarse el control legislativo.
Morena y sus aliados construyeron una mayoría enorme en la Cámara de Diputados. Una mayoría que supera por mucho el porcentaje de votos que obtuvieron en las urnas. Una mayoría diseñada justamente para algo: cambiar la Constitución cuando quisieran.
Esa era la apuesta.
Controlar el Congreso para reescribir las reglas.
Y aun así, hoy esa mayoría no alcanza.
La oposición está cerrada. Eso era previsible. Pero lo verdaderamente revelador es lo que ocurre dentro de la propia coalición gobernante.
El Partido del Trabajo y el Partido Verde ya dejaron ver incomodidades. No se sienten parte de la reforma. Les preocupa que altere demasiado el equilibrio político. Algunos incluso advierten que podría concentrar demasiado poder en el partido dominante.
Cuando los aliados empiezan a dudar, algo no cuadra.
El argumento del gobierno es sencillo: la reforma busca abaratar la democracia. Menos dinero para partidos, menos legisladores, nuevas reglas de fiscalización y hasta regulación de propaganda generada con inteligencia artificial.
Todo suena razonable en el discurso.
Pero en política las reformas electorales nunca son neutrales.
Siempre tienen beneficiarios.
Por eso el debate ya se volvió áspero incluso antes de empezar. La oposición acusa que el proyecto inclina la cancha. Algunos ya la bautizaron con un nombre provocador: la “Ley Maduro”.
Exageración o no, el apodo revela el clima político.
Y en medio de todo esto aparece otra pregunta incómoda.
Hoy la presidenta parece rodeada y rebasada por demasiados centros de poder dentro de su propio movimiento. Está atrapada entre el Verde y el PT, entre los obradoristas duros de Morena, entre Ignacio Mier, Adán Augusto López en el Senado y Ricardo Monreal en la Cámara de Diputados.
Demasiadas manos en el volante.
Como dijo anoche Carlos Loret: “La presidenta parece secuestrada. Presidenta, si está secuestrada, parpadee dos veces porque desde aquí se ve que sí”.
Ni la enorme victoria electoral de Morena en 2024 alcanza para compensar otra cosa: la evidente falta de operación política en el entorno presidencial.
Un equipo tan torpe que ni siquiera cuida los detalles más básicos.
En la pantalla gigante de la mañanera, ese centro neurálgico del poder morenista, prácticamente la única sala real de poder en estos sexenios, apareció un error ortográfico en el título del PowerPoint donde presentaron su “Décalogo por la democracia”. Se les fue una tilde frente a todo el país.
Un detalle menor, dirán algunos.
Pero si así cuidan la ortografía del título, imagínese cómo estará redactada la reforma… y con qué precisión estarán calculados los movimientos políticos de Sheinbaum.
