Metrópoli
Por: Francisco L. Carranco.
Escribir sobre la retroactividad de la ley y la vulneración de derechos en el sector de los pensionados requiere, forzosamente, un enfoque técnico y jurídico impecable; pero, por encima de las leyes, exige una carga humana y de sensibilidad social muy fuerte.
Hoy, en la capital veracruzana,burócratas que cotizan en el IPE respiran un aire de profunda incertidumbre y justifican una indignación entre todos aquellos que han entregado su vida entera al servicio del Estado.
El anuncio o la pretensión de aplicar, a partir de este año, un denominado “sueldo regulador” para todos los trabajadores y pensionistas que decidan jubilarse tras haber cumplido cabalmente con sus 30 años de servicio, no es otra cosa que un atentado directo contra la seguridad social de cada uno de los agremiados al IPE.
Bajo el cobijo de tecnicismos financieros, se intenta disfrazar lo que a todas luces representa un retroceso en los derechos laborales de la burocracia, el magisterio y los servidores públicos que cotizan en el Instituto de Pensiones.
La clave de esta discusión radica en un principio elemental, un pilar del derecho constitucional que no puede ser ignorado por ninguna administración: el principio de no retroactividad de la ley en perjuicio de persona alguna.
Este postulado protege las legítimas expectativas y los derechos adquiridos de los ciudadanos frente a los vaivenes políticos y los boquetes financieros institucionales, malas administraciones o decisiones autoritarias y soberbias, siempre en contra de los pensionados.
Cuando un trabajador inicia su vida laboral, lo hace, bajo ciertas reglas de jubilación, y aporta mes con mes un porcentaje de su salario real durante tres décadas, lo hace con la firme promesa de que el Estado respetará ese pacto social al final del camino.
Modificar las reglas del juego de la noche a la mañana, imponiendo un tabulador o “sueldo regulador” que reduzca el monto real de la pensión a recibir, vulnera de tajo la certeza jurídica y el principio de progresividad de los derechos humanos, la imposición del IPE para aplicar ese “sueldo regulador” que fue expedida, por el Gobernador Duarte en 2014, y consignado en una reforma de ese año, el Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, la adopta y pretende hacerla retroactiva para todos los trabajadores, no nada más para aquellos que inician a laborar en el estado con una base después de 2014, no, la norma es para todos haciéndola retroactiva para aquellos que entraron a trabajar para el estado antes del 2014.
Es decir, un prospecto a pensión inicia su trámite ante el IPE peregrinando para cumplir las reglas del Instituto, papelería, condiciones, caprichos, malos tratos, indiferencia de los empleados, dilación su su sindicato y retraso en la expedición de constancias que avalen la decisión de separarse de su base luego de haber cuplido con la edad y los 30 años de servicio, un verdadero suplicio, que, finalmente, se compensaba con la esperanza de tener el acuerdo para retirarse del trabajo y disfrutar del derecho adquirido y con la prestación que se pactó al inicio de su primer día laboral y retirarse del servicio con el monto tabular que marca su ultima categoria..
Pero, la alerta se prende, ante los malos tratos de funcionarios del IPE contra los candidatos a pensión, adultos de la tercera edad o mayores, quedan a un lado cuando unilateralmente aplican ese “Sueldo Regulador” a todos los empleados en situación de pensionarse, es decir, aplican esa reforma a la Ley en fecha actual, cuando debiera aplicarse los trabajadores que entran a trabajar después del año 2014; no a los que históricamente entraron a trabajar al gobierno del Estado con una base antes de ese año.
Para ejemplo y jurisprudencia, podemos invocar al IMSS que tiene empleados que cotizaron para la ley 73 y otros que cotizaron para la Ley 97 y cada uno responde a los inicios de la vida laboral bajo ciertas reglas de jubilación de cada trabajador,con las que finalmente se jubilan, insisto.
Consecuencias de la aplicación del “Sueldo Regulador”
Para dimensionar el impacto de esta pretendida reforma, analicemos la estructura del conflicto: el “sueldo regulador” genera un impacto en el cálculo de la pensión con derechos adquiridos, es decir, la pensión con el mejor sueldo percibido en el ejercicio de la base cotizada en los últimos años activo, será sometida a una reducción mediante un tope o promedio artificial que achica la base de cotización real.
Por lo tanto, el jubilado será vulnerado por aplicación retroactiva de la norma, afectando planes de vida y el retiro digno, sometiéndolo a una vulnerabilidad económica ante la inflación, gastos médicos y desamparo institucional.
Suburbio 1
La pensión no es una dádiva, ni un programa social sujeto al humor del gobernante en turno; es salario diferido.
