José Luis Parra
Una cosa es la acusación política.
Otra, muy distinta, la prueba jurídica.
Y entre ambas suele abrirse un abismo donde caben intereses, presiones diplomáticas, narrativas mediáticas y, por supuesto, cálculos políticos.
La Fiscalía General de la República acaba de reconocer algo que parecía obvio, pero que pocos se atrevían a decir con todas sus letras: hasta este momento no existen pruebas suficientes, bajo el estándar que exige el derecho mexicano, para proceder penalmente contra Rubén Rocha Moya y los otros nueve señalados por el gobierno de Estados Unidos.
No significa que sean inocentes.
Tampoco que sean culpables.
Simplemente significa que, hasta hoy, la evidencia no alcanza.
Y esa diferencia, en un Estado de Derecho, debería ser enorme.
Lo interesante del caso es que la propia Fiscalía admite que la carpeta nació a partir de la solicitud estadounidense de detención provisional con fines de extradición. Es decir, la investigación mexicana no arrancó por hechos descubiertos aquí, sino por información enviada desde Washington.
Ahora bien, si la acusación proviene de una fiscalía estadounidense que asegura tener elementos para vincular al gobernador sinaloense con Los Chapitos y el tráfico internacional de drogas, la pregunta resulta inevitable:
¿Dónde están esas pruebas?
Porque la FGR reconoce que siguen esperando información que justifique incluso la urgencia de la solicitud.
Y mientras esa información llega —si llega— la investigación permanece caminando sobre terreno pantanoso.
Hay otro dato que llama poderosamente la atención.
La Fiscalía también reconoce que ni siquiera ha investigado patrimonio, cuentas bancarias o redes familiares de los señalados porque la indagatoria permanece limitada exclusivamente a los delitos planteados por Estados Unidos.
Es decir, no existe una investigación patrimonial paralela.
No hay pesquisas por lavado.
No hay otras líneas abiertas.
Todo depende, prácticamente, de lo que Washington decida compartir.
Política
Paradójicamente, Rocha Moya ya pagó una factura política.
Pidió licencia.
Perdió el fuero.
Su imagen quedó severamente golpeada.
Pero jurídicamente sigue exactamente donde estaba antes de que estallara el escándalo: sin una orden de aprehensión y sin pruebas suficientes para judicializar el caso.
En política los tiempos corren más rápido que la justicia.
La condena pública suele llegar mucho antes que la sentencia.
Y a veces la absolución judicial ya no alcanza para limpiar el desgaste político.
También existe el escenario contrario.
Que las pruebas aparezcan.
Que Estados Unidos entregue información contundente.
Que la investigación cambie radicalmente de rumbo.
Eso tampoco puede descartarse.
Pero hoy la realidad es otra.
La propia Fiscalía mexicana reconoce que el expediente todavía no cruza el umbral mínimo que exige la ley.
Así de simple.
Y así de delicado.
Porque si mañana aparecen pruebas sólidas, habrá que actuar.
Pero si nunca aparecen, también alguien tendrá que explicar por qué una acusación internacional provocó semejante terremoto político sin que existiera, al menos hasta ahora, el sustento jurídico suficiente.
Política
En estos casos la justicia tiene una obligación incómoda: resistir tanto la presión del poder como la presión del espectáculo.
Porque una democracia no puede condenar por rumores.
Pero tampoco puede absolver por conveniencia.
La prueba sigue siendo la única que debería dictar sentencia.
