En medio de una creciente polémica política, dirigentes y figuras de oposición han denunciado un presunto trato diferenciado en la aplicación de la justicia, al señalar que investigaciones contra políticos adversarios avanzan con mayor rapidez, mientras que acusaciones contra integrantes de Morena no derivan en procesos judiciales.
El señalamiento surge pese a que, desde 2018, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador llegó al poder con la promesa de combatir la corrupción y erradicar la impunidad, bajo el argumento de que en su movimiento “no son iguales”. Sin embargo, en los últimos años han surgido denuncias e investigaciones periodísticas que vinculan a miembros de Morena con presuntos actos de corrupción y delincuencia organizada, sin que hasta ahora se traduzcan en detenciones o sentencias.
Uno de los casos recientes es el del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien enfrenta una solicitud de extradición por parte de autoridades de Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico. A pesar de ello, el Gobierno federal ha señalado que se requieren pruebas para proceder, y se ha mencionado que el mandatario podría reincorporarse a sus funciones.
En contraste, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, es buscado por la justicia por delitos como delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. “Es un hombre que está siendo buscado por la ley”, afirmó. El panista rechazó las acusaciones y aseguró ser víctima de persecución política, además de señalar que su caso se utiliza para desviar la atención de otros señalamientos.
Otro episodio que intensificó el debate fue el relacionado con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, tras la muerte de cinco personas en la sierra Tarahumara, entre ellas dos presuntos agentes de la CIA que habrían participado en un operativo. Legisladores de Morena impulsaron acciones en su contra, incluida una posible comparecencia y juicio político. La mandataria negó cualquier conocimiento o autorización: “Una servidora no gestionó, no autorizó y tampoco sabía ni tenía conocimiento de que había agentes norteamericanos en suelo chihuahuense”.
Aunque posteriormente se indicó que no existen pruebas en su contra, el caso fue señalado por la oposición como ejemplo de una reacción más expedita frente a políticos no alineados al oficialismo.
En paralelo, la detención del exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel, el pasado 16 de julio, por su presunta participación en una red de huachicol fiscal, también generó controversia. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, el exmandatario estaría vinculado a la empresa Ingemar, señalada por importar combustible de forma irregular.
Partidos como el PAN y la organización Somos México calificaron la detención como arbitraria y la consideraron una “cortina de humo”, al tiempo que exigieron que la procuración de justicia actúe con transparencia y sin sesgos políticos.
En este contexto, también se han registrado señalamientos contra la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, tras la difusión de un audio en el que presuntamente dialoga con representantes de Estados Unidos. La mandataria negó su autenticidad y atribuyó el hecho a una confrontación política con su antecesor.
