DE PRIMERA MANO
- Se fue la comadrita de la SEV; releva la inexperienca educativa
- El bache denunciado cobró su primer víctima
Por Omar Zúñiga
Como no hay plazo que se llegue ni fecha que no se cumpla, se fue de la SEV la comadrita Claudia Tello.
Al final, los yerros y la presión de la Sección 32 del SNTE, la más poderosa del magisterio veracruzano, decidió que ya no la aguantaba más.
Un sinfín de desencuentros; el “fuera Tello” coreado por miles de maestros en el Heriberto Jara, acompañados por los diputados Carlos Marcelo Ruiz y Diego Castañeda coreando, con el puño en alto; de oficios sin respuesta, de la toma de la SEV más reciente el pasado 13 de julio, y del episodio que terminó de romper cualquier puente posible: ordenar que se le apagara el micrófono al propio secretario general de la 32, Daniel Covarrubias López, en un foro que se suponía de diálogo.
Ese gesto, más que cualquier cifra de rezago educativo, retrata el estilo con el que Tello condujo la dependencia más grande y con el presupuesto más abultado del gobierno estatal.
La gobernadora Rocío Nahle lo llamó “reacomodo estratégico” y no ruptura; dijo que ella y Tello son “mujeres de movimiento” que han caminado juntas y seguirán coordinadas. La comadrita se regresa al Senado, curul que dejó en pausa para asumir la SEV, y en su lugar llega Raquel Bonilla Herrera, hasta ahora senadora suplente, exdiputada federal en dos legislaturas por el distrito de Poza Rica y una de las operadoras políticas más cercanas al grupo de la propia Nahle en la zona norte del estado.
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Aquí conviene no simplificar de más: Bonilla no llega sin oficio político; tiene casi quince años de trayectoria dentro de Morena, ha sido enlace distrital, dos veces diputada federal y hoy senadora; sabe negociar, sabe operar territorio y sabe, sobre todo, a quién le debe la posición.
Lo que no tiene, en ningún renglón de su currículo público, es un solo día al frente de un aula, de un sistema escolar o de una negociación con el magisterio.
Su paso legislativo estuvo en las comisiones de Energía, Marina, Pesca y Zonas Metropolitanas, no en Educación Pública.
Ahí sí, la pregunta obligada es si la lealtad al proyecto y la cercanía con la gobernadora bastan para dirigir una Secretaría de la que dependen miles de plazas docentes y administrativas, y el ejercicio presupuestal más voluminoso del aparato burocrático veracruzano.
Porque el problema que deja la comadrita Tello no era solamente de trato o de talante autoritario; la SEV llega a este relevo en medio del escándalo por los 557 millones de pesos desaparecidos de las cuotas escolares de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), con tres exfuncionarios detenidos y una fiscalía anticorrupción que promete más capturas.
Llega también con escuelas sin maestros por procesos de contratación atorados, con Veracruz en los últimos lugares del país en rezago educativo —dicho, cabe recordar, por la propia Tello—, y con una Sección 32 que no ocultó su desconfianza hacia “los funcionarios sin sensibilidad ni conocimiento educativo, puros improvisados” que, según denunciaron, llegaron con esta administración.
La duda de fondo, entonces, no es si Bonilla es cercana a la gobernadora —de sobra lo es—, sino si esa cercanía se traduce en capacidad de gestión frente a un sindicato que ya probó que puede tumbar a una Secretaria en año y medio.
Quizá, tratándose de la 4T, el criterio de selección para un cargo de este calibre no pasa por la experiencia técnica sino por la lealtad probada y la disciplina de movimiento.
Si es así, el riesgo no desaparece con el cambio de nombre en la puerta de la SEV: simplemente se traslada.
El tiempo dirá si Bonilla fue el remedio que necesitaba la SEV o si, como tantas veces en la política veracruzana, el cambio de nombre resultó peor que la enfermedad que decía curar, pero a juzgar por el inicio, se trata de una operación política, que al final pagarán los de siempre: los jóvenes estudiantes, que nada de culpa tienen.
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Para documentar el optimismo…, hace apenas unos días El Informador Express documentó cómo el Megabachetón, la obra federal presumida como una de las inversiones carreteras más ambiciosas del sexenio en Veracruz, ya mostraba parches y deterioro en la carretera federal 140, y que dejaron sin atender un enorme bache a la altura de Dos Ríos, en el municipio de Emiliano Zapata.
Lamentablemente, la denuncia dejó de ser una advertencia y se convirtió en una tragedia: el domingo pasado murió un motociclista precisamente en ese punto de la carretera Cardel-Xalapa, luego de accidentarse en el mismo bache que ya habíamos señalado.
La víctima fue identificada como Omar Álvarez Salazar, joven que no perdió la vida por una fatalidad inexplicable, sino porque una carpeta asfáltica en mal estado se convirtió en una trampa mortal para quien circulaba por ahí.
Lo que era un tema de calidad de obra y de rendición de cuentas es, a partir de este fin de semana, un asunto de responsabilidad sobre la pérdida una vida humana.
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Y aquí es donde el hilo, como siempre, se rompe por lo más delgado.
Ante un hecho de esta gravedad, lo mínimo que cabría esperar de la gobernadora es un señalamiento directo a la SICT, en cambio, la respuesta oficial fue un “exhorto” al alcalde de Emiliano Zapata para regular la venta de alcohol en el paradero de Cerro Gordo.
Que quede claro: regular la venta de alcohol en esa zona es necesario, nadie lo pone en duda, pero convertir ese exhorto en la respuesta institucional frente a la muerte de Omar Álvarez Salazar, en un bache documentado es, cuando menos, una forma de desviar la mirada de donde realmente debería estar puesta.
Al joven lo mató una carretera federal que, según las propias cifras de la SICT, forma parte de una inversión superior a los 2 mil 700 millones de pesos en el estado, y que sin embargo no resistió ni un mes de lluvias antes de fallar.
Exhortar al alcalde Daniel Baizabal por un tema de venta de bebidas es, en este contexto, la manera más cómoda de eludir a quien realmente tiene la obligación de responder: la dependencia federal que ejecutó.
Es más sencillo señalar a la autoridad municipal, que carece de facultades sobre la carretera federal, que exigirle cuentas al gobierno federal con el que se guarda una relación de alineación política.
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Las preguntas pendientes y que seguiremos planteando, son simples: ¿quién va a responder por la muerte de una persona? ¿Habrá una revisión técnica del tramo donde murió Omar Álvarez? ¿Se abrirá algún proceso para deslindar responsabilidades?
Mientras esas preguntas no se respondan, cualquier exhorto sobre venta de alcohol seguirá siendo, en el mejor de los casos, una cortina de humo; y en el peor, una falta de respeto a la memoria de quien ya no puede reclamar nada.
¡Qué barbaridad!
deprimera.mano2020@gmail.com
