Eduardo Sadot
Una de las estrategias más preocupantes del discurso oficial consiste en confundir deliberadamente al gobierno con la soberanía nacional.
Cada vez que un gobierno extranjero formula observaciones sobre decisiones tomadas en México o expresa preocupación por asuntos relacionados con la seguridad, el narcotráfico o la corrupción, la respuesta inmediata consiste en invocar la soberanía. Se pretende hacer creer que cuestionar al gobierno equivale a atacar a México. Esa afirmación es falsa.
Gobierno no es soberanía. El gobierno es una autoridad temporal surgida de un proceso democrático; la soberanía pertenece permanentemente al pueblo mexicano. Así lo establece el artículo 39 de la Constitución al señalar que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo y que todo poder público dimana de él y se instituye para su beneficio. Ningún presidente, ningún partido y ninguna administración pueden apropiarse de un concepto que pertenece a toda la Nación.
Sin embargo, el discurso oficial insiste en identificar al gobierno con el Estado y al Estado con la patria. Esa confusión le permite convertir cualquier crítica en una supuesta agresión contra México. En lugar de responder a los cuestionamientos, se descalifica a quien los formula.
Así, quien exige explicaciones deja de ser un ciudadano que ejerce un derecho para convertirse, según la narrativa oficial, en un enemigo de la soberanía.
Nada más contrario a una democracia constitucional. Criticar al gobierno no significa atacar al país. Exigir transparencia, reclamar investigaciones, señalar errores o demandar resultados fortalece a las instituciones, porque precisamente la soberanía reside en los ciudadanos y éstos conservan siempre el derecho de exigir cuentas a quienes ejercen el poder en su nombre.
La soberanía tampoco puede utilizarse como escudo político para evitar responder preguntas incómodas. Defender al gobierno nunca será equivalente a defender a México. Los gobiernos pasan; la Nación permanece. Los presidentes administran temporalmente las instituciones de la República, pero no son propietarios del Estado ni depositarios exclusivos del interés nacional.
Lo verdaderamente peligroso comienza cuando un gobernante llega a convencerse de que él mismo encarna a la Nación. A partir de ese momento toda crítica parece traición, toda discrepancia se interpreta como deslealtad y toda observación internacional se presenta como una ofensa a la patria. Ese ha sido uno de los errores más graves del discurso político reciente: hacer creer que el destino del gobierno y el destino de México son una misma cosa.
No lo son.
La soberanía tiene un solo dueño: el pueblo de México. Los gobiernos únicamente la administran durante el tiempo que la Constitución les permite ejercer el poder. Cuando olvidan esa diferencia dejan de servir a la República y comienzan a servirse de ella. Por eso conviene recordar una verdad elemental que ningún gobernante debería perder de vista: gobierno no es soberanía.
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