Una investigación del portal Código Magenta, presentada en dos entregas y con un tercer capítulo anunciado, expone la existencia de una refinería clandestina en Nuevo León y una red empresarial, política y criminal vinculada al llamado huachicol fiscal.
El primer capítulo, titulado “La ‘Huachi-Refinería’ de Nuevo León”, documenta la operación de una instalación ubicada entre Cadereyta y Allende, donde se procesan entre 5 mil y 10 mil barriles diarios de crudo y naftas para producir combustibles que son distribuidos de forma ilegal.
De acuerdo con la investigación, la planta opera a cielo abierto, bajo la fachada de un negocio de grúas, pese a que la refinación en México es una actividad reservada a Pemex. La instalación contaría con infraestructura completa, incluyendo tanques de almacenamiento, sistemas de destilación y logística de transporte mediante pipas.
El reportaje señala que el combustible procesado tendría origen en hidrocarburos robados o desviados por grupos delictivos, y que su comercialización se realiza a través de una red de gasolineras. Además, advierte que la operación no ha sido intervenida por autoridades federales, estatales o municipales, pese a su dimensión.
Código Magenta refiere que tuvo acceso a reportes de inteligencia, imágenes aéreas, registros financieros y testimonios que detallan el funcionamiento de esta instalación, ubicada a menos de 10 kilómetros de la refinería de Pemex en Cadereyta.
El segundo capítulo, “Los dueños de la ‘Huachi-Refinería’ y sus contactos”, profundiza en la estructura financiera y los presuntos responsables. Según la investigación, la red de empresas vinculadas habría facturado más de 5 mil 168 millones de pesos entre 2019 y 2026, además de generar ingresos en efectivo estimados entre 4 mil y 8 mil millones de pesos anuales.
En el centro de la operación se ubica la empresa Energy Refinados S.A. de C.V., constituida en Monterrey en 2017, cuyo crecimiento se habría consolidado en años recientes. La investigación identifica a Ramiro Gándara como administrador y a Ezequiel González como presunto beneficiario, además de señalar vínculos con despachos fiscales y actores políticos.
También se documentan transferencias millonarias a empresas relacionadas con Fernando Bilbao, yerno de la entonces secretaria de Energía, Rocío Nahle, así como presuntas conexiones con redes de trasiego de combustible vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación.
Asimismo, se menciona una denuncia presentada en 2023 por la Unidad de Inteligencia Financiera de Tamaulipas por posibles delitos como operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado y delincuencia organizada, la cual incluyó a diversos involucrados en la red; sin embargo, el caso no fue esclarecido.
La investigación sostiene que la operación habría contado con esquemas de protección mediante pagos y triangulaciones financieras, lo que explicaría la falta de intervención de autoridades.
Código Magenta informó que la serie continuará con un tercer capítulo, en el que se abordarán otros aspectos de la red y su funcionamiento.
