- Como estaba previsto, desde el Palacio Nacional se vinculó a proceso a Ruffo
Miguel A. Rocha Valencia
Ahora resulta que Ernesto Ruffo Appel que durante un año declaró ante la autoridad judicial, que no se escondió ni aprovechó su doble nacionalidad para huir y ni siquiera intentó ampararse, es el mayor criminal en materia de huachicol en toda la historia del país, al que ni por poco se le acercan los sobrinos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán o el Rey del negocio, Sergio Carmona y ni siquiera el Señor de los Buques, Roberto Cantú Blanco.
En cambio, varios de los mencionados en los expedientes que obran en las indagatorias de la fiscalía de palacio Nacional, no sin llamados a declarar ni en calidad de testigos, por el contrario, fueron exonerados a priori desde el mismo púlpito en que se condenó al exgobernador de Baja California en base a las “muchísimas pruebas” en su contra.
El hecho de que el horrible de los mencionados en la trama huachicolera sean afines o miembros de la 4T, es simple coincidencia incluyendo a los de apellidos López que se mencionan varias veces en las declaratorias de quienes ya están presos como los hermanos Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna uno de los cuales por cierto, nadie sabe dónde está, aunque se supone que se encuentra en manos de la justicia argentina y listo para ser enviado (¿o ya lo entregaron?) A Estados Unidos.
Tampoco se ha llamado a quienes en diversos expedientes, grabaciones y documentos se les tiene ligados como beneficiarios o cómplices de la estructura criminal, incluyendo al exdirigente de Morena, Mario Delgado Carrillo o los gobernadores en funciones de Tamaulipas, Sonora y Colima, así como el “desaparecidito” de Sinaloa.
Todos ellos son inocentes porque lo dictó el oráculo de Palenque con bocinas en el Zócalo de la Ciudad de México y porque, además, si algún beneficio obtuvo de ello, fue para la “causa” como ocurrió con los sobres rellenos de dinero entregado a los hermanos del amo de la 4T, a sus hijos y demás amistades, incluyendo colaboradores que depositaban en bancos y aplicaban la operación carrusel.
Ahora la trama crece, se habla de ligazones con empresas para lavar dinero, obviamente no se trata de alguna que tenga qué ver con el cartel de Morena sino con grupos empresariales que si son de la oposición mejor, como ee al que se denomina cartel inmobiliario al que no se le ha comprobado nada ni se ha podido meter en la cárcel a alguno de sus miembros destacados.
Pero en vista de cómo están las cosas y para eso se tiene un poder judicial al servicio del oficialismo, no tardan en aparecer “muchísimas pruebas” para meter a la cárcel o al menos desprestigiar a alguien que desde la oposición sea un peligro para la estabilidad de la 4T.
Esto significa que más allá de las culpas de Ruffo Appel, está clara la estrategia del oficialismo; utilizar jueces del acordeón para sacar de la jugada a los adversarios, insisto, aunque ello implique meterlos en la cárcel bajo sospecha de cualquier cosa.
Y si, vean cómo en el caso que nos ocupa que habla de 16 mil millones que no son nada frente a los más de 600 mil millones de daño patrimonial donde están a la cabeza los marinos y aduaneros, no se olvide que un juez federal exhibió las deficiencias de la fiscalía general de la República (al servicio del Ejecutivo) en la primera solicitud de orden de aprehensión que se presentó en contra de 23 personas acusadas de formar parte de un esquema de “huachicol” fiscal.
En resolución del 22 de junio pasado, el juez Mario Elizondo Martínez, especializado en el Sistema Penal Acusatorio, consideró que la FGR no argumentó cómo es que los hechos derivados de su investigación corresponden a los delitos de delincuencia organizados ni los cometidos en materia de hidrocarburos y contrabando.
Por eso los fiscales al servicio del oficialismo, decidieron buscar a la jueza Alejandra Ramírez de la Vega para que en obediencia al mandato presidencial “si viera” argumentos suficientes para detener al exgobernador y sus cómplices a quienes para mayor escarmiento, encarceló en el penal de alta seguridad de Almoloya, aunque como ya se comentó Ruffo Appel, el peligro delincuente no diera traza de cruzar la frontera que le quedaba a unos kilómetros o al menos ampararse.
Eso muestra a final de cuentas lo que ya en otros espacios se ha comentado acerca de la justicia selectiva o dispareja a de la 4T esa que le atribuyen a Benito Juárez y que según dicen establece que para los cuates justicia y gracia y para los otros justicia a secas, o sea, todo el peso no de la Ley sino del Estado autoritario.
