La firma global FTI Consulting alertó a la iniciativa privada en Estados Unidos que la reforma judicial en México modificó la lógica de operación de los tribunales, al establecer un esquema en el que los jueces son electos por voto popular, lo que podría llevarlos a priorizar las opiniones de sus electores, incluidos actores políticos, sobre la imparcialidad.
En su análisis titulado “Conozca sus riesgos: Implicaciones empresariales de la reforma judicial en México”, la consultora con sede en Washington señaló que el nuevo modelo, aprobado en 2024, carece de precedentes a nivel mundial y genera un entorno de menor certidumbre para las empresas.
FTI Consulting indicó que, a diferencia de otros sistemas democráticos que utilizan mecanismos de nombramiento para garantizar la independencia judicial, la reforma mexicana extiende las elecciones a todo el Poder Judicial, incluidas las instancias de apelación, en un contexto donde no existe tradición de competencia electoral para estos cargos.
Además, subrayó que factores como la intervención del Poder Ejecutivo y Legislativo en la selección de candidatos, así como la posible llegada de perfiles con menor experiencia técnica, incrementan la incertidumbre sobre el Estado de Derecho. “Para el entorno empresarial, esto significa menos certeza”, sostuvo la firma.
El documento también advierte que la reforma introduce incentivos políticos adicionales, como la desaparición de una carrera judicial tradicional y la posibilidad de que personas sin experiencia o con perfiles políticos resulten electas.
Ante este escenario, la consultora prevé que la percepción de menor independencia y confiabilidad en las resoluciones judiciales podría modificar la forma en que las empresas resuelven disputas, incluyendo un mayor recurso a canales políticos o mecanismos alternativos como el arbitraje.
FTI Consulting consideró que, frente a esta nueva realidad, las empresas deberán ampliar su análisis de riesgos, no solo a nivel macro, sino también en dimensiones más específicas.