La solicitud de extradición de Estados Unidos en su contra, expone una presunta red de funcionarios sobornados, el montaje para encubrir el asesinato de Héctor Melesio Cuén y el blindaje político de Morena
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York lo acusa de narcotráfico, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y protección al Cártel de Sinaloa. Según la imputación, habría llegado al gobierno con apoyo de “Los Chapitos”, promovido a operadores afines en áreas de seguridad y recibido beneficios millonarios a cambio de permitir la ruta de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina hacia Estados Unidos. Mientras el gobierno de Claudia Sheinbaum refugia la decisión en tecnicismos legales y dirigentes políticos de Morena cierran filas a su alrededor, la justicia estadounidense exige la detención del mandatario con fines de extradición. El escándalo rebasa la corrupción de un funcionario y exhibe a un bloque político, que convirtió la protección partidista en mecanismo de impunidad
Alberto Carbot
El pedestal de cristal sobre el que Rubén Rocha Moya ha construido su administración parece desintegrarse desde este miércoles, bajo el peso de un expediente judicial en Nueva York. La solicitud de extradición enviada por el gobierno de Estados Unidos es más que un trámite burocrático, parece el acta de defunción de una narrativa política basada en la negación sistemática de sus vínculos con el crimen organizado, solapado primero por Andrés Manuel López Obrador y hoy protegido por el manto presidencial de Claudia Sheinbaum. Rocha Moya ya no es el académico que devino en gobernante, sino hoy un objetivo prioritario de la justicia internacional.
La solicitud de extradición presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra él y respaldada por la DEA, señala un patrón de protección al Cártel de Sinaloa que se habría gestado durante años en el corazón del gobierno sinaloense. Pero lo que hace singular este caso, es que se trata de un mandatario en activo, electo por Morena, cuya defensa ha optado por un discurso de victimización política, en lugar de enfrentar los señalamientos de fondo.
La acusación expone una realidad que en Sinaloa se susurraba con pánico y en la capital se solapaba con cinismo. El documento judicial detalla una estructura de mando donde el despacho del gobernador fungía como oficina de gestión para los intereses de “Los Chapitos”. Esta alianza, forjada presuntamente desde la campaña de 2021, transformó las instituciones de seguridad estatal en una extensión operativa del Cártel de Sinaloa.
Pero la infamia alcanzó su punto máximo con el intento de fabricar un video falso para encubrir el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, cuya puesta en escena en una gasolinera pretendió ocultar que el crimen ocurrió en el mismo lugar donde Ismael “El Mayo” Zambada fue emboscado. Rocha Moya intentó engañar a la opinión pública mientras los hilos de su complicidad con los hijos de Joaquín Guzmán se tensaban hasta romperse definitivamente.
La lista de los otros nueve imputados como él —varios de ellos bajo su mando—, revela la profundidad de la metástasis en el gobierno sinaloense. Desde el senador Enrique Inzunza Cázarez hasta comandantes de la policía estatal, la red de protección descrita por la DEA muestra un estado capturado; el presupuesto público y las armas oficiales han estado al servicio de una organización terrorista dedicada al tráfico de drogas hacia EU.
Rubén Rocha Moya, el colapso del feudo sinaloense
El cinismo desmaternizado de Rocha Moya al calificar la acusación como una “perversa estrategia” contra la soberanía nacional, resulta ofensivo para las víctimas de la violencia en su estado. Invocar el artículo 40 constitucional para protegerse de cargos por narcotráfico y posesión de armas evidencia una desesperación absoluta, y el gobernador pretende envolverse en la bandera para eludir una condena que podría alcanzar la cadena perpetua en una prisión federal estadounidense.
La Cuarta Transformación enfrenta su prueba de ácido con este requerimiento de extradición. Al calce de las declaraciones de los principales líderes de Morena en ambas cámaras, mantener el apoyo a un gobernador acusado de narcotráfico contradice el discurso de honestidad que el movimiento pregona diariamente. Pero aún más significativo es el silencio de la presidencia de la República ante la gravedad de los cargos, lo cual es una señal alarmante de que la lealtad política pesa más que la justicia penal.
El Departamento de Justicia ha sido contundente: Rocha Moya fue electo gobernador en 2021 con el respaldo de Los Chapitos, la facción heredera del imperio de Joaquín El Chapo Guzmán, y no se trata de una sospecha menor, pues la acusación detalla que esa facción del Cártel de Sinaloa intimidó y secuestró a sus rivales políticos para allanar el camino del entonces candidato de Morena. El costo de esa elección fue una moneda de cambio con los dueños del territorio.
A partir de su victoria, la acusación sostiene que Rocha no solo permitió la operación de Los Chapitos, sino que la institucionalizó. El gobernador promovió a los miembros de esa facción en puestos clave de seguridad dentro de su gabinete, lo cual significó que el aparato de inteligencia y persecución del delito en Sinaloa quedara subordinado a los intereses de una organización criminal.
El documento judicial presentado en Nueva York menciona sobornos millonarios, filtraciones de información sensible y la entrega de territorios para la producción de drogas sintéticas. La lógica es macabra pero muy clara, y ha consistido en brindar protección y recibir millones de dólares en sobornos. Rocha Moya y su círculo cercano habrían recibido pagos mensuales y favores políticos a cambio de mantener a salvo a la estructura de Los Chapitos, y por lo que Washington describe, no es un hecho ocasional, sino una alianza sostenida en el tiempo.
La lista de acusados completa el mapa: el senador Enrique Inzunza, el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez, exsecretarios de Finanzas y de Seguridad, fiscales y mandos policiacos de alto nivel. Esta red de funcionarios no era una colección de individuos aislados, porque conformaban el esqueleto mismo del gobierno estatal. La acusación sostiene que las corporaciones policiacas fueron utilizadas para resguardar cargamentos de droga y eliminar a los objetivos marcados por el cártel; es decir, el Estado de derecho colapsó para dar paso a una administración paralela.
Uno de los casos más reveladores de esta dinámica es la del comandante Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”. La fiscalía alega que este jefe de la Policía Municipal de Culiacán recibió pagos mensuales regulares, y participó directamente en el secuestro, tortura y asesinato de un informante de la DEA y de un familiar suyo en octubre de 2023, prueba tangible de que la estructura de seguridad no solo miraba hacia otro lado, sino que colaboraba activamente para silenciar a quienes colaboraban con Estados Unidos.
En este marco de vinculación directa con la delincuencia organizada, el episodio del asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda adquiere un significado central. El exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa fue asesinado el 25 de julio de 2024, y las primeras versiones de la Fiscalía de Sinaloa señalaron un asalto en una gasolinera de Culiacán como la causa de su muerte. Esa narrativa siempre resultó endeble, pues los reportes inmediatos mostraban inconsistencias que impedían dar por cierta la versión oficial.
La investigación de la Fiscalía General de la República desmontó por completo esa construcción. En octubre de 2024, la FGR confirmó que la escena del crimen en la gasolinera había sido un montaje y los peritos federales detectaron que el lugar había sido alterado para simular un hecho de violencia distinto al real. La conclusión de la FGR fue lapidaria: oficiales de la Fiscalía local participaron activamente en la manipulación de los hechos, y el video difundido por el gobierno estatal para respaldar la versión del asalto a la gasolinera fue sólo una puesta en escena.
La FGR determinó que Cuén Ojeda no murió en esa estación de servicio, sino en la finca de Huertos del Pedregal, el mismo lugar donde Ismael “El Mayo” Zambada fue sometido antes de ser trasladado forzosamente a Estados Unidos. Este hallazgo conectó directamente el crimen del político con la estructura de seguridad local que ahora enfrenta cargos en Nueva York. La coordinación entre autoridades corruptas y el cártel para ocultar un homicidio de alto perfil quedó al descubierto.
Además, la FGR encontró sangre humana en la batea del vehículo utilizado en el montaje; los análisis determinaron que pertenecía a Rodolfo Chaidez, un hombre desaparecido y vinculado al equipo de seguridad de Ismael Zambada. El intento de encubrimiento dejó víctimas colaterales que siguen sin aparecer. La gasolinera fue un escenario, y Rocha Moya —aunque ha dicho que fue él quien solicitó atraer el caso a la FGR para evitar sospechas—, el beneficiario político de una Fiscalía estatal que prefirió fabricar evidencia antes que investigar la verdad.
En cualquier democracia funcional, las acusaciones de esta magnitud contra un gobernador habrían provocado una suspensión inmediata de sus funciones, pero sin embargo, en México, Rocha Moya cuenta con el respaldo explícito de su partido. El 12 de agosto de 2024, veinticuatro gobernadoras, gobernadores y la dirigencia de Morena, encabezada entonces por Mario Delgado Carrillo, firmaron un desplegado de absoluto respaldo, calificando los señalamientos del Mayo Zambada como mentiras y estigmatización. Pero ese texto de apoyo, adquiere hoy otro significado. Lo que entonces se presentó como defensa ante “estigmatización” se enfrenta ahora a una acusación formal en tribunales estadounidenses. Así que la consistencia del respaldo político queda bajo revisión, y si los elementos presentados en Nueva York avanzan, ese documento podría convertirse en evidencia de un cierre de filas prematuro.
Respaldo a Rocha, mientras no se demuestre lo contrario
El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, dijo que Rocha Moya cuenta con el apoyo del movimiento hasta que se demuestre lo contrario. Del mismo modo, el senador Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política, pidió no especular y declaró que Morena no solapa a nadie, pero subordinó cualquier acción a la presentación de pruebas por parte de la fiscalía estadounidense. Ambos discursos son funcionales con el mismo propósito de ganar tiempo y desgastar el señalamiento internacional, para evitar que la extradición prospere antes de las elecciones intermedias de 2027.
La respuesta institucional inmediata de México ha sido, por decir lo menos, evasiva. Reconoció haber recibido la solicitud de detención provisional con fines de extradición, pero, en el siguiente párrafo, su comunicado insistió en que los documentos enviados por Estados Unidos no contienen elementos de prueba suficientes. El gobierno de Claudia Sheinbaum esgrimió también que la solicitud llegó “sin pruebas”, olvidando que el tratado de extradición tiene mecanismos específicos.
Refugiándose en tecnicismos mencionó que será la Fiscalía General de la República (FGR) quien determine si existen elementos probatorios para proceder conforme a la ley mexicana. Esta delegación de responsabilidad en la fiscalía, controlada políticamente por Morena, permite mantener la apariencia de legalidad mientras se construye una defensa política de alto nivel. La pregunta incómoda que nadie responde es por qué la SRE no ha solicitado a la FGR iniciar una investigación paralela en territorio nacional, dada la gravedad de las acusaciones. La cancillería incluso envió un extrañamiento a la Embajada estadounidense por haber filtrado información a la prensa, citando cláusulas de confidencialidad.
El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, advirtió este miércoles en un pronunciamiento que la corrupción que facilita el crimen organizado será investigada y procesada en todos los casos donde aplique la jurisdicción estadounidense. Johnson evitó comentar los hechos específicos, pero fue claro en un punto, en el sentido de que México y Estados Unidos comparten la prioridad de combatir la actividad criminal transnacional y defender el estado de derecho. La declaración diplomática enfría cualquier expectativa de que Washington vaya a retirar los cargos o frenar el proceso.
El conflicto diplomático añade una capa más de complejidad. El tratado de extradición bilateral establece cláusulas de confidencialidad, pero el gobierno de Donald Trump decidió hacer público el caso de inmediato. La filtración intencional busca presionar al gobierno mexicano.
Los delitos de Rocha podrían llevarlo a purgar 40 años mínimo
Rocha Moya enfrenta tres delitos graves según la acusación: conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, y conspiración para poseer dichas armas. La pena mínima obligatoria es de 40 años de prisión, mientras que la fiscalía podría solicitar la cadena perpetua. La magnitud de la sentencia posible refleja la seriedad con que el sistema judicial estadounidense trata el caso, porque no se trata de una acusación menor, que al mismo tiempo es un golpe directo a la cúpula del gobierno sinaloense y a la administración federal.
Sin embargo, el gobernador ha respondido con el libreto automático. Rechazó las imputaciones, calificándolas de carentes de veracidad y fundamento y argumentó que la acusación “es un ataque” al movimiento de la Cuarta Transformación y a la soberanía nacional consagrada en el artículo 40 constitucional. Su estrategia de defensa evita deliberadamente referirse a los hechos concretos, como el supuesto apoyo de Los Chapitos durante su campaña o las reuniones con líderes criminales que menciona el indirectamente. La victimización política es un recurso conocido y esgrimido por la 4T, pero ya empieza a mostrar sus costuras.
La importación de fentanilo y cocaína hacia Estados Unidos ha sido señalada como la principal fuente de ingresos del Cártel de Sinaloa y la acusación sostiene que Rocha Moya y los otros nueve imputados habrían utilizado su poder público para garantizar que cientos de toneladas de drogas cruzaran la frontera sin interferencias.
El senador Enrique Inzunza, uno de los acusados y cercano colaborador de Rocha Moya, desapareció del pleno del Senado este miércoles, el mismo día en que se hicieron públicas las acusaciones. Registró su asistencia por la mañana, asistió a una reunión de Morena y luego no regresó. Rocha, por su parte, continúa despachando en el Palacio de Gobierno de Culiacán, como si no pasara nada, o al menos dando la impresión que nada ocurre a su alrededor. La oposición, encabezada por el PAN y el PRI, ha exigido que solicite licencia y comparezca ante el Senado. La demanda es hasta cierto punto lógica, dado que un gobernador acusado de narcotráfico por una potencia extranjera no debería seguir gobernando mientras se define su situación legal.
Visto en su plena magnitud, el caso no es sólo una crisis para Sinaloa, sino es un termómetro del estado de derecho en México. Mostrará si México está dispuesto a proteger a funcionarios acusados de narcotráfico con tal de no desgastar a su propio partido. La decisión de la FGR también será clave en este proceso, ya que la fiscalía deberá decidir si la solicitud de Estados Unidos es jurídicamente viable o si, por el contrario, carece de elementos para proceder.
El argumento de la SRE sobre la falta de pruebas es, en el mejor de los casos, apresurado. Las solicitudes de extradición suelen acompañarse de evidencias, pero el proceso de revisión puede tardar semanas o meses. Declarar ahora que la documentación no contiene elementos de prueba suficientes parece más un prejuicio político que una conclusión técnica. La propia cancillería reconoció que las solicitudes se recibieron por la tarde del martes y pocas horas después ya estaba dictaminando sobre el peso de las acusaciones. La velocidad de la respuesta revela su origen político.
La defensa de Rocha Moya ha intentado construir una narrativa alterna, subrayando que todo es una conspiración del imperio para desestabilizar a la izquierda. Sin embargo, el fiscal Jay Clayton y el administrador de la DEA, Terrance Cole, presentaron un “indictment” —un documento legal mediante el cual un gran jurado determina que existen pruebas suficientes para acusar formalmente a una persona de haber cometido un delito federal—. El umbral de evidencia para obtener la aprobación es muy alto, ya que la DEA construyó este caso durante años, por lo que no es una ocurrencia de última hora. Testigos protegidos, declaraciones juradas y documentos respaldan cada uno de los señalamientos incluidos en la acusación formal presentada ante la jueza Katherine Polk Failla.
El intento de presentar el caso como un complot contra la Cuarta Transformación también tiene otro destinatario: la base electoral de Morena. Rocha Moya sabe que movilizar a los simpatizantes del partido en torno a la defensa de la soberanía puede generar un escudo político que frene cualquier intento de desafuero o remoción. Empero, la jugada es arriesgada, porque si la FGR termina por admitir la procedencia de la extradición, el discurso de la conspiración se derrumbará con estrépito y los gobernadores que ayer y hoy firman desplegados de apoyo, quedarán retratados como cómplices de una estrategia de impunidad.
La violencia en Sinaloa no ha cesado durante el mandato de Rocha Moya. Los enfrentamientos entre facciones del propio Cártel de Sinaloa han dejado cientos de muertos y desaparecidos en la entidad. La acusación de Estados Unidos no proviene de un vacío de información; responde a un largo historial de denuncias sobre la captura del aparato de seguridad por parte del crimen organizado. La FGR ya había solicitado órdenes de aprehensión contra exfuncionarios de la Fiscalía de Sinaloa por el montaje en el asesinato de Cuén Ojeda, pero un juez federal de Culiacán las rechazó. El Poder Judicial tampoco ha estado ajeno al blindaje de los funcionarios señalados.
Estados Unidos ha utilizado la extradición en el pasado como herramienta para desarticular redes de corrupción en México. El caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, es un precedente claro. García Luna fue condenado en Nueva York por proteger al Cártel de Sinaloa y Rocha Moya enfrenta una situación similar, pero con un agravante: él fue electo en un proceso democrático y tomó protesta bajo la bandera de la Cuarta Transformación, pero no hay que olvidar que la hipocresía del discurso anti-neoliberal se revela cuando los acuerdos con el narcotráfico suceden bajo las siglas del partido en el poder
La extradición de un gobernador en funciones sería un hecho sin precedentes en la historia reciente de México. El tratado bilateral no impide que un mandatario estatal sea entregado a la justicia estadounidense mientras está en el cargo, pero el proceso requiere la intervención de la FGR y, en última instancia, de la Secretaría de Gobernación. La presión internacional será determinante en el desenlace. Países como Canadá y miembros de la Unión Europea están observando cómo México maneja esta crisis, porque el resultado definirá la credibilidad del país en materia de combate a la corrupción.
Rocha Moya cumplirá 77 años en mayo; cualquier retraso judicial juega a su favor. Los abogados del mandatario ya han comenzado a preparar amparos contra cualquier intento de detención. La asesoría legal del gobierno de Sinaloa es robusta y conoce cada resquicio del sistema judicial mexicano. No será fácil, ni rápido, que la extradición se concrete.
El expediente criminal de Rocha es público en la corte de EU
La gestión de Sheinbaum enfrenta su prueba más dura en materia de seguridad y cooperación internacional, porque lo que está en juego no es sólo la libertad de un político o el futuro de Sinaloa, dado que la presidenta ha basado su discurso en la continuidad de la Cuarta Transformación, pero la sombra de un gobernador acusado de narcotráfico por Estados Unidos pone en riesgo toda la legitimidad de su proyecto. Si México se niega a cooperar con la extradición, la relación bilateral sufrirá un daño profundo, y no olvidemos que Washington tiene herramientas para tomar represalias, desde restricciones de visas hasta presiones económicas.
La justicia no puede tener doble estándar. Si el gobierno mexicano insiste en defender la soberanía nacional como escudo frente a las acusaciones, también debería explicar por qué la soberanía de los sinaloenses fue vulnerada por un gobernante entregado a los intereses criminales. El pueblo de Sinaloa tiene derecho a saber hasta dónde llegó la complicidad de su mandatario con las organizaciones que generan violencia y muerte en sus comunidades. Tan sólo las más de dos mil personas desaparecidas durante la actual administración estatal son un recordatorio de los costos de este pacto criminal.
El expediente abierto en el Distrito Sur de Nueva York es de acceso público. No hay secretos, los nombres de los acusados son específicos, los delitos están tipificados con claridad, y tampoco hay generalidades, sino fechas, lugares y conductas descritas incluso con lujo de detalle. Rocha Moya dice que demostrará su inocencia en el momento oportuno, pero ese momento es ahora. La comparecencia ante la justicia mexicana, la solicitud de licencia y el enfrentamiento de las pruebas son los pasos que cualquier persona pública acusada de delitos graves debería dar, pero hasta ahora, el gobernador no ha dado ninguno y eso dice mucho de él.
No hay que desestimar tampoco que la jueza Katherine Polk Failla, encargada del caso, es conocida por su rigor en procesos contra el crimen transnacional, así que el destino de Rocha Moya parece sellado en el sistema judicial estadounidense, donde los acuerdos de culpabilidad y las delaciones premiadas suelen desmoronar estas estructuras. Únicamente es cuestión de tiempo para que alguno de los diez acusados decida hablar para salvarse de la cadena perpetua o incluso de la pena de muerte que podrían exigir en la corte si se les asocia con la definición de “terroristas” de los cárteles, que estipuló la administración Trump.
El sistema político mexicano se encuentra ante una encrucijada donde debe elegir entre la ley o la complicidad. Entregar a Rocha Moya es una necesidad de supervivencia institucional para evitar que el estado mexicano sea catalogado globalmente como un narcoestado. Claudia Sheinbaum y su equipo deben saber que el tiempo de las excusas y los comunicados triunfalistas se ha terminado; que ahora es el tiempo de los tribunales y las sentencias.
