- Informalidad y subsidios generalizados, “vicios económicos” caros
Miguel A. Rocha Valencia
Dicen los expertos que si Hacienda hiciera su tarea más allá del escritorio y de los causantes cautivos, podría duplicar los ingresos tributarios en varios centenares de miles de millones de pesos, especialmente en materia de Impuesto Sobre la Renta que para 2025 representaron cerca de tres billones de pesos de los cinco billones 351 mil 680 millones de pesos de la recaudación total.
Tan sólo al empezar este año, la recaudación por ISR sumó 330 mil de los 838 mil millones de pesos de los ingresos tributarios donde el resto se derivó del IVA, IEPS y otros como el impuesto sobre nómina de las empresas.
Recordemos que el ISR lo pagan tanto personas físicas como morales que generen ingresos, tales como empleados, freelancers, arrendadores, emprendedores y empresas. Es un impuesto directo sobre la utilidad o sueldo obtenido por empresas y trabajadores.
El tema es que para que se retenga el ISR, personas físicas y morales deben estar registrados bajo las diversas modalidades que establece la secretaría de Hacienda a través del SAT, pero resulta que en México la informalidad en México abarca más del 50 por ciento de la economía, lo cual indica que el 56 por ciento de personas físicas y morales, simplemente no cotizan ese impuesto.
Lo que es peor, se calcula que 33 millones de trabajadores informales no aportan Impuesto Sobre la Renta, como tampoco lo hacen más de cinco millones de unidades económicas clasificadas como mipymes y que se encuentran en la informalidad, que de esa forma dejan de cotizar ISR y otros impuestos como el de nómina y las respectivas cuotas al IMSS, Infonavit y prestaciones.
Expertos del Banco de México, OCDE y analistas privados, platean que la informalidad en nuestro país es un fenómeno estructural motivado por la evasión fiscal, sobre regulación y búsqueda de flexibilidad laboral, afectando la seguridad social y profundizando desigualdades, con tasas superiores al 70-80% en agricultura y comercio.
El fenómeno crece y al inicio de este 2026, la tasa de informalidad laboral se ubicó entre 54.9 por ciento y el 55 por ciento afectando a 33 millones de los 60 millones de trabajadores que conforman a población económicamente activa mayor de 15 años especialmente en los sectores del comercio, los servicios, construcción y transporte donde las jornadas de trabajo y salarios son regulados. El trabajo aquí sería del personal del SAT en campo y no en escritorio.
Respecto a los subsidios, incluyendo a los que no son considerados como tales porque se inscriben en programas sociales cuyo fin es poner piso parejo en la sociedad, los analistas plantean que no se cumple con dicho fin y que en cambio generan mayor desigualdad.
El caso es que ahí se destinan para el 2026 más de dos billones 800 mil millones de pesos que incluyen un aumento del 4.4 por ciento respecto al 2025, de los cuales casi la mitad se va al pago de pensiones contributivas (IMSS, ISSSTE, Sedena y otras) así como las del bienestar que son generalizadas, buscando consolidar los programas de bienestar, educación y salud con “enfoque humanista”.
Empero, el análisis de quienes saben del tema indica que a pesar del aumento, persisten desafíos para garantizar su función redistributiva, ya que gran parte de los recursos beneficia a población asegurada, acentuando disparidades, y el gasto en pensiones contributivas crece diez veces más que el educativo.
El mismo establece que los subsidios enfrentan el reto de ser verdaderamente progresivos y no solo universales, garantizando que el impacto se concentre en los sectores más vulnerables. “El presupuesto busca el equilibrio entre la sostenibilidad de la deuda y el cumplimiento de derechos sociales”.
De ahí que el gasto en subsidios es clave para reducir la desigualdad, fomentar el desarrollo y garantizar derechos. No obstante, el presupuesto para 2026 revela desafíos pendientes para asegurar esos apoyos cumplan realmente su función.
Por ejemplo, los mismos seis mil pesos bimestrales que recibe un adulto de colonia proletaria o sector rural, lo cobra una persona de la Lomas de Chapultepec o Polanco, es decir, la universalidad contribuye a incrementar la desigualdad.
Es por ello que si el tema no fuera político sino económico, seguramente en Hacienda se haría el trabajo selectivo para que los subsidios en donde se incluyen los programas sociales se entregaran a quienes los necesitan y están en desventaja, pero como son de mero clientelismo, para conseguir el agradecimiento del respetable, pue se seguirá fomentando esa desigualdad que se profundiza cada vez más en el país en vez de reorientar el gasto a sectores que lo necesiten realmente.
