Eduardo Sadot
Cuando el presidente Vicente Fox instruyó verbalmente a su entonces secretario de la Defensa Nacional, el general Gerardo Clemente Vega García, durante el proceso de desafuero contra Andrés Manuel López Obrador, para utilizar al Ejército en un desalojo, el general respondió que, como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente podía dar la orden, pero le solicitó que quedara por escrito. Ante la negativa presidencial, el general se abstuvo de ejecutar la acción. No era desobediencia: era respeto al principio de legalidad y protección institucional para las Fuerzas Armadas y para sus mandos.
Ese episodio ilustra una verdad fundamental del Estado constitucional: la obediencia militar no puede ser ciega ni ilimitada. La disciplina castrense no elimina la responsabilidad jurídica ni histórica de quienes ejercen el mando. Precisamente por ello, los ejércitos profesionales modernos están obligados a actuar dentro de la ley, incluso frente a decisiones políticas delicadas.
La historia demuestra el enorme costo institucional que pagan las Fuerzas Armadas cuando quedan asociadas a decisiones políticas controvertidas. El recuerdo de 1968 sigue siendo una referencia inevitable sobre los riesgos de confundir obediencia institucional con subordinación política.
Por ello resultó preocupante que, durante el sexenio anterior, altos mandos militares emitieran expresiones públicamente identificadas con el proyecto político denominado “Cuarta Transformación”. El general Luis Cresencio Sandoval González realizó declaraciones públicas ampliamente interpretadas como alineadas con dicho proyecto y defendió el papel de las Fuerzas Armadas dentro del mismo. Diversos juristas, analistas y sectores políticos consideraron esas expresiones incompatibles con la tradicional neutralidad institucional que debe prevalecer en un régimen democrático.
Algo similar ocurrió con el almirante José Rafael Ojeda Durán, quien afirmó públicamente que “el pueblo de México ya despertó” y que no permitiría “un gobierno rico con pueblo pobre”, utilizando expresiones coincidentes con el discurso político oficial de la época. Más delicado aún fue señalar que quienes criticaban al gobierno estaban molestos porque habían perdido privilegios, ingresando así al terreno de la confrontación política y no solamente al de la defensa institucional.
Hoy, ante versiones periodísticas, investigaciones y señalamientos provenientes de autoridades y agencias estadounidenses sobre posibles vínculos del crimen organizado con actores políticos mexicanos, resulta indispensable preservar a las instituciones militares de cualquier intento de arrastre político o de responsabilidades ajenas a su función constitucional.
En ese contexto, vale la pena recordar el contenido de la Ley de Disciplina del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, particularmente en sus artículos 14, 15, 16 y 17, relativos al honor, la subordinación, la disciplina y el deber institucional. También debe tenerse presente que el artículo 89, fracción VI de la Constitución otorga al presidente de la República el mando supremo de las Fuerzas Armadas para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación. Sin embargo, el ejercicio de ese mando constitucional no convierte al presidente en integrante de la estructura militar ni elimina la responsabilidad legal individual de los mandos respecto de sus propios actos.
Es comprensible que muchos integrantes de las Fuerzas Armadas reflexionen seriamente sobre la importancia de preservar la institucionalidad y evitar identificaciones partidistas que, en el futuro, puedan comprometer el prestigio histórico del Ejército y la Marina.
Seguramente muchos militares mantuvieron prudencia y distancia institucional no por simpatía hacia otro partido político, sino por comprensión profunda de la responsabilidad histórica que implica portar un uniforme de la República.
La lealtad suprema de las Fuerzas Armadas no pertenece a un gobierno, a un partido, a una persona ni a un proyecto político sexenal, sino a la Constitución y a México.
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