Eduardo Sadot
En política, un animal herido suele reaccionar con mayor agresividad. Cuando un gobierno enfrenta un desgaste creciente, pierde credibilidad o se ve sometido a cuestionamientos públicos, con frecuencia busca recuperar la iniciativa cambiando el centro de la discusión.
La historia política está llena de ejemplos en los que la atención pública se desplaza hacia nuevos enemigos mientras los problemas de fondo permanecen sin resolverse.
La reciente detención del exgobernador Ernesto Ruffo Appel constituye un hecho de enorme relevancia jurídica y política. Corresponde exclusivamente a la Fiscalía acreditar las imputaciones y a los tribunales determinar, con pleno respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia, si existe responsabilidad penal. Nadie debe quedar al margen de la ley.
Sin embargo, el contexto político obliga a observar el panorama completo. En los últimos meses el debate público se ha visto marcado por diversos señalamientos sobre presuntos vínculos entre actores políticos y la delincuencia organizada. Esos señalamientos deben investigarse con el mismo rigor, sin importar el partido político al que pertenezcan los involucrados. La justicia pierde legitimidad cuando parece tener colores partidistas.
En ese escenario, es previsible que aumenten las investigaciones contra personajes de oposición y exfuncionarios. Ello no significa que carezcan o no de fundamento, pero sí exige una vigilancia permanente para que la ley no se aplique de manera selectiva. La igualdad ante la ley constituye uno de los pilares esenciales del Estado de Derecho.
En ese ambiente, toda la oposición puede sentirse bajo presión política. No porque deba quedar exenta de investigaciones cuando existan elementos suficientes, sino porque la utilización selectiva de las instituciones de procuración de justicia genera la percepción de que cualquier actor ajeno al poder puede convertirse en el siguiente objetivo.
Durante décadas circuló una frase que describía los excesos del poder: podían acusarte de tener un tanque de guerra en el garaje de tu casa, aunque ni siquiera tuvieras garaje. La exageración retrataba el temor a las acusaciones fabricadas. Hoy, el riesgo que toda democracia debe evitar es precisamente ése: que la justicia deje de ser un instrumento de la ley para convertirse en un instrumento de la política.
La democracia no se fortalece multiplicando adversarios, sino aplicando la ley con el mismo rigor para todos. Si existen pruebas contra cualquier persona, debe responder ante los tribunales, pertenezca al partido que pertenezca. Pero si las instituciones son percibidas como herramientas para modificar la conversación pública o para golpear selectivamente a los adversarios, el daño trasciende a un gobierno: se debilita la confianza en la justicia.
La verdadera fortaleza de un régimen no consiste en demostrar que puede investigar a cualquiera, sino en demostrar que nadie, absolutamente nadie, goza de privilegios frente a la ley. Ahí comienza el Estado de Derecho y termina la justicia como instrumento del poder.
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