La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, alista una agenda legislativa ambiciosa para el último semestre del año; sin embargo, los principales proyectos de su administración enfrentan resistencias tanto dentro de la coalición oficialista como de la oposición, en un contexto marcado por la cercanía del proceso electoral de 2027.
Uno de los puntos centrales será la reforma constitucional en materia de vivienda, que comenzará su discusión en septiembre con el inicio del periodo ordinario de sesiones. La iniciativa busca atender demandas relacionadas con la gentrificación y el acceso a la vivienda, pero el Partido Verde adelantó su voto en contra al considerar que la propuesta no resuelve el problema y afecta la inversión privada. Sin el respaldo de esa bancada, el oficialismo no alcanzaría la mayoría calificada necesaria para modificar la Constitución local.
De acuerdo con fuentes del Partido Verde, no existe comunicación con el gobierno capitalino para negociar cambios en la iniciativa, lo que complica cualquier acuerdo. Además, el dirigente del partido, Jesús Sesma, solicitará licencia en septiembre para enfocarse en la estrategia electoral rumbo a 2027, mientras que su bancada mantiene la instrucción de sostener su rechazo al proyecto.
En paralelo, el gobierno capitalino impulsa la aprobación del Plan General de Desarrollo (PGD), una normativa que establecerá las bases del crecimiento de la ciudad durante los próximos 20 años. El documento se construyó a partir de consultas ciudadanas en colonias y barrios, pero ha generado oposición de Copacos y organizaciones políticas que advierten riesgos a derechos ya adquiridos.
El avance del PGD también enfrenta obstáculos legislativos. El PAN presentó denuncias sobre el proceso de elaboración y anticipa que buscará frenar su discusión, mientras que la comisión de Planeación, encargada de iniciar su análisis, está presidida por la panista Olivia Garza. A estas resistencias se suman PRI y Movimiento Ciudadano, que también manifestaron su rechazo.
Ante este escenario, el oficialismo decidió postergar el tratamiento del plan hasta después del Mundial de Fútbol, aunque su viabilidad sigue en duda dentro del Congreso local.
A la par de estos proyectos, se avecina la discusión del presupuesto de 2027, un tema que tradicionalmente intensifica las disputas políticas al definir prioridades y recursos de la administración. En un año electoral, las tensiones podrían incrementarse por las acusaciones de “campañas de Estado” que ha señalado la oposición, en medio de un ambiente donde las fuerzas políticas comienzan a perfilar sus estrategias rumbo a los comicios.
