Por Alejandra Del Río
Cada vez que el gobierno reserva información pública, nuestra democracia pierde un poco de oxígeno, esta semana, Petróleos Mexicanos decidió clasificar durante tres años los resultados de auditorías internas. La explicación jurídica podrá ser impecable para algunos; la explicación política resulta mucho más difícil de sostener.
Porque el problema ya no es únicamente Pemex, el problema es que se está desarrollando un patrón que huele mas a encubrimiento que a información confidencial ó seguridad nacional.
México está dejando de ser un país donde la información pertenece a los ciudadanos y por lo tanto no tendría por que ser reservada, para convertirse, poco a poco, en un país donde la información pertenece estrictamente al gobierno y esa diferencia no es menor.
La transparencia nunca ha sido un favor del poder, no es una dádiva, es un derecho constitucional que tenemos todos los ciudadanos. Cuando un gobierno decide esconder información, el mensaje es simple, teme más a la verdad que al juicio de la historia.
Una democracia madura parte de una premisa elemental: quien administra recursos públicos debe aceptar el escrutinio público, por que evidentemente el dinero no pertenece a los funcionarios, pertenece a los contribuyentes. Las obras no pertenecen al partido gobernante, pertenecen a la nación. Las empresas del Estado no son patrimonio del Ejecutivo en turno; son patrimonio de todos los mexicanos.
Sin embargo, la lógica parece haberse invertido, lo que debería ser público se reserva, lo que debería explicarse, cuantificarse y solventarse, se clasifica, lo que debería transparentarse se convierte en expediente confidencial.
Las auditorías internas existen precisamente para identificar errores, riesgos, irregularidades y áreas de mejora, son instrumentos de control, no documentos propagandísticos. Ocultarlas durante años significa impedir que los ciudadanos conozcan si los mecanismos de vigilancia están funcionando, si las observaciones detectadas fueron corregidas, si los funcionarios corruptos son cesados, ó si existen anomalías que ameriten que se finquen responsabilidades.
Y cuando hablamos de Pemex, la exigencia de transparencia adquiere una dimensión mayor, se trata de la empresa productiva supuestamente más importante del Estado mexicano, una institución cuya situación financiera impacta directamente en las finanzas públicas, en la confianza de los mercados y en el patrimonio nacional.
Mientras más compleja es su situación, mayor debería ser la obligación de rendir cuentas, no menor, mientras más se hable de deudas y rescates presupuestales a esta paraestatal, mas debieran explicar sus directivos y el aparato de gobierno, que sucede a puertas cerradas y donde está cada centavo del dinero de nuestros impuestos que se utiliza para rescatarla.
Pero este episodio no puede analizarse de manera aislada, durante los últimos años hemos visto una constante expansión de la cultura de la reserva. Grandes proyectos de infraestructura, contratos gubernamentales, expedientes relacionados con seguridad, información financiera y diversos asuntos de interés público, han sido clasificados bajo distintas justificaciones legales.
En paralelo, México ha vivido una profunda transformación de su sistema institucional de transparencia, con la desaparición de organismos autónomos que durante años fungieron como contrapesos y garantes del derecho de acceso a la información; Recordemos que dichos organismos, que con tanto trabajo se crearon en nuestro país durante décadas de lucha por la democracia, fueron desaparecidas casi en su totalidad por los dos gobiernos Morenistas, en particular por el de López Obrador, a quien siempre le estorbaron los cuestionamientos y han continuado en el gobierno actual que simplemente piensa que las leyes no le aplican y que sacándose de la manga argumentos, pueden seguir escondiendo el cochinero que hay detrás de cada puerta de su paraestatales y de sus instituciones.
El resultado es preocupante, cada vez existen menos organismos independientes capaces de obligar al poder a explicar sus decisiones, van desapareciendo los contrapesos y la discrecionalidad encuentra terreno fértil.
No se trata de afirmar que toda información deba hacerse pública de inmediato. Existen excepciones legítimas previstas en la ley: investigaciones penales en curso, datos personales, asuntos cuya divulgación comprometa la seguridad nacional o procesos específicos debidamente justificados.
Pero una excepción deja de ser excepcional cuando comienza a convertirse en la respuesta habitual de un gobierno experto en retórica y acostumbrado a no rendir cuentas. La transparencia no incomoda a los gobernantes eficaces, lo que realmente incomoda es aquello que la transparencia puede revelar.
Quizá la mayor paradoja de nuestro tiempo sea que quienes durante décadas denunciaron la opacidad del antiguo régimen hoy enfrentan cuestionamientos aún peores, que quienes juraban que llegarían para garantizar que el pueblo no sufriera mas abusos, resultaron aún mas abusivos, y mucho mas voraces.
Lo que no debería ser intocable es el derecho de los ciudadanos a saber, porque la confianza pública no se construye ocultando documentos, se construye permitiendo que la sociedad conozca cómo se toman las decisiones, cómo se administran los recursos y cómo se corrigen los errores.
Un gobierno que se ejerce desde la transparencia, fortalece sus instituciones, uno que gobierna desde la reserva, fortalece las sospechas.
Y en política hay una lección que nunca pierde vigencia: -Cuando el poder le pone candado a la información, tarde o temprano la duda termina ocupando el lugar que dejó la verdad-, el ambiente se vuelve mas convulso, la sociedad se polariza aun más y las certezas desaparecen, sirva esto de recordatorio a Claudia Sheinbaum, de que cada día la opinión pública les cree menos, por que cada vez son mas evidentes sus traspiés y que un movimiento que pierde credibilidad, pierde votantes y pierde elecciones.
