Astrolabio Político
Por: Luis Ramírez Baqueiro
“Que el diálogo de las armas deje lugar a las armas del diálogo”. – Juan Pablo II.
El reciente informe de Integralia Consultores no solo documenta cifras: expone una herida abierta en la vida pública del país. Con 382 incidentes de violencia político-electoral en 2025 —el segundo nivel más alto desde 2018—, México confirma una tendencia alarmante donde la violencia ha dejado de ser una anomalía para convertirse en instrumento sistemático de presión y control territorial.
El dato, por sí mismo, es inquietante. Pero lo es aún más cuando se observa su composición: casi la mitad de los casos corresponden a homicidios dolosos. Es decir, la disputa política ya no se libra únicamente en las urnas, sino en escenarios donde la intimidación armada y la eliminación física de adversarios se han normalizado como mecanismos de competencia. En este contexto, la democracia mexicana enfrenta un desafío estructural: la infiltración y captura de espacios públicos por parte del crimen organizado.
En la entrevista realizada por este reportero a Jorge Saulo Davila, consultor experto en seguridad de Integralia Consultores, se advierte con claridad que estos fenómenos no son aislados ni espontáneos. Responden a una lógica de control territorial donde los grupos criminales buscan incidir en quién gobierna, cómo gobierna y para quién gobierna. La violencia, en este sentido, no es un efecto colateral: es una estrategia deliberada para moldear el poder político desde las sombras.
Veracruz se erige como el epicentro de esta crisis. Con 104 casos documentados, la entidad encabeza la lista nacional. No es casualidad. Su compleja geografía, la disputa por rutas estratégicas y la fragmentación institucional han convertido al estado en un laboratorio donde confluyen intereses criminales y debilidades gubernamentales. Pero más allá del número, lo preocupante es el mensaje: ejercer la política en amplias zonas del territorio implica hoy un riesgo real para la vida.
Este escenario plantea una paradoja inquietante. Mientras el discurso oficial insiste en la construcción de paz y el fortalecimiento del orden social, la realidad evidencia una disputa activa por el control del poder local. Los municipios —donde ocurre el 79.3% de las agresiones— se han convertido en el eslabón más débil de la cadena institucional, vulnerables ante la presión de actores que operan con mayor capacidad de coerción que el propio Estado.
La violencia político-electoral no solo amenaza a candidatos o funcionarios; erosiona la confianza ciudadana, distorsiona la voluntad popular y vacía de contenido el principio democrático. Cuando un aspirante decide no contender por miedo, o cuando una comunidad vota bajo coacción, la democracia deja de ser una expresión libre para convertirse en una simulación condicionada.
Lo más preocupante es la falta de respuestas estructurales. Como advierte el propio informe, las reformas electorales en discusión no contemplan medidas específicas para enfrentar este fenómeno. Se legisla sobre procedimientos, pero se omite el contexto de violencia que los condiciona.
México no enfrenta únicamente un problema de seguridad; enfrenta un desafío de supervivencia democrática. Si el crimen organizado continúa expandiendo su influencia sobre los procesos electorales, el riesgo no es solo la inestabilidad política, sino la consolidación de un modelo donde el poder se decide fuera de la ley. Y en ese escenario, la democracia —como ideal y como práctica— se convierte en la primera víctima.
Al tiempo.
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