Eduardo Sadot
En un Estado de derecho, la Constitución no es una sugerencia; es el límite infranqueable al poder público. Sin embargo, la actual administración de la presidenta Claudia Sheinbaum parece empeñada en ignorar una de las máximas jurídicas más elementales de nuestra Carta Magna: el principio de legalidad.
Recientemente, la mandataria lanzó un dardo directo a la libertad de elección y de expresión al declarar abiertamente un “no vean TV Azteca”. Días después, el periodista Raymundo Riva Palacio se convirtió nuevamente en el blanco de ataques desde la tribuna presidencial.
Casi en paralelo, el Poder Ejecutivo ha validado e impulsado el juicio político y la embestida judicial en contra de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. A simple vista, parecen tres eventos aislados; en el fondo, comparten la misma matriz autoritaria: el uso del aparato del Estado para molestar, señalar y presionar sin sustento jurídico.
Para entender la gravedad de estas acciones, es necesario remitirse al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece con total claridad que: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”.
Este principio es la defensa del ciudadano frente al abuso de poder. Significa que el gobernante solo puede hacer aquello que la ley le permite expresamente. Cuando la presidenta utiliza el micrófono más potente del país para vetar a un medio de comunicación, asediar a un periodista o bendecir el acoso político contra una gobernadora de oposición, está ejerciendo una molestia directa a sus bienes, su persona y su ejercicio profesional, carente de todo fundamento y motivación legal.
No existe ley alguna que faculte al titular del Ejecutivo a realizar listas negras de medios, a juzgar sumariamente a comunicadores o a vulnerar el pacto federal interviniendo en los procesos de un estado soberano. La actitud de la mandataria constituye una abierta violación al principio de legalidad. Se gobierna con la ley en la mano, no con filias ni fobias dictadas desde un púlpito matutino.
Ante este panorama, la pregunta surge de manera natural y casi obligada: ¿No habrá algún abogado en todo su gabinete que se lo explique a la Doctora en Física? Su brillante formación científica en las ciencias exactas y su doctorado en estufas de leña, parece no haberle alcanzado para comprender la exacta aplicación del derecho constitucional. Realizar actos de molestia impunemente contra una televisora contra un periodista mexicano y contra una gobernadora que sí lucha contra la delincuencia, expone a la Doctora a nivel internacional.
Más cuando pretende protegerse con el manto de la “Soberanía” Alguien debería recordarle que la física se rige por las leyes de la naturaleza, pero la República se rige por las leyes del Congreso, y la primera que debe respetarlas es ella.
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