Astrolabio Político
Por: Luis Ramírez Baqueiro
“La confianza es madre del descuido”. – Baltasar Gracián.
Hay decisiones de gobierno que no solo impactan en la economía familiar, sino que erosionan la confianza ciudadana. Lo ocurrido recientemente con la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) en Veracruz es un ejemplo claro de cómo una medida mal comunicada —o peor aún, deliberadamente opaca— puede convertirse en un agravio para quienes sí cumplen.
Durante décadas, el pago de la tenencia vehicular ha sido un tema sensible. No es menor: representa uno de los puntos de contacto más directos entre el ciudadano y el aparato recaudador. Por ello, cuando en el gobierno de Fidel Herrera Beltrán se instauró el subsidio a la tenencia, se hizo bajo una lógica de incentivo al cumplimiento, estableciendo un periodo claro: los primeros cuatro meses del año, de enero a abril, tal como lo mandata el artículo 136 del Código Financiero vigente.
Ese acuerdo tácito entre gobierno y contribuyente se rompió de tajo. El pasado 30 de diciembre de 2025, en una maniobra poco transparente, se publicaron decretos que, por un lado, otorgaban facilidades a propietarios morosos mediante el llamado “ordenamiento vehicular”, pero por otro, recortaban el periodo de subsidio de la tenencia a solo tres meses en 2026, es decir, hasta marzo.
El problema no es solo la reducción del plazo. El verdadero fondo es la forma: no hubo campaña informativa dirigida a los contribuyentes cumplidos. La difusión se concentró en los beneficios para quienes adeudaban. Así, miles de veracruzanos que históricamente pagan en abril —muchos tras el respiro económico que suele dar la temporada vacacional— se encontraron, de la noche a la mañana, convertidos en deudores.
¿El mensaje implícito? En Veracruz, parece que sale más barato no cumplir a tiempo.
Esta decisión no solo contradice el espíritu del propio marco legal, sino que golpea directamente la credibilidad del gobierno que encabeza Rocío Nahle García. Porque mientras el discurso oficial habla de orden, justicia y transformación, en los hechos se premia la morosidad y se castiga la disciplina fiscal.
Si en verdad se busca fortalecer la cultura contributiva, el camino no puede ser la simulación ni la sorpresa. La política fiscal debe ser predecible, equitativa y, sobre todo, transparente. De lo contrario, lo que se genera no es recaudación sostenible, sino descontento acumulado.
En otro frente, a punto de cumplirse los primeros 100 días de las administraciones municipales, Poza Rica emerge como un caso que ilustra los riesgos de la politización en contextos delicados.
La alcaldesa Adanely Rodríguez Rodríguez ha tenido que gobernar en condiciones complejas, heredando problemas estructurales que no se resuelven con discursos ni ocurrencias. Aun así, diversos sectores reconocen que ha logrado sostener la operación municipal en medio de un entorno adverso.
Sin embargo, en días recientes, la ciudad volvió a colocarse en el centro de la polémica tras una movilización que, lejos de abonar a la claridad de los hechos que la motivaron, abrió la puerta a cuestionamientos sobre su trasfondo político.
Diversas versiones apuntan a la participación de militantes y simpatizantes de Movimiento Ciudadano en la organización y desarrollo de la protesta. Esto, en medio de un clima estatal ya marcado por la infodemia, enrarece aún más el ambiente social.
El problema no es la protesta en sí —derecho legítimo en cualquier democracia—, sino su posible instrumentalización. Cuando temas sensibles, particularmente aquellos vinculados a la seguridad y la justicia, se convierten en herramientas de posicionamiento político, el resultado suele ser la polarización y la desinformación.
Las investigaciones están en curso y corresponden a la autoridad competente. Pero lo que sí es evidente es que este tipo de acciones no contribuyen al esclarecimiento de los hechos. Por el contrario, pueden desviar la atención, generar incertidumbre y debilitar la confianza en las instituciones.
En momentos como este, la responsabilidad política debería traducirse en prudencia. Apostar por el ruido, por la narrativa fácil o por la confrontación, puede tener costos altos para una sociedad que ya enfrenta suficientes desafíos.
Veracruz no necesita más sobresaltos ni decisiones en lo oscurito. Necesita claridad, legalidad y responsabilidad. Tanto en la política fiscal como en la vida pública, el principio debería ser el mismo: no castigar al ciudadano cumplido ni jugar con la estabilidad social.
Porque cuando el gobierno falla en lo básico —informar, respetar reglas, actuar con transparencia— abre la puerta a algo más peligroso que la crítica: la desconfianza. Y esa, una vez instalada, es mucho más difícil de revertir.
Al tiempo.
astrolabiopoliticomx@gmail.com
“X” antes Twitter: @LuisBaqueiro_mx
