EN MI OPINIÓN
Emilio Trinidad Zaldívar
El desorden político y la confrontación de diversos personajes y de sus grupos de poder crece y se extiende en Baja California, porque no ha habido quien desde el centro del país ponga un alto y un límite a la insensatez, a la degradación, a la barbarie y a la auto flagelación en la que militantes de Morena, que controlan la administración pública en el estado, se encuentran inmersos.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha decidido no intervenir, ni ha ordenado a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez hacerlo, en el pleito que va escalando entre el exgobernador Jaime Bonilla Valdez y la actual gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.
Distraídos en ese choque -quizás de brutales consecuencias para el partido en el poder y que obligará a reacomodos de figuras que de Morena se irán al PT- entre el exgobernador Bonilla Valdez y la gobernadora Ávila Olmeda, no han trascendido otros escándalos también de proporciones incalculables para el gobierno de la fronteriza Tijuana, donde su alcalde Ismael Burgueño Ruiz, está (entre otros diversos y delicados problemas) siendo investigado por la Fiscalía General de la República desde el año pasado, por probables vínculos en lavado de dinero con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Burgueño fue citado a comparecer el 18 de noviembre del 2025, en las instalaciones de la FGR en la Ciudad de México pero no acudió, imputado/acusado por la asignación directa de contratos millonarios del ayuntamiento a empresas ligadas a Fernando Rafael Salgado Chávez, señalado por la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos como operador financiero del (CJNG).
Este empresario Salgado Chávez, militante activo del PAN, y Carlos Torres Torres, ex esposo de la gobernadora Ávila Olmeda, son quienes tienen los verdaderos hilos del poder en Tijuana, donde hacen y deshacen a su voluntad.
Ambos personajes son quienes han nombrado a prácticamente toda la alta estructura administrativa municipal, pero no de servidores públicos de Morena, sino del Partido Acción Nacional, para hacerse de recursos financieros a través de todo tipo de negocios.
Ejemplos sobran de cómo influye en la estructura del poder el empresario Fernando Salgado, aquí algunos: el encargado de Desarrollo Urbano de Tijuana, es Enrique Díaz Pérz; el secretario de Economía, es Pedro Montejo Petersen; Nelly del Carmen Pabello Vega, es la Oficial Mayor, y Fran Ochoa Chávez, en la dirección de Obras e Infraestructura, sólo por citar a algunos personajes muy cercanos al empresario.
No sobra decir que Torres Torres, cuando aún era esposa de la gobernadora, fue nombrado director de “Proyectos Estratégicos”, no solo del gobierno estatal sino del ayuntamiento de Tijuana, cargo aún vigente, desde donde movió y mueve los hilos para cuanto negocio pueda hacer, con todo y que ha caído en desgracia porque muy pronto, como aquí lo dimos a conocer hace más de dos semanas, será solicitado por la justicia norteamericana.
Por la presencia, influencia, poder y peso de estos dos personajes vinculados al PAN, la figura del alcalde Ismael Burgueño Ruiz se hace débil y pequeña.
Recientemente y para incrementar los escándalos en los que se encuentra la administración municipal a cargo de Ismael Burgueño, fue que policías municipales detuvieron y extorsionaron a familiares de la directora del CBP (U.S. CUSTOMS AND BORDER PROTECTION), Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras, de San Ysidro, California, desde donde afirman sus propios agentes que hay una red de narcotráfico en Baja California a la que “las autoridades permiten operar”.
Esta queja llegó hasta la embajada de EU en México y están a la espera de la respuesta del presidente municipal.
Respecto a la policía del ayuntamiento, es secreto a voces que los dos mil 600 elementos que la forman, tienen la “obligación” de entregar mil pesos diarios a su comandante de delegación municipal, lo que significan dos millones 600 mil pesos diarios de “mordidas”.
No se diga lo que hacen con el tema del alcoholímetro, donde su jefe Víctor Manuel Franco Alemán, les exige a sus compañeros, dos mil 500 pesos semanales -entregados los sábados por la noche- a cada uno de los 21 elementos que forman tres grupos de siete.
Aún así, con estos problemas y escándalos a cuestas, Ismael Burgueño -cuya condena previa como deudor alimentario moroso ya era una afrenta a la ética y moral pública, no sólo de la ciudad de Tijuana sino del estado entero- se dice listo para competir como candidato al gobierno del estado, impulsado por el ex marido de la gobernadora y por el empresario Fernando Rafael Salgado Chávez, a quienes los Estados Unidos los tienen en la mira.
SIGUIENDO CON BAJA CALIFORNIA
La lucha por la candidatura de Morena al gobierno del estado está siendo un dolor de cabeza para Claudia Sheinbaum, que sabe que el ambiente político en la entidad fronteriza está más que enrarecido por el desprestigio a cuesta de la gobernadora, y por los otros casos de escándalo que han ensuciado la imagen de la alcaldesa de Mexicali, Norma Alicia Bustamante; de la senadora Julieta Andrea Ramírez Padilla; del presidente municipal de Tijuana que arriba mencionamos, Ismael Burgueño y por el pleito casado y jurado entre Marina del Pilar Ávila y Bonilla Valdez. La única figura que parece se salva es la del ex secretario General de Gobierno, Alfredo Álvarez Cárdenas, que también aspira a la candidatura de Morena.
En ese caldo de cultivo que a todos puede envenenar por aquellas tierras, el millonario empresario Jaime Bonilla quiere hacer valer el peso que asegura hoy tiene el PT en varias partes del país y por ello impulsa a la ex alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, para que busque repetir en ese cargo o para -si le alcanza el impulso- sea la candidata al gobierno estatal por el Partido del Trabajo, pero solos, con sus siglas, no en alianza y sometidos a Morena.
El ex gobernador Bonilla Valdez incluso le ha insistido al presidente de ese partido, Alberto Anaya, que le den todo el apoyo al alcalde de Los Cabos, Baja California Sur, Christian Agúndez Gómez, para ir por el gobierno del estado pero de igual forma, solos, aun y cuando el alcalde de ese paradisiaco lugar, traiga un verdadero enredo por sus vínculos con los “chapitos”.
Otras dos figuras muy conocidas y con amplia trayectoria y experiencia en la política por sus largos, larguísimos años en la administración pública federal y estatal, son Fernanado Castro Trenti, diputado federal y Amador Rodríguez Lozano. Ambos -hoy distanciados- quieren ser considerados y evaluados para la encuesta interna o para en su caso, tomar el relevo de la debilitada gobernadora Del Pilar Ávila Olmeda. Dos verdaderos gallos de pelea. Amador le provoca náusea a la gobernadora, pero cualquiera de los dos, podría recomponer la política local y corregir el rumbo, la ruta y el destino de Baja California.
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